Un país cautivo

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México es un gigante herido, gobernado por pigmeos, pero no está muerto, dice Edgardo Buscaglia. El asesor en temas de seguridad de la ONU e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), opina que actualmente el país se encuentra en un limbo institucional, pero que tiene los recursos y las capacidades para salir de este momento difícil y recobrar su lugar predominante e imprescindible en la región. Siempre y cuando la élite política llegue a establecer los acuerdos y los controles necesarios para combatir la corrupción y la criminalidad organizada que lo mantienen prostrado.
“Los países en transición política que dejan atrás sistemas y controles autoritarios, tienen que reemplazarlos lo más rápido posible con otros controles, que apunten hacia la democracia en un Estado de derecho”, afirmó el también director del Centro de Estudios de Economía y Derecho, de la Universidad de Columbia. “Si no, o regresan al autoritarismo, o quedan en un limbo, como en México, donde los controles todavía no se acordaron políticamente entre los partidos”.
Los controles que se necesitarían son de tipo administrativo, judicial, de prevención social, pero sobre todo, patrimonial. Establecerlos, continúa Buscaglia, es una decisión política que no beneficia a la élite en el poder. “A ningún político le gusta tener controles y perder discrecionalidad sobre los recursos, por conveniencia propia, porque para ellos es beneficioso: así le entra más dinero en las campañas”.
Este tipo de controles están plasmados en la Convención de Palermo, de las Naciones Unidas, de la que actualmente México viola el 63 por ciento de las cláusulas. “Lo que obliga a los países a establecer controles políticamente acordados, es la realidad: cuando ya se encuentran entre la espada y la pared, cuando el monstruo de corrupción y delincuencia que ellos mismos generan, se los comienza a fagocitar. Es decir, que grupos criminales contrarios empiezan a masacrar a políticos y empresarios del bando opuesto”.
A este factor hay que sumarle la presión por parte de la sociedad civil: “Que salga a la calle, pero no con marchitas y abracitos, sino con propuestas, con leyes y como corresponsal del Estado en la implementación del gobierno”. Pero en México aún no se ha llegado a este punto crítico.
“La mexicana es una población que está dormida todavía. El partido único de Estado le aplicó una buena dosis de somnífero por muchas décadas, pero se va a despertar y habrá una reacción popular que ya está comenzando a verse en los grupos estudiantiles. Esperemos que esto suceda pacíficamente”.
Explica que el de la corrupción y la inseguridad en México, es un problema político, de inercia política, que se tiene que resolver “a la mexicana”. “No es un problema que no estén asesores extranjeros, no es un problema de armas y ciertamente no es un problema de dinero, ya que los presupuestos mexicanos en seguridad son los más generosos del planeta. Aquí hay jueces federales que ganan 30 mil dólares al mes, más que cualquier homólogo suyo en Europa o Estados Unidos”.
El instrumento efectivo para desmantelar los grupos criminales, explica Buscaglia, es “generar un fiscal autónomo, controlado por una comisión del Congreso. Hoy el Congreso está totalmente ausente de la vida institucional mexicana. En cuanto a controles no tiene ninguna función: se lava las manos y culpa a los gobernadores y al presidente”.
Este vacío institucional que existe actualmente México, hace que la población viva cautiva de los grupos criminales y de las mafias que gobiernan el país. “Cuando la delincuencia organizada se enfrenta a un Estado débil, es ésta la que gestiona al Estado. Los grupos comienzan a competir entre ellos con violencia y corrupción, para capturar a las policías municipales, las estatales, a los políticos, para fortalecer y consolidar sus mercados regionales. Y los fragmentos del Estado forman parte de la delincuencia organizada y empiezan a generar más violencia”.
Agrega que “hay un problema en la misma filosofía del gobierno: son mafias políticas y empresariales que se han adueñado del país. El Estado es un negocio y el ciudadano un cautivo de este negocio. Es un modelo sociopolítico de mafiosos de guante blanco. Ante este tipo de situación no puedes controlar la delincuencia organizada, porque para eso necesitas bienes públicos, salud, educación, fuentes de trabajo, desarrollo social”.
“En México se ha privatizado la política social y por lo tanto tenemos índices de pobreza y marginación social que siguen aumentando, es decir, el modelo ha fracasado.
“Ojalá pudiera llamársele neoliberal. Ni siquiera lo es. Es un modelo mafioso-empresarial, en el que se le entregan sectores económico clave a un grupo de amigos del gobierno. Es una plutocracia, un capitalismo de cuates. Y por esto estamos viviendo las consecuencias en el terreno de la seguridad”.

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