Violencia intrafamiliar

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Recientemente, lamentables acontecimientos de violencia y agresiones hacia menores han agraviado a la sociedad. La violencia doméstica es un importante problema social con ingredientes de carácter cultural, que se reproduce en contextos de desintegración familiar y de debilidad institucional para atacarlo y atender oportunamente a sus víctimas (en Jalisco sólo el 50 por ciento de los 125 municipios tienen programas para combatir la violencia intrafamiliar, y sólo 20 de ellos cuentan con una unidad especializada en esta materia) . Las agresiones que se dan en el seno familiar de padres a hijos, o entre cónyuges o parejas, no sólo afecta al individuo en su interrelación con los demás, sino que va mucho más allá de su entorno familiar y arriesga la salud de la propia sociedad.
Éste es un problema que ha venido aconteciendo en el seno de muchas familias mexicanas sin menoscabo de posición social, económica o cultural. La violencia doméstica está tan arraigada en nuestra sociedad que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), una de cada tres familias en nuestro país sufren de este tipo de abuso, tanto físico, psicológico o sexual, y en su mayoría son niños y mujeres las principales víctimas.
A pesar de lo dramático de la cifra, es importante no dejar de lado que las estimaciones pueden ser menores al problema, porque las mujeres, niños y niñas, incluso hombres que son abusados, no realizan las denuncias pertinentes por miedo a las represalias que puedan sufrir al ser violentados por sus familiares cada vez que lo hagan. Más grave aún cuando omisiones de algunas autoridades ponen en riesgo la vida de sus víctimas.
El deterioro social que se genera a partir de la violencia doméstica, pone el dedo en la llaga, para que las instituciones, tanto académicas, de gobiernos, así como de la sociedad civil, realicen un esfuerzo integral para disminuir la tendencia de la sociedad a generar este tipo de conductas.
Los datos que existen al respecto son dramáticos. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la violencia doméstica es sufrida por el 65 por ciento de las mujeres del mundo, la mayoría de veces causada por su cónyuge. De acuerdo al Banco Mundial, en Latinoamérica, el 50 por ciento de mujeres sufren de algún tipo de abuso y solamente el uno por ciento realiza denuncias ante las autoridades de sus respectivos países.
Respecto del abuso contra menores, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés), estima que son alrededor de seis millones de niños y niñas que sufren agresiones físicas severas, de los cuales alrededor de ochenta mil mueren al año. Sobre esto, es de destacar que el setenta por ciento de agresiones realizadas contra menores, tienen lugar dentro de un entorno familiar.
En México, esta conducta sólo fue reconocida hasta hace treinta años y la lucha por su erradicación ha venido rindiendo frutos, aunque todavía no de manera satisfactoria por una diversidad de factores. Nuestra cultura aún cuenta con una peculiar dicotomía donde a pesar de ser parte del mundo moderno, continuamos teniendo actitudes de un pasado que cuesta trabajo romper. Según datos de una encuesta nacional sobre exclusión, intolerancia y violencia en escuelas públicas de educación superior, realizada el año pasado a petición de la SEP, el 16 por ciento de los jóvenes entrevistados considera que “la violencia forma parte de la naturaleza humana” y el 13 por ciento de ellos asume que “los hombres les pegan a las mujeres por instinto”.
De acuerdo a datos del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), en nuestro país alrededor del noventa por ciento de víctimas son mujeres. En el noventa y nueve por ciento de los hogares mexicanos se presentó algún tipo de violencia psicológica, de los cuales sólo el catorce por ciento denunció o buscó ayuda.
En el estado de Jalisco no estamos ajenos al problema. De acuerdo a estudios realizados por la Universidad de Guadalajara, casi el 57 por ciento de mujeres urbanas y alrededor del 45 por ciento de mujeres rurales fueron víctimas de algún tipo de violencia. En la mayoría de los casos el agresor fue el marido o su pareja.
Como problema de salud pública, la violencia intrafamiliar genera afectaciones psicológicas que inhiben el desarrollo del individuo en su papel con la sociedad. Las víctimas que sufren abusos desde niños, por lo regular sufren un importante deterioro en su salud emocional, lo que les impide alcanzar su máximo potencial educacional y laboral. Incluso, muchos de los afectados replican el problema al convertirse en perpetradores de las mismas conductas con las repercusiones intergeneracionales que esto implica.
En el ámbito económico, las características de competitividad de los individuos que sufren de maltrato, son menores a las de personas que no tuvieron el problema, por lo que su inclusión exitosa al mundo laboral se reduce, incrementando la perpetuación del ciclo de pobreza. Combinando los pocos logros en el mercado laboral, donde tienen reducida su capacidad individual para generar ingresos y mejorar su productividad, disminuyen las posibilidades en lo global de acceder a un mejor desarrollo económico.
Aunque existen leyes federales y estatales que protegen a las víctimas, así como un entramado institucional que permite atender a quienes sufren de este problema, cada vez son más los casos que se presentan, y muchas veces, de una complejidad difícil de asimilar.
Solamente con una visión integral y multidisciplinaria, que incluya la participación conjunta de academia, gobiernos y sociedad civil, se lograría dar el primer paso para atacar de raíz el problema. Enseñar a la gente sus derechos y brindarles la confianza en el marco jurídico e institucional, son sólo los prolegómenos de un gran esfuerzo que se debe realizar en beneficio de generaciones futuras.