Rechazo generalizado al paquete económico 2010

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El gobierno federal presentó el paquete económico 2010, que por mandato de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria debe entregar a más tardar el 8 de septiembre de cada año en forma de propuesta al Poder Legislativo. Independientemente de los acuerdos políticos que se lleven a cabo para su aprobación en el Congreso de la Unión, la sociedad mexicana ha manifestado un abierto rechazo a las propuestas relacionadas principalmente con los impuestos.
Para el gobierno federal, los problemas de recesión económica, la presión inflacionaria, el aumento en la tasa de desempleo y el incremento en el número de pobres son sólo algunos de los más importantes retos que precisan un buen manejo de las finanzas públicas. Para agregarle un poco más de suspenso a este panorama, se suma una preocupante disminución en los niveles de recaudación que por un lado, son ocasionados por la caída en la producción y los precios del petróleo —del que dependen casi en un 40 por ciento los ingresos del Estado—, y por el otro, la disminución en el número de contribuyentes que pagan impuestos, por efecto directo del incremento en el desempleo. En síntesis, crecen en número y en intensidad los problemas económicos y se cuenta con menos recursos financieros públicos para hacerles frente.
En términos generales, la propuesta del ejecutivo radica en tres puntos esenciales:
Primero, disminución del gasto programable en 218 mil millones de pesos. Para darnos cuenta de la dimensión de este recorte presupuestal, este monto es similar al que ejercen en este año la SEP o el IMSS. La austeridad consiste en una reducción de 80 mil millones de pesos a consecuencia de la eliminación de tres secretarías de estado (6 mil 500) y una disminución en el gasto corriente (73 mil 500); los 138 mil millones restantes se consideran como “ahorros por incrementos inerciales del gasto”.
Segundo, de acuerdo con el ejecutivo, con este recorte presupuestal todavía quedaría un “boquete fiscal” de 299.8 mil millones de pesos que se debe recuperar por otras vías. Previendo una caída en los ingresos estimados para este año1, así como una disminución en el precio y producción del petróleo para el próximo, propone como medida adicional aumentar la recaudación en 270.7 mil millones de pesos mediante la creación de nuevos impuestos y un aumento generalizado de otros, entre los que destacan el nuevo impuesto a las telecomunicaciones y la “Contribución para el combate a la pobreza” así como aumentos en el grupo de los llamados Impuestos Especiales de Producción y Servicios (IEPS), ISR y el IDE; mientras que en el IETU se proponen ajustes legales que permitan disminuir un importante número detectado de prácticas evasivas.
Tercero, como las dos medidas anteriores no se consideran suficientes, se completa la propuesta con un incremento en el nivel de endeudamiento por un monto de 60 mil millones de pesos.
Lo que resulta particularmente interesante, es la justificación económica que ofrece el ejecutivo para implementar estas medidas. Si bien es parcialmente cierto que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación, la pobreza en los últimos dos años mostró un preocupante incremento de poco más de 15 millones de pobres como resultado de la crisis económica, también es cierto que la caída de los ingresos por hogar casualmente sólo se dio en este segmento de la población. Las cifras muestran que la clase de más altos ingresos no fue afectada por la crisis ya que, mientras el 20 por ciento de los hogares más pobres registraron una caída del 15.20 por ciento en su ingreso promedio, el 20 por ciento de los hogares clasificados como los más ricos los aumentaron en 0.2 por ciento. Estas cifras demuestran, en un primer momento, que la política de subsidios orientada a disminuir este problema no ha sido la adecuada, lo raro es que en esta materia no se observa propuesta alguna que modifique esta situación.
Por otra parte, los años 2004 y 20052 fueron los de mayor bonanza presupuestal para el gobierno federal debido a los excedentes petroleros, no obstante, las cifras del mismo Consejo muestran que en este mismo periodo hubo un incremento de 12 millones de pobres, mientras que la pérdida de competividad en México ha sido permanente desde principios de esta década.
Con el análisis a fondo de la propuesta se puede concluir que, primero, es una propuesta mas orientada a incrementar la recaudación de corto plazo que a resolver problemas estructurales que mantienen estancado al país desde hace años; segundo, un aumento en los ingresos presupuestarios no garantiza el alcance de los objetivos propuestos si no se realiza una reforma estructural que modifique los esquemas administrativos, económicos y sobre todo políticos, con los que actualmente opera el gasto público; y tercero, pretender aumentar los niveles de recaudación por la vía de incrementos en los impuestos, es la manera más cómoda de implementar una política de ingresos que evita tocar grupos de interés que se ven beneficiados con la estructura tributaria actual como son las familias de altos ingresos favorecidas por transferencias y subsidios gubernamentales, así como los contribuyentes que gozan de exenciones y tasas preferenciales, y todos aquellos que de alguna u otra manera, utilizan los vacíos legales para eludir cantidades millonarias de impuestos, además de una creciente evasión fiscal producto del desempleo.
Estos son los cambios realmente necesarios pero que han sido los grandes ausentes en las últimas reformas hacendarias “acéfalas” impulsadas por el gobierno federal.
Se pronostica que habrá una disminución entre los ingresos estimados en la Ley de ingresos de 2009 y los realmente obtenidos al final del ejercicio fiscal; así, la disminución en los ingresos petroleros será de 28.9 por ciento mientras que los ingresos tributarios caerán en un 1.4 por ciento.

2 Tercer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón H. Anexo estadístico.

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