Se entiende como justicia social el estadio en el que todos los integrantes de una sociedad tienen las mismas oportunidades de realizarse. En el espacio únicamente delimitado por su libertad personal, los individuos encuentran las condiciones materiales necesarias para la realización de su proyecto de vida con la única limitante que establece el respeto de esta misma condición para todos los demás.
Las circunstancias básicas para que esa igualdad de oportunidades exista, comienzan con la eliminación de la pobreza entre la gente. El Estado mismo es garante de la posibilidad de una inserción social más equilibrada a través del acceso universal a un sistema educativo de carácter público, que social y económicamente resulta relevante y que inicia desde una edad muy temprana.
Algunos estudios internacionales muestran que el fortalecimiento del sistema educativo de carácter público desde las etapas básicas tiene un efecto en la movilidad social de las personas; mejora considerablemente sus probabilidades de ascenso social y de realización profesional, y esto resulta benéfico para la sociedad entera. El grado de intervención del Estado en el aseguramiento de la justicia social es directamente proporcional a su grado de éxito en términos tanto individuales como colectivos.
Sin embargo no sólo es importante la presencia e intervención del Estado, resulta igualmente relevante la existencia de condiciones democráticas para la participación de las personas. Si los individuos tienen sus derechos políticos reconocidos y a salvo, tienen la capacidad potencial de definir y defender otros derechos, y esto constituye la base de la justicia social.
Ahora bien, ¿qué pasa en el mundo? Muchos países, cuyos regímenes políticos pueden considerarse democráticos, enfrentan profundas crisis sociales (en las cuales la parte económica resulta el elemento más visible) que nos llevan inevitablemente a cuestionarnos si las democracias están en la ruta de un proceso que puede llevarlas al fracaso. Y aunque el conjunto de razones de la crisis social de las democracias es particular y diferente para cada país, puede decirse que existen una serie de elementos comunes que debieran motivar una reflexión profunda, y una toma de postura y determinaciones que eviten llegar a una situación de disgregación de proporciones mayores que erosione la convivencia pacífica. Los principales rasgos comunes de esta crisis de las democracias son el reparto desigual de la riqueza y la negación de opciones para el desarrollo a las jóvenes generaciones.
En el caso de México, durante 2014 el 10 por ciento más rico de la población tenía ingresos superiores en 28 y media de veces a los que recibía el 10 por ciento más pobre, y éramos el país con la mayor desigualdad de todos los que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Adicionalmente, en 2014 el Fondo de Población de las Naciones Unidad (UNFPA) evidenciaba que el 45 por ciento de los jóvenes en nuestro país viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Es decir, tenemos los problemas que las democracias consolidadas enfrentan, pero sin haber logrado construir aún un sistema político realmente democrático.
Este binomio de justicia social y democracia puede considerarse una situación en espejo. Por un lado, la percepción de justicia, entre las personas, depende mucho de la legitimidad que el sistema político tiene, pero también a la inversa opera esta situación, es decir, la legitimidad del sistema político, a ojos de las personas, está en función directa de la justicia social que perciben en sus condiciones de vida y en las acciones gubernamentales. Si las personas están convencidas de que la política y el Estado no están en capacidad de asegurar las bases de la justicia social, el apoyo al sistema político completo se esfuma. Y si las personas encuentran que la situación social se mantiene dentro de límites aceptables de justicia, otorgan su respaldo al Estado y éste puede disponer de márgenes muy amplios para hacer política de manera legítima.
Perder el equilibrio puede derivar en procesos de descomposición política y social que van desde la radicalización de partidos y movimientos sociales de izquierda o derecha hasta el surgimiento de brotes de violencia, producto de la inconformidad acumulada. Nada de esto conduce a algo bueno. ¿Qué hacer entonces?
Quienes detentan la responsabilidad de la conducción de la política deben entender que la situación de enorme desigualdad debe corregirse de inmediato y deben abrirse nuevas oportunidades de desarrollo, sobre todo, para las jóvenes generaciones. Y en paralelo debe llevarse a cabo una democratización real de los procesos políticos y electorales de ascenso al poder, así como una profunda revisión de los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas de los gobiernos.
No debe continuar la pérdida de legitimidad por la vía de una creciente e imparable injusticia social, o la incapacidad de aliviar la injusticia social porque se carece de la legitimidad política necesaria para actuar. Salir de este pantano, en el cual los recientes gobiernos de México se han metido y en el cual muchos otros gobiernos en el mundo se encuentran hoy en día, es la prioridad de prioridades en la política.
