El caso del retrato

    89

    Estaba previsto que aquella fuera una comida de hermandad, muy al uso de las que los patronos y productores del nuevo régimen celebraban en fechas señaladas. Aquel 25 de julio de 1940, la antigua fábrica de porcelana Arnojí¤ger, de Montgat, se disponía a celebrar una jornada de Exaltación del Trabajo.
    Habría carne a la brasa, ensaladas, pasteles, café, coñac y cigarros para todos los trabajadores. Por la tarde, baile con gramola. También habría discursos de las autoridades y el canto del Cara al Sol. El apoderado de la fábrica, José Reguill Camp, daría los gritos de rigor.
    La dueña de la empresa, Carlota Whitcht Berthold, y su esposo, Felipe Castelló, agradecerían la lealtad de sus productores.
    Y hasta la siete y cuarto de la tarde todo funcionó según lo previsto. Los discursos fueron aplaudidos. La comida, copiosa, y el Cara al Sol, entonado de forma vibrante, como no podría ser de otra manera.
    Pero los encargados y el apoderado no tardaron en dar la voz de alarma; en la sala de juntas de la empresa alguien había roto y arrojado por una ventana el retrato del Caudillo Francisco Franco y las banderas española y alemana que adornaba la sala.
    Al día siguiente comenzaron a interrogar a los trabajadores. Primero lo hicieron los responsables de la empresa. Dos días más tarde, la Guardia Civil disponía ya de una lista de 30 sospechosos hombres y mujeres.
    En su mayoría, personas consideradas desafectas al Régimen o con problemas de relación laboral en la empresa. Cuarenta y ocho horas después los integrantes de la lista fueron detenidos al finalizar la jornada laboral, y acusados de “injurias al Jefe del Estado y ofensas a una nación amiga”.
    Una semana más tarde, un grupo de trabajadores reunió unas 40 pesetas y compró fruta y una caja de gaseosas para los detenidos. La Guardia Civil interpretó la acción como propia del Socorro Rojo Internacional y detuvo a 46 trabajadores más, que fueron encerrados en el depósito municipal.
    Entre los detenidos se encontraba un trabajador alemán, Fritz Schalensinger, de 31 años, que había puesto una peseta en la colecta sin saber el motivo de la misma al no dominar la lengua. Un escrito del consulado de la Alemania nazi en Barcelona tuvo a bien destacar que “no se le conocen antecedentes desfavorables, siendo de raza aria (sic)”. Fue puesto en libertad inmediatamente.
    Sesenta y seis detenidos en una sola fábrica, en una semana y en un pequeño pueblo como Montgat no era un hecho baladí. La Guardia Civil pasó firme al gobernador civil, y éste a la Auditoria de Guerra de Gerona, que entendía sobre los Juzgados Militares de Badalona Mataró y Arenys de Mar. El resultado fue la apertura el 9 de agosto de 1940 de un procedimiento militar sumarísimo, el número 31.851.
    Las primeras providencias dictadas por el juzgado militar fueron en una dirección muy concreta; se solicitó a los ayuntamientos de los detenidos datos sobre “filiación política y sindical antes y después del 18 de julio de 1936 y su intervención en los sucesos de octubre de 1934”.
    Por otro lado, la fábrica de porcelana vivía un momento delicado. Con 76 obreros detenidos, la producción peligraba. El director y marido de la dueña, Felipe Castelló, dirigió entonces a las autoridades un escrito singular donde solicitaba que “una parte de estos detenidos, durante las horas de trabajo, pudieran permanecer en la fábrica haciendo su labor normal, y que una vez terminada la jornada, acompañados de un agente de su Autoridad volverían al sitio que Vd. Tiene designado como detención”.
    Pero la petición no tuvo eco en las autoridades. No obstante, al cabo de una semana decretaron la libertad provisional de los acusados de ejercer el “socorro rojo”.

    De prisión en prisión
    El resto continuó en la cárcel de Badalona, en condiciones de hacinamiento y de salubridad deplorables.
    La detenida Marúa Luisa Loyo Hermens, de 20 años, fue hospitalizada de urgencia y operada el 18 de agosto de 1940 y puesta en libertad provisional el 2 de octubre, si bien jamás llegó a recuperarse y murió el 18 de enero de 1942. Paradójicamente, la Guardia Civil quiso detener primero a Fermina, madre de María Luisa, y fue ésta quien insistió en cambiarse por su madre.
    A pesar de la ausencia de pruebas, el 18 de septiembre de 1940, el juzgado militar ordenó el ingresó en la prisión de Mataró de los detenidos en Badalona.
    La hija de una de las mujeres presas, que insiste en preservar su identidad, recuerda que “los llevaron a todos a empujones con las manos atadas, como criminales, a pie por la riera Martí Pujol hacia la estación del tren. Iban custodiados por guardias civiles que no dejaron que nos acercáramos a ellos. Gritábamos y llorábamos, porque en un principio pensamos que los llevaban a fusilarlos”.
    El 21 de septiembre, la autoridad militar decretó la incomunicación de dos de los recluidos: Jerónimo Soley Taulé y José Canals Romans. Los restantes fueron puestos en libertad gradualmente.
    Soley y Canals tenían todas las características que encajaban en el papel de culpables. Ambos fueron republicanos y su historial les acreditaba como “desafectos”.
    Soley perteneció a la Izquierda Republicana de Cataluña y a la CNT antes y durante el Glorioso Movimiento Nacional, y fue portero de dicha fábrica puesto por el Comité Revolucionario, usando para dicho menester un arma larga”, indicó el informe municipal.
    Falange de Montgat fue más categórico: “Su conducta moral es mala. Fue un extremista furibundo, elemento de la FAI en grado posiblemente directo”.
    Lo que no dicen los informes es que Soley, a quien llamaban en el pueblo Noni el ros, recibió un culatazo en la cabeza que le partió la oreja el día que fue conducido a la cárcel de Mataró y que fue objeto de varias palizas en los interrogatorios. Salió en libertad el 7 de febrero de 1941. Moriría de tuberculosis dos años después.
    Por lo que respecta a Canals, era también militante de ERC y, en tanto que albañil, estaba afiliado a la CNT. Según la Guardia Civil de Tiana, “en los primero días del alzamiento formó parte del comité revolucionario y fue visto con un arma larga en los controles”.
    Canals había sido voluntario en la columna Durruti, y más tarde en la 26 División del Ejército Popular. Herido en el frente, en enero de 1939 pasó a Francia. Estuvo en el campo de concentración de Argelers y se enroló en un Batallón de Voluntarios Españoles que estuvo en la frontera belga construyendo fortificaciones para frenar el avance alemán.
    Repatriado, pasó por el campo de concentración de La Cabornera, en Figueres. Había regresado al pueblo hacía muy pocos meses y esperaba su primer hijo, una niña a la que conocería, porque los guardias accedieron a pasarle el bebé a través de las rejas de la celda.
    Fue el detenido que más tiempo estuvo en la cárcel, hasta el 2 de junio de 1941.
    Ambos fueron implicados en los hechos tanto por la dirección de la fábrica como por la Guardia Civil. En las declaraciones que constan en el procedimiento sumarísimo, un encargado señala a Canals como el obrero que se mofaba del canto del Cara al Sol en la comida fraternidad. “Un compañero –asegura en sus declaraciones el encargado- me hace notar que el obrero apellidado Canals no había levantado el brazo ni se había puesto en pie, por cuya actitud fue amonestado”.
    Ya en la cárcel, Canals fue también denunciado por un preso común llamado Francisco Bargallo como autor de la frase “ahora hemos tirado por la ventana el retrato, pero un día tiraremos al Generalísimo”.
    Este mismo preso acusaba a Canals de recitar a los internos poemas catalanistas como El ferrer de tall y de haber participado en los sucesos de octubre de 1934 en Barcelona. El tal Bargallo se retractaría después de las citadas acusaciones ante el juez militar Jiménez Salinas y el secretario de la causa, José María Pons Gurí.
    Pons fue posteriormente alcalde franquista de Arenys de Mary y se da la circunstancia de que el 15 de marzo de 2005 recibió la medalla Francesc Maciá de manos del presidente de la Generalitat, Paqual Maragall, por su labor como jurista e historiador.
    Probablemente, Maragall desconocía su actividad como secretario de la causa sumarísima. En el acta de nombramiento de Pons Gurí como secretario del procedimiento militar, de fecha 14 de octubre de 1940, se remarca su condición de “militante falangista con el carnet número 6967 de la Jefatura provincial de Barcelona”.
    Sus condecoraciones han causado sorpresa y estupor entre los familiares de los encausados.

    Un anónimo
    Había pasado varios meses desde el suceso. No había pruebas, solo suposiciones basadas en la militancia republicana de los sospechosos o en su actuación durante la guerra.
    La investigación se hizo más espesa cuando el juez recibió un extraño anónimo: “Confidencial. Quienes pueden aclarar el hecho ignominioso de la fábrica de porcelana de Mongat son José Reguill, José Canals, Francisco Fernández y álvaro Nebot. La voz del pueblo señala que la dirección de la casa lo ha hecho para sus fines. Una información de la personalidad de don Felipe Castelló, de antes del Movimiento y de ahora, y de cómo trata a sus obreros, dará luz para aclarar los hechos. Justicia”.
    Desde el suceso, los citados Francisco Fernández Ureña y ílvaro Nebot Sáenz se habían ofrecido a la Guardia Civil para ayudar a las pesquisas, convencidos de que a los autores había que buscarlos en la esfera de empleados de confianza de la dirección de la empresa. No les hicieron caso. Es más, Francisco Fernández fue detenido y Alvaro Nebot despedido de la fábrica.
    El juzgado militar aumentó la presión sobre el apoderado de la fábrica, José Reguill, y recabó de la Guardia Civil, el sindicato vertical CNS y el Ayuntamiento de Montgat informes sobre el empresario Felipe Castelló, sobre cuya fidelidad al régimen no había dudas.
    Castelló había logrado escapar en 1936 de la zona republicana a Alemania, y allí a la España Nacional. Al acabar la guerra se hizo cargo, de nuevo, de la fábrica de porcelana:
    “Se halla –dice uno de los informes- en posesión del carnet de Falange 6.090. En 1936 se desposeyó de sus joyas, consistentes en oro y piedras preciosas, que entregó para la restauración de España. Y así contribuyó a la subvención de hospitales y lazaretos, Auxilio Social, campamentos y obras del nuevo Estado, reconstrucción de templos y pago de dos campanas de su peculio particular “.
    Otro informe señala también que “hizo una depuración detallada en el personal de su industria que se había destacado en sus ideas marxistas, expulsándolos de ésta. Es persona adicta a la Guardia Civil”.
    Lo que ya no parece tan seguro es que la Guardia Civil fuera a su vez adicta a Felipe Castelló, al que tacha de “negociante desaprensivo y de dudosa vida, de temperamento soberbio y de una altivez desmesurada y actualmente se hace insoportable y odioso por su trato inhumano y explotador hacia el obrero y se burlan en su fábrica las leyes sobre contratos de trabajo por lo que respecta a la edad de los trabajadores y percepción de sueldos”.
    El informe de la Benemérita lleva el número 314 de los incorporados al procedimiento sumarísimo y se une a otro de la CNS que abunda en la relación de Castelló con sus obreros: “La mayoría del personal –dice el informe del delegado de la CNS de 26 de octubre de 1940- está a disgusto trabajando en la casa debido a una serie de casos irrazonables (sic) que se producen y por la presencia en su mayoría de encargados confidentes incondicionales de dicho señor”.
    Felipe Castelló falleció el 22 de octubre de 1957. Hoy, sus descendientes dan nula credibilidad al contenido de los citados informes. Esteban Castelló, nieto del empresario, señala que “la existencia de un informe de este tipo nos deja perplejos. Es más, creo que es falso y que el pueblo de Montgat le debe mucho a mi abuelo, ya que ayudó a muchos trabajadores con dificultades”.
    La creencia de que los hechos podrían haber sido inducidos por el entorno del empresario, con o sin su consentimiento, se extendió entre la población de Montgat y Tiana. Y una mayoría de los detenidos y sus familiares, en declaraciones y comparecencias ante el juez miliar, aludieron a dicha posibilidad.
    El 21 de julio de 1941, la autoridad judicial militar señaló que, a tenor de lo investigado, “no aparecían en forma bien diafana los autores del hecho”, y decretaba la libertad de José Canals Romans, el último rojo sospechoso que permanecía en prisión. El procedimiento entró en una especia de hibernación.
    Dos años mas tarde, el 1 de junio de 1943, el capitán general de Cataluña, el general José Moscardó, decidió dar el carpetazo oficial al caso y firmó el sobreseimiento provisional de la causa “al no existir suficientes fundamentos ni indicios”.
    Era el fin de la pesadilla para 76 familias. Pero ya nunca fue lo mismo. Muchos perdieron su empleo, otros optaron por cambiar de residencia. Seis de los inculpados tuvieron la peor suerte –entre ellos Jerónimo Soley y María Luisa Loyo- al fallecer durante la introducción.
    Nunca conocieron el final de la historia.