El establecimiento de las bases para una política global contra las drogas

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El tráfico y consumo de estupefacientes son problemas que en los últimos años han agravado la situación de violencia en el país, y la huella devastadora que va dejando es grande, lo que demuestra que las leyes punitivas y prohibicionistas no han logrado disminuir, y menos erradicar, la utilización y venta de sustancias ilícitas. Al contrario, se ha observado un creciente mercado negro, el que utiliza nuevos espacios y tecnología de avanzada para su producción y distribución.

En la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2012, Colombia, Guatemala y México pidieron adelantar para 2016 la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS), que estaba prevista para 2019, fecha límite establecida en la Declaración Política y Plan de Acción de 2009 para lograr una reducción significativa o eliminar la oferta y la demanda de drogas.

La Asamblea General es el máximo órgano de formulación de políticas y el más representativo de las Naciones Unidas (ONU), en el que se dan cita todos los Estados miembros y en la que cada país tiene derecho a voto. Por ello representa una oportunidad importante para cambiar el panorama del país en el combate a las drogas, pues se presenta la posibilidad de reorientar las políticas en este tema y el que será el marco internacional para el control de los estupefacientes.

Resulta interesante mencionar que aunque algunos países han establecido distintas iniciativas para solucionar el problema, se continúa utilizando la estrategia penal como instrumento. Por ejemplo, en México el consumo de drogas no es un delito, pero sí lo constituyen actividades como la distribución, la posesión, el transporte y cultivo. Esta situación provoca un gran número de detenciones de aquellos que cometen alguna infracción en la búsqueda de alternativas para el consumo, no siempre de quienes deberían estar tras las rejas.

El tema de las detenciones se agrava aún más en México, porque es uno de los principales países productores y de tránsito de la droga hacia Estados Unidos y, por desgracia en estos tiempos, hacia otros países del mundo, motivos suficientes para que —tristemente— se encuentre entre los países latinoamericanos con mayor violencia, lo que corrobora el estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2015, “Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina”, el cual afirma que México se encuentra entre los países en los que la incidencia de la violencia es muy alta y que seguramente continuará creciendo.

Refuerzan lo anterior los informes realizados por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), que señalan que a pesar del trabajo para repensar las políticas de drogas, el problema del encarcelamiento por delitos no violentos relacionados con drogas ha aumentado en la región.

El estudio evidencia que en la mayoría de los países estudiados de América Latina, una de cada cinco personas en prisión fue detenida por posesión de drogas.

En el caso de México, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2014, la población recluida en centros penitenciarios federales acusados por delitos contra la salud aumentó en mil 200 por ciento, de los cuales el 60 por ciento fue por delitos relacionados con la cannabis.

Este es uno de los muchos puntos que fueron tomados en cuenta en los debates realizados en UNGASS 2016 en los últimos días, en los que el presidente Enrique Peña Nieto expuso la postura oficial de México y pidió transitar de la mera prohibición a una efectiva prevención y una eficaz regulación.

Sin duda urge una política que establezca cambios de fondo, mediante la que se identifiquen alternativas factibles que protejan la salud y la seguridad de las personas, que las decisiones se basen en evidencia actualizada y, sobre todo, que realmente las ejecuten, porque de nada servirá que haya infinidad de recomendaciones si éstas no se adaptan de forma coherente al contexto de los países. De otra manera serán letra muerta.

México tiene la oportunidad de aprender de las experiencias de otras naciones para establecer un modelo que regule eficazmente sobre el tema de las drogas en el país.