Casi acaban con la cuenca de Los Colomos

    571

    Los daños ecológicos nunca tienen responsables. Y es que la autorización para construir centros comerciales, fraccionamientos y ahora el Palacio de Justicia federal –que pretendían erigir en el bosque Los Colomos– es emitida casi al final de las administraciones de gobierno.
    “Como no hay leyes que castiguen ni responsabilicen a los gobernantes por los daños que ocasionan sus decisiones, todos esos proyectos polémicos suelen aprobarlos casi al final de sus periodos. Los nuevos funcionarios, cuando entran, también se lavan las manos al alegar que no fue su responsabilidad. Tales han sido los casos de los centros comerciales de Plaza Patria o Pabellón, al igual que fraccionamientos como Puerta de Hierro”, señala el geógrafo de la Universidad de Guadalajara, Enrique García Becerra.
    Con una larga experiencia en temas relacionados con la defensa de zonas naturales, el académico explica que todos esos negocios y viviendas alrededor de Los Colomos se han levantado sobre barrancas y lechos de arroyos que en los planes parciales de desarrollo estaban considerados como áreas de protección, es decir, dichos terrenos “eran únicamente para conservarlos sin que nadie pudiera construir ahí”.
    Cuando surgió la polémica por la edificación de Plaza Pabellón, para la cual se expropió una zona de Los Colomos, la misma Universidad de Guadalajara, por medio del Consejo General Universitario, nombró e instauró un comité técnico, del que formó parte García Becerra, a fin de vigilar los trabajos. “Pero aún así cambiaron el uso del suelo y se construyó por encima de los decretos que había”.
    Esa área, añade, se caracteriza por una dinámica hidrológica subterránea importante. Por eso muchas casas de la zona padecen problemas de hundimiento.
    “En los últimos cien años, el bosque ha perdido 70 hectáreas, pues de 160 con que contaba a principios del siglo pasado ahora tiene solo 90. La capacidad de agua también ha disminuido drásticamente, pues de 500 metros cúbicos que producían sus manantiales, ahora solo generan 250 metros cúbicos por segundo”.

    Medidas
    García Becerra indica que para proteger lo que queda del bosque, y evitar un atentado futuro contra el sitio, se requiere instituir leyes más estrictas, que castiguen a las autoridades responsables de estas decisiones, “y fincarles responsabilidades posteriores a quienes aprobaran algún proyecto que a la larga trajera algún daño ambiental o de riesgo a las personas. Hasta debe haber leyes para castigar a los particulares.
    “También es necesario abrir la posibilidad de expropiar los predios construidos que violen cualquier área natural protegida de Guadalajara”.
    Subraya que ahora, cuando ya casi acabaron con la cuenca de Los Colomos, al parecer las autoridades por fin pretenden lanzar la ley de área de protección, aprobada por el municipio de Zapopan y el Congreso local.
    En la actualidad los funcionarios pueden autorizar proyectos que atenten contra las áreas naturales protegidas o, incluso, pongan en peligro a la ciudadanía en caso de aprobar construcciones en una zona de riesgo, “sin que nadie tenga responsabilidad alguna”.
    García Becerra añade que es una pena que los gobernantes carezcan de una conciencia respecto a los daños ecológicos que puede causar una decisión mal planeada. Entre más zonas pavimentadas o urbanizadas existan, menor será la filtración de agua a la cuenca, y en temporada de lluvia es posible que esas mismas áreas, ya construidas, se inunden.

    Artículo anteriorFrancisco Aceves González
    Artículo siguiente¿Por qué queremos ser recordados?