Seguridad jurídica para los ciudadanos

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Los cientos de cuerpos hallados en fosas clandestinas —la mayoría sin identificar— en estados del norte de la república como Tamaulipas y Chihuahua, así como el caso de mayor magnitud en Durango en el que hasta el cierre de esta edición se reportaban un total de 218 cuerpos, fue una de las motivaciones que urgió al Senado de la República a trabajar en la creación de un Registro Nacional de Desaparecidos.
El dictamen que expide la ley para la creación de dicho padrón nacional fue aprobado por unanimidad por los senadores el pasado 29 de abril, con lo que cada dependencia encargada de recibir denuncias por personas desaparecidas estará obligada a reportar cada caso a este registro.
De acuerdo con el senador Antelmo Alvarado García, secretario de la Comisión de Seguridad Pública con la creación de ésta base de datos se pretende dar seguimiento y tratar de cumplir con la obligación que tiene el Estado de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
“El beneficio será para las personas que tengan a un familiar desaparecido para que tengan la oportunidad de tener información cuando la requieran: en qué parte del proceso van, qué está haciendo la autoridad administrativa, autoridad judicial, la procuración de justicia, en todos estos aspectos, que antes sin esta ley, sólo se echaban la bolita una a otra dependencia”, señaló.
Para registrar los casos en este sistema, la instancia judicial o administrativa que reciba la denuncia, deberá reportar número de expediente o de averiguación en caso de que exista, también datos básicos como el nombre completo de la persona, la edad, la fecha y hora de la última vez que fue visto y una fotografía.
El dictamen ya fue turnado a la Cámara de Diputados, en donde se decidirá si se aprueba con o sin alguna modificación, para que en caso de que sea aprobado pase al poder Ejecutivo.
“Lo que buscamos fundamentalmente en esta legislación es tratar de lograr una estabilidad pacífica del país, lo demás corresponde al Ejecutivo, nosotros solo le damos los elementos, el Ejecutivo decidirá si la veta como lo ha venido haciendo en otros casos o la publica”, aseguró.
El establecimiento de este registro ha sido exigido por diversas asociaciones civiles y organizaciones integradas por familiares de personas desaparecidas, también fue uno de los puntos de exigencia en la marcha nacional por la paz realizada el pasado 8 de mayo en diversos puntos del país.
Al respecto, el investigador de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de seguridad, el hecho de empezar a legislar en este rubro puede ser tomado como una respuesta a esas peticiones, más no una solución al problema.
“Esto es una ayuda mínima que se puede dar, yo lo comparo con un hospital donde llegan muchos enfermos, y al doctor se le ocurre hacer un registro de los enfermos, pero eso no soluciona el problema, lo que se tiene que atender son las causas de la enfermedad”, comentó.
Además, considera que a la par de la creación de este registro, deberá legislarse en otros aspectos y hacer una revisión de los códigos penales en los estados para evitar problemas en la aplicación de ésta ley.
En este punto, coincide el senador Antelmo Alvarado García quien reconoció que los estados deberán tomar sus propias medidas.
“Se hace también un exhorto a los congresos estatales para actualizar sus leyes, sobre todo en estos momentos de inseguridad que vive el país, por lo que a ninguno le conviene estar rezagado. Nosotros sólo podemos exhortarlos a que se sumen al esfuerzo de la federación, para poder lograr el objetivo común que es poder dar una seguridad jurídica, una seguridad pacífica a los ciudadanos”.
Se pretende que el Registro Nacional de Desaparecidos funcione las 24 horas del día, los 365 días del año.

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