La mala administración municipal, la excesiva contratación de personal y las irregularidades en la adquisición de terrenos podrían ser evitados en una buena proporción si los ayuntamientos llevaran a la práctica el servicio civil de carrera entre cada uno de los empleados que pertenecen a todas sus dependencias.
De acuerdo con el título sexto de la Ley para servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios, las autoridades municipales tienen que reglamentar la manera en la que administran a sus recursos humanos de acuerdo con políticas de ingreso, permanencia y promoción transparentes.
En opinión de Angélica Cazares, académica del Departamento de Políticas Públicas, del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, las irregularidades encontradas en las administraciones municipales salientes, tienen que ver con la falta de claridad para la elección de los puestos, incluso de los propios empleados de base. “Ello garantizaría que los perfiles de las personas que están en determinadas dependencias o entidades municipales desde el titular hasta los técnicos, operativos y asistentes tengan los perfiles adecuados, idóneos para realizar las tareas conferidas. ¿Como vas a manejar asuntos que tengan que ver con la atracción de capitales o de turismo y de promoción económica si no tienes los conocimientos técnicos y los elementos para traer ese tipo de mercados?”
Tal situación es evidente en el otorgamiento masivo de plazas en el municipio de Zapopan durante la gestión de Juan Sánchez Aldana. Una cosa son los nombramientos a los que tiene derecho el presidente municipal, pero por otro está el Tribunal de arbitraje y escalafón que debe actuar bajo los lineamientos del título 5 de dicha legislación. “Habría que ver si las basificaciones las hicieron en tiempo, forma y de acuerdo a la legislación. Si no se hicieron conforme lo previsto entonces hubo violaciones a los derechos de otras personas que pudieron haber adquirido también una plazas en esos mismo puestos por cumplir con la antigí¼edad o el perfil adecuado” y no sólo por ser recomendados de alguien.
La profesora investigadora tocó el tema del mal ejercicio de recursos públicos en la villa maicera y otros municipios de Jalisco.
En el caso de la compra el último momento de un predio en el Cerro de la Reina, en Tonalá, señaló que este movimiento debió ser del conocimiento de los regidores desde hace más de un año, en tanto que este bien tuvo que haber sido pagado con dinero presupuestado para el ejercicio del año que recién terminó, debió ser aprobado en el 2008 y ser comprobado en 2009 para efectos de la entrega-recepción de la administración.
“Yo pondría todo esto en cuestión, pues si la autoridad municipal no lo hizo del conocimiento del ayuntamiento, violó la ley. Si los regidores priístas no se acuerdan, hicieron caso omiso o no asistieron a la sesiones es extraño que hasta ahora se estén dando cuenta. Lo mismo ocurre en caso de la deuda pública que adquirieron y e la que sólo gastaron 150 millones. Este tipo de egresos están perfectamente legislados en la Ley de gobierno y administración pública municipal del estado de Jalisco”.
Cazares duda que la amplia difusión de las irregularidades en las administraciones municipales, que recientemente concluyeron, sean producto de revanchas políticas o partidistas, sino que éstas han tenido una atención más puntual de los medios de comunicación.
Ejemplifica el caso de Puerto Vallarta, en la que al terminar la gestión de 2003-2006 encabezada por el priista Gustavo González Villaseñor, el alcalde entrante, Javier Bravo Carbajal —también de extracción priísta—, denunció a su antecesor y éste fue sometido a juicio político por malversación de recursos y por tener intereses personales en la aprobación de licencias de construcción. Al final, el Congreso del Estado decidió que no había elementos para hacerle un juicio político.
“Vallarta es un caso muy representativo del problema que tenemos con los ayuntamientos, pues tres años después hay acusaciones similares contra Bravo Carvajal. El juicio político está previsto en la Ley de servidores públicos. Aunque no ha procedido ninguna, sí ha habido denuncia por parte de alcaldes del mismo partido.
Los desfalcos y despilfarros de muchas de las administraciones salientes en Jalisco tendrían que ser castigadas de acuerdo a la Ley de gobierno y administración pública municipal del estado de Jalisco, que prevé las facultades y obligaciones del presidente, los regidores y las diversas direcciones.
Pero sobre todo las sanciones deberían provenir de la Ley para servidores que pueden ir desde amonestaciones administrativas hasta la destitución o, en su caso, un proceso penal para el funcionario involucrado.
La especialista universitaria se mostró a favor de la creación de un organismo nacional autónomo de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, para perseguir a los servidores públicos de alto rango que comentan fraude o malversación de los recursos de la comuna. “Esto no lo prevé la legislación, pero en el caso de los presidentes municipales, que son la primera autoridad del municipio, no tendrían que dejarse a manos del Congreso los posibles casos de irregularidades administrativas. Mejor un organismo libre de presiones políticas y partidarias, como ha sucedido hasta ahora en el Congreso del Estado, y que es lo que unos han llamado un ‘zar anticorrupción’, donde se canalicen este tipo de casos”.
