Proceso evolutivo de la revolución

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La Revolución mexicana no es un suceso aislado e independiente de nuestra evolución histórica. Representa una parte del proceso fundacional del Estado mexicano, indefectible consecuencia de un conjunto de demandas económicas, políticas y sociales, insatisfechas con la consumación de la independencia iturbidista y reforma liberal juarista, reivindicaciones que revolucionaron la conformación de un nuevo marco jurídico y que constitucionalizó los reclamos de justicia y libertad en derechos de seguridad social.
La conspiración contrarrevolucionaria y antiliberal de la Profesa produjo la emancipación de la corona española, la disolución de la Nueva España e instauración monárquica del imperio mexicano. Consumada la independencia para y en beneficio económico y social de los grupos privilegiados del poder político y eclesiástico, dejó sin resolver el existente status de dominación espiritual y política del Estado-Iglesia, la distribución y tenencia de la propiedad territorial de pueblos y comunidades y el de organización política como forma de gobierno entre centralistas y federalistas.
El movimiento de Reforma tuvo, como fines concretos, revocar los privilegios heredados de la colonia y las condiciones de sujeción espiritual y política prevalecientes durante la primera mitad del siglo XIX. La abolición del fuero militar y eclesiástico, la desamortización y nacionalización de bienes católicos y establecimiento del principio de separación iglesia-Estado, colapsaron las ancestrales y caducas estructuras coloniales y crearon las bases de sustentación laicas, republicanas y federalistas sobre las que hoy se asienta el Estado liberal mexicano.
La secularizaron social y configuración político liberal del Estado alcanzadas con la reforma, si bien concedieron derechos y libertades individuales, su programa de enmiendas de crecimiento económico y desarrollo social concretizó la desamortización de fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas, con la idea de crear una nación de pequeños propietarios y contribuyentes a los gastos de la administración pública. Tergiversados sus fines, la distribución de la propiedad territorial se orientó, en el periodo de la autocracia posreformista, a su acaparamiento latifundista y al oprobioso acasillamiento del hacendismo.
Sin resolver el problema económico necesario para el bienestar social, devino la instalación del régimen porfirista que bajo el lema “Orden y progreso”, degeneró en dictadura. Con el beneplácito absolutista y apoyado por los sectores más reaccionarios del país se llevó a extremos de servidumbre personal y económica al peón jornalero y al obrero fabril, se permitió y fomentó el caciquismo, el acaparamiento comercial, financiero y de explotación de recursos naturales por inversionistas nacionales y extranjeros que, transgrediendo todo precepto jurídico de seguridad laboral, explotaron y empobrecieron a la clase trabajadora.
La aciaga búsqueda nacional de derechos laborales, sociales y económicos inconcedidos en el porfiriato, llevó a los precursores de la revolución a implementar un programa de reformas que puede resumirse en cuatro principios: el reconocimiento jurídico de derechos laborales, políticos y sociales de los trabajadores del campo y la ciudad; el reparto agrario a los campesinos, la reivindicación de la riqueza nacional detentada por la oligarquía nacional y en gran medida por empresas trasnacionales y la creación de una economía autónoma y libre de explotación de intereses extranjeros.
Si la historia es un proceso dialéctico, un proceso de renovación constante, corresponde a las generaciones de hoy rescatar los contenidos y postulados políticos, democráticos, agrarios, obreros y nacionalistas, para dar continuidad al proyecto revolucionario, de tal manera que se haga una distribución más equitativa y justa del ingreso nacional, se fomente la gobernabilidad democrática, el Estado de derecho, el ejercicio de ciudadanía y fundamentalmente la garantía de los derechos de seguridad social. El legado revolucionario debe direccionarse para consolidar una nación más equitativa e incluyente, utilizarse para atenuar las diferencias sociales y afianzarse para afirmar nuestra identidad nacional. De lo contrario, el futuro de las aspiraciones e ideales de justicia y seguridad social serán inciertos.

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