Drogas problema de adicciones y cultura

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El debate sobre la legalización de las drogas no es asunto nuevo. Desde la Convención íšnica sobre el Uso de los Estupefacientes, celebrada en Nueva York en 1961 ya se discutía con bases modernas el combate contra el narcotráfico, junto con otras medidas. Es un tema que con medio siglo se considera añadir con firmeza la posible legalización de los estupefacientes.
En aquel entonces la lista de las sustancias ilícitas no sobrepasaba las diez y el movimiento económico no era tan significativo como lo es hoy. Naciones Unidas calcula que en el mundo hay más de 200 millones de consumidores de drogas, lo que implica un negocio de más de 270 mil millones de euros.
Es así que no ha caído al vacío el pronunciamiento hecho por la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, integrada por tres ex presidentes latinoamericanos (Ernesto Zedillo, César Gaviria y Henrique Cardozo) y otras personalidades, en el marco de la reunión internacional de Davos, Suiza, el pasado 25 de enero.
En la reunión, encabezada por el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardozo (1995-2003), se argumentó que tras varias décadas de una política antidrogas basada en la represión, es evidente que ésta ha fallado y que tanto el consumo como la producción van en aumento.
Los enormes recursos destinados a la guerra y a la represión de las drogas hacen que en comparación la financiación de los tratamientos parezca ridícula. No se trata de pedir mas dinero, sino de utilizar mejor el que ya existe, sugirió Henrique Cardozo.
Por su parte Ruth Dreyfuss, representante de la Unión Europea en esta comisión, señaló que la sustancia del antiguo debate tiene “como denominador común buscar reducir el riesgo para los consumidores de drogas y las sociedades afectadas por la inseguridad y la desestabilización generadas por el narcotráfico”.
La comisión está complementada por Javier Solana, Richard Branson —magnate inglés de una empresa de siete mil millones de dólares—, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes.
Con estas opiniones coincide el doctor Dante Jaime Haro Reyes, académico de la División de Estudios Jurídicos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), al expresar que, aunque este problema es mundial, vemos que en México se ha convertido en un enfrentamiento de policías y ladrones, cuando es un problema de salud pública.
“Es un problema de adicciones. Es un problema de cultura y de otros factores donde nosotros estamos perdiendo porque la parte punitiva no se está aplicando. Sin embargo, estamos perdiendo mucha sangre, la multiplicación de la inseguridad y la incidencia de delitos de alto impacto”.
El investigador opina que es pertinente estudiar la posible legalización de las drogas llamadas “blandas” porque estamos frente a un escenario donde el problema de salud pública ya existe y por tanto el Estado-Nación debe tomar el control de varios aspectos como la producción, la distribución y el consumo.
De acuerdo a un artículo publicado en la revista Nexos, “un kilo de marihuana en México vale 80 dólares mientras ese mismo kilo vale 2.000 dólares en California; un kilo de cocaína vale en una ciudad fronteriza mexicana 12.500 pero en una ciudad de EU 26.500; en tanto que un kilo de heroína vale en México 35.000 dólares y 71.000 en Estados Unidos”.
“Si entramos en la cultura en la que el Estado tiene el control de la distribución y la parte del consumo, estamos en una dinámica que arrebata lo que es la ganancia en la venta de narcóticos. Por eso es importante incidir en el aspecto de la salud pública, para considerar su posible crecimiento, y lograr disminuir parte de la violencia que se está generando”, señaló Dante Haro.
El especialista finaliza comentando que a las medidas de una posible despenalización sobre el tema, deben agregarse otras políticas educativas y de salud pública, porque hoy tenemos el consumo, violencia y muertes. “Con la ausencia de acciones punitivas sólo tendríamos el consumo y los otros factores como la diversificación de los delitos que se asocian al narco; el sistema bancario y la corrupción dentro de las instituciones, pasarían a segundo término”.