La Ley General de Aguas, aprobada el pasado 4 de marzo por las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y la de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, es una mordaza a la investigación, asegura el académico de la Universidad de Guadalajara, José Antonio Gómez Reyna.
De acuerdo con el académico, el artículo 148 de dicha ley, prohíbe tanto a investigadores como a organismos civiles la posibilidad de estudiar, explorar y remediar acuíferos, a menos de que cuenten con un premiso otorgado previamente, ya sea por las instancias de gobierno o por el particular que tenga la concesión de tal cuerpo de agua.
“Esto sería una mordaza para los centros de investigación. Por ejemplo, en el Río Santiago, si quiero revisar la calidad del agua y el concesionario dice que no, entonces no se hace, y si lo hago me ponen una multa”.
Ésta podría alcanzar hasta 50 mil días de salario mínimo, es decir, que la sanción podría superar los tres millones y medio de pesos.
Para el especialista en energías renovables del Centro Universitario de Tonalá, otro punto medular de esta ley es que abre las puertas a la inversión privada nacional y trasnacional a través de concesiones de acuíferos hasta por 30 años.
Dijo que la justificación que dan quienes promueven esta iniciativa, es que urge una infraestructura hidráulica nacional, y debido a la falta de recursos se recurre a particulares.
“Con esto el agua ya no va a ser un bien de la humanidad sino un bien económico, las presas van a hacer caudales económicos, así que como concesionario no voy a permitir que nadie tome agua, porque significa perder dinero”.
Lo anterior devendrá en problemas sociales, que afectarán a diversos sectores como el del campo, ya que al otorgarse dichas concesiones los ejidatarios y campesinos deberán pedir el permiso a los particulares para hacer uso del agua.
“Todo lo que sean aguas de esa presa, están bajo su concesión, así que se van a quitar permisos por ejemplo a ejidatarios o agricultores que los tenían para extracción de agua subterránea o superficial para uso de riego. Eso generaría un problema social bastante grave”.
La otra parte que debe analizarse, comentó Gómez Reyna, es que esta ley contraviene tratados internacionales de México con la Organización de las Naciones Unidas, ya que este organismo determinó que el consumo de agua mínimo de una persona al día debe ser de 100 litros, y en la nueva ley se establece que será de 50 litros.
A decir del investigador, los posibles efectos de esta iniciativa —que todavía no tiene fecha para ser discutida por los diputados— requieren un análisis técnico de los académicos universitarios, desde múltiples puntos de vista, como el económico, social, de salud y hasta biológico.
