A poco más de un año de que fuera promulgada la reforma constitucional a la Ley en telecomunicaciones —junio de 2013—, el miércoles pasado fueron aprobadas por diputados y senadores las leyes secundarias que complementarán la reglamentación en esta materia, la cual entrará en vigor una vez que el presidente Enrique Peña Nieto promulgue el documento. Con ello, tendrán efecto las modificaciones defendidas por legisladores del PRI, Partido Verde Ecologista, así como la mayoría de los panistas, y criticadas por las bancadas del PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
Una de estas modificaciones se da en cuanto a la regulación de contenidos en medios audiovisuales, que estaba depositada inicialmente en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y finalmente quedó a cargo de la Secretaría de Gobernación, que será la que imponga las sanciones en caso de alguna violación.
Al respecto, el investigador del Departamento de Comunicación Social, Francisco Aceves González, lamentó que no se hayan hecho grandes modificaciones respecto a la calidad de contenidos, ya que, según dijo, éstos quedan a criterio de las empresas.
“Una de las exigencias mínimas que tiene un estado democrático es garantizar el suministro de información de calidad, para que los ciudadanos puedan tomar decisiones en base a información amplia y plural, y esta legislación no contribuye para una sociedad democrática”.
Dijo además que, algunas posturas más audaces, vislumbraron la posibilidad de crear un consejo de contenidos, consultivo y ciudadano encargado de evaluar esos aspectos, pero al final quedó descartado.
Otro punto sensible en la ley, y que también quedó avalado, es el de la localización de dispositivos móviles en tiempo real, la cual será llevada a cabo sin necesidad de una orden judicial, en caso de que el teléfono celular esté presuntamente vinculado con cierto tipo de delito, como extorsiones o secuestros.
Con las leyes secundarias, los medios sociales y concesionarios públicos quedaron impedidos para ampliar sus posibilidades de comercializar. Y a las radios comunitarias o indígenas se les negó una mejor banda de radiofrecuencia y queda reservada la banda que va de los 88 a los 108 MHz, en FM y en AM, la que va de los 1,605 a los 1,705 KHz.
“Se les da un tratamiento sumamente marginal a las radios indígenas. Se les destina un ancho de banda que nadie utiliza, además de una difusión bastante corta, supeditadas a que la única comercialización que puedan hacer es con los gobiernos”.
En opinión del investigador, las leyes secundarias no materializaron el avance que parecía se iba a tener con la reforma constitucional.
“Se esperaba una legislación mucho más amplia, más profunda y más radical, y lo que tenemos ahora con estas leyes secundarias, es que quedamos muy lejos de las posibilidades, o del piso que daba la reforma constitucional”.
Uno de los aspectos más criticados, en que concuerda Francisco Aceves, es el de las empresas preponderantes, ya que los legisladores decidieron que éstas fueran determinadas en dos sectores: radiodifusión y telecomunicaciones, y no por servicios, telefonía fija, internet, telefonía móvil, etcétera.
Sobre este punto, en entrevista a Carmen Rodríguez Armenta, miembro de la Academia de Ingeniería en el sector de telecomunicaciones, señaló que dificultará el análisis que se haga para determinar el dominio de una empresa.
“El que se hayan declarado determinantes por sector, nos da un avance pero no todavía el que nos merecemos, pero hay que continuar en la lucha. No permitamos que ésta sea la reforma en telecomunicaciones y ahí la dejemos, como ciudadanos debemos mantenernos en análisis”.
Destacó además el hecho de que nunca en la historia de las telecomunicaciones en el país, se haya declarado preponderante a una empresa, como sucedió con América Móvil.
“Aunque es evidente el monopolio en el que vivíamos y seguimos viviendo, no se había determinado, no es fácil, estás peleando contra los poderes fácticos”.
En cuanto al tema del acceso a internet, Armenta dijo que un aspecto positivo es la parte del internet público, que será posible en cierta medida por el establecimiento de 250 mil parques y sitios públicos.
