Qué tanto conocemos la constitución mexicana? Pocos mexicanos, y menos su historia, puesto que ha sufrido más de 400 modificaciones; cambios que para muchos hoy resultan obsoletos, consideró el magistrado del Tribunal Electoral Federal, José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien tiene más de 30 años como profesor de la Universidad de Guadalajara.
A grandes rasgos propone que la constitución sea integrada por 35 y no 136 artículos, como ocurre hoy. Además, es necesario un tribunal constitucional que resuelva casos que los partidos o los políticos han “politizado”, como el conflicto de límites entre Jalisco y Colima, que está en manos del Senado y que a juicio de Francisco Jiménez Reynoso, coordinador de la carrera de derecho, además de profesor e investigador de la Universidad, es un error “gravísimo” haber trasladado el asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Senado, “porque no éste cuenta con los conocimientos jurídicos”.
Otra de las aportaciones que proponen ambos miembros de la Universidad es el plebiscito. “Que la opinión del pueblo sea tomada en cuenta, como ocurre en Europa. Por ejemplo: hay reformas apoyadas por el presidente y el Congreso, pero el pueblo no está de acuerdo y para saberlo utilizan la consulta pública. Algo así podría ocurrir con temas como el entubamiento del río Santiago”, aseveró el magistrado federal.
También se pronuncia a favor de suprimir los poderes de facto, y cita algunos ejemplos: “muchas empresas transnacionales vierten sus residuos en los ríos o arroyos y no respetan la norma oficial mexicana, porque son normas del país, no internacionales”, por lo que propone cambiar o suprimir términos y eliminar palabras como globalización, con el objetivo de tener una mayor pluralidad.
“El término de derechos planetarios se refiere a que se tenga igualdad en un país y otro, que si vas a un viaje, te respeten, sin discriminación ni situaciones similares”.
El especialista consideró que esta reforma es urgente, pues en otros países hay pocas modificaciones a las leyes, como ocurre en Estados Unidos.
Aclaró que proponer que sean menos artículos, no significa que queden ambigí¼edades o vacíos legales. Conviene “contar con leyes apegadas a la realidad actual y que ello quede bien especificado, no se trata de tener menos artículos o cambiarlos, sino que todo tenga una base científica, con estudios previos, con trabajos sustentados”.
En ello coincidió el maestro e investigador Jiménez Reynoso, quien propuso algunos de esos términos en su tesis de maestría, en 1998: “Hace 10 años hablé de la necesidad de contar con un tribunal consultivo e impulsar el plebiscito, entre otros términos jurídicos”.
Ambos manifiestan que se requieren estos cambios por necesidades políticas, económicas y sociales, para que los ciudadanos modifiquen su percepción de que las leyes se hacen y adecuan sólo para favorecer a algunos.
“Somos un pueblo desorganizado en lo político y económico. No contamos con empresarios cuyos intereses sean los de México. Podemos hacer del país una gran empresa, en la cual todos, gracias a los recursos que tenemos y al trabajo y talento de los mexicanos, podemos vivir en buenas condiciones, sin que emigren nuestros hermanos al extranjero. Un pueblo pobre es presa fácil de las hegemonías”, comentó Covarrubias Dueñas.
Cambios a largo plazo
Para el magistrado federal José de Jesús Covarrubias, este trabajo en conjunto con otros investigadores, representa más de 20 años de labor, material que es posible consultar en las oficinas del Tribunal Estatal y que ya fue enviado a los senadores y diputados de los diferentes congresos estatales del país, en espera de pronto debatir los conceptos y de que se unan más organizaciones, investigadores, académicos y público en general, con el objetivo de mejorarlo y sobre todo, completarlo, para que se ajuste a la situación actual.
De hecho, está en la etapa de presentación, puesto que en Michoacán el Congreso local apoyó con la impresión de 10 mil libros que serán distribuidos entre la población.
Sobre los tiempos en que esta propuesta de reforma a la constitución pudiera prosperar, dijo que se votaría en 2009 y que en caso de que fuera aprobada, iniciarán los trabajos de consulta y análisis en 2010, para que cinco años más tarde pudiese estar lista.
