Las amenazas contra miembros de la comunidad universitaria, el asesinato del director de la Preparatoria 7, Fernando González Sandoval y el atentado en contra Andrés González Negrete, chofer del licenciado Raúl Padilla López, pueden ser considerados actos de terrorismo, por lo que la Universidad de Guadalajara presionará para que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga estos casos.
El abogado general de la Universidad de Guadalajara, Javier Peña Razo, comentó que autoridades universitarias se reunieron el 4 y 5 de enero con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y con Arturo Chávez, procurador general de la república, para solicitarle que la PGR se haga cargo de las indagatorias, cuyo proceso en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, ha estado “contaminado y plagado de irregularidades en fondo y forma”.
Explicó que Gómez Mont estaba enterado del caso y se mostró preocupado por lo que estas amenazas podrían causar al interior de la segunda casa de estudios más importante del país. Los funcionarios federales prometieron dar una respuesta en los próximos días.
“Ellos tendrán que valorarlo. Nosotros fundamos nuestra petición en el artículo 73 constitucional y en el Código Federal de Procedimientos Penales. Consideramos que este asunto puede ser atraído por diferentes circunstancias. Nos preguntaba el secretario de Gobernación qué armas usaron los agresores y efectivamente son de uso exclusivo del ejército. Le hicimos hincapié en que hay amenazas de atentados contra universitarios, que caen en un delito federal que se llama terrorismo”.
De esta manera, la instancia federal retomaría las indagatorias, la averiguación previa y las pruebas relacionadas con los casos, a fin de asegurar la imparcialidad del proceso, y la Procuraduría estatal no podrá intervenir más en el asunto.
Con la petición a la PGR, la Universidad busca proteger a sus estudiantes, profesores, personal administrativo y funcionarios en todo el estado contra los posibles ataques de un grupo aún no identificado por las autoridades de justicia en Jalisco, además de asegurar que no existan otros intereses estatales que estén bloqueando esta investigación. “No sabemos cuál es el móvil ni los autores materiales e intelectuales del asesinato de Fernando. No sabemos si realmente se están cumpliendo las amenazas que salieron en medios de comunicación electrónicos. Ante la gravedad y el temor que tenemos ahora de que esto traiga consecuencias más graves, estamos pidiendo que la PGR conozca estos hechos, porque la Procuraduría del Estado no ha tenido la capacidad o no sé qué intereses existan a qué niveles, para que se esclarezcan los hechos”.
El propio procurador estatal, Tomás Coronado, entregó a Marco Antonio Cortés Guardado, Rector general de la UdeG, una copia de la averiguación previa en la que hay una serie de irregularidades.
Peña Razo manifestó que la alteración de las declaraciones en las diferentes pruebas relacionadas con ambos casos, así como las afirmaciones de Coronado en los medios de comunicación, ponen en riesgo que la averiguación llegue a la verdad de los hechos, de tal manera “que ni la Procuraduría Estatal ni la UdeG, ni ninguna autoridad sepa hacia dónde dirigir la investigación”.
Confirmó también que hasta ahora no han tenido respuestas a las denuncias hechas ante la PGJE por las amenazas de agresión aparecidas en medios de comunicación electrónicos, a las que la delegación de la Secretaría de Gobernación y la PGR pusieron atención y mandaron protección inmediata a las instalaciones y en los eventos de la pasada Feria Internacional del Libro.
Peña Razo considera que si desde un principio, con el atentado de Andrés González (chofer de Raúl Padilla), las autoridades estatales hubieran actuado, hecho las investigaciones correctas y puesto atención a la averiguación, probablemente hubiesen evitado la muerte de Fernando González.
“Lo que nos interesa es llegar a una verdad jurídica y garantizar la seguridad de los universitarios. Si otras personas han querido darle otro tipo de cariz, ese es su problema. Nosotros estamos actuando con políticas de carácter institucional. Queremos saber cuál es el móvil de todo esto y de donde salieron las amenazas que publicaron en internet. Si ya lesionaron a estas dos personas, no queremos que haya más”.
