Policía bueno policía malo

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Foto: José María Martínez

Prestación indebida del servicio público, violación al derecho a la integridad y seguridad personal, detenciones arbitrarias, lesiones y robo. Estos son algunos de los conceptos que abarcan las mil 042 violaciones presuntamente cometidas por policías municipales de Guadalajara en 2009, denunciadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
Mas la ciudadanía no es la única que lamenta y se da cuenta de las deficiencias que presentan los cuerpos policiales municipales de la ZMG, sino que son los mismos efectivos quienes señalan la necesidad de una modernización y de un cambio en las prácticas de seguridad pública.
Lo anterior emerge de un estudio que investigadores de la Universidad de Guadalajara, del ITESO y de la Universidad de San Diego, realizaron con el objetivo de examinar la función y el desempeño del sistema penal en México, a través de las experiencias y las opiniones de sus operadores.
El estudio, denominado “Justicia barómetro”, se realizó en 2009, por medio de una encuesta que se aplicó a 5 mil 422 policías municipales preventivos, de los 6 mil 873 con que cuentan oficialmente las corporaciones de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto. El objetivo es investigar qué tipo de ideas y conocimientos predominan entre el personal administrativo y operativo de las instituciones policiales, respecto a los diversos aspectos implicados en el desempeño de sus funciones.
“Es un hecho histórico en este país”, comentó al respecto la doctora María Eugenia Suárez de Garay, profesora investigadora del CUCSH —quien junto con el doctor David A. Shirk de la USD coordinó la investigación— “que seis ayuntamientos hayan decidido abrir las puertas de sus corporaciones, para que de manera libre —y anónima— sus policías dieran cuentas de sus visiones y percepciones respecto a lo que significa el quehacer policial”.
Condiciones laborales adversas
La encuesta abarcó diferentes aspectos relativos a las instituciones policiales de la ZMG, como la situación sociodemográfica, el perfil profesional del agente, el conocimiento técnico, la percepción de la sociedad y del crimen. En cuanto a la composición del universo poblacional de los efectivos encuestados, destaca que el 86 por ciento pertenece al sexo masculino y que la edad promedio es de 38 años. Por lo que tiene que ver con la situación económica, el 44 por ciento gana menos de 8 mil pesos, y solamente el 41 por ciento es dueño de su casa, a pesar de que el 77 por ciento de los efectivos es mayor de 40 años.
El doctor Dante Haro Reyes, del CUCSH, quien formó parte del equipo de investigadores que realizó el estudio, señaló que se necesita “incrementar la tasa de reclutamiento femenino y establecer un límite de edad de ingreso”, en aras de orientar el acceso de las mujeres a cargos directivos y operativos, y de bajar el promedio de edad —que tendría que ser de 28 años— para enfrentar el próximo relevo generacional.
De los resultados se desprende también que la mayoría de los policías perciben bajo sueldo. “Una de las quejas más frecuentes es el salario, y la falta de uniformes, de equipo, señalada por el 64 por ciento de los encuestados”. Además el 70 por ciento refiere no haber sido sometido a revisión médica en los tres meses anteriores a la encuesta, y a pesar de esto, el 12 por ciento declara que no dejó de asistir al trabajo por motivos de salud en el mismo periodo.
“Hay que ir a ver cómo está la policía para entender todo esto, tenemos que mejorar las condiciones laborales en estas instituciones”, explicó Suárez de Garay, que tiene más de 10 años realizando investigaciones en este ámbito. “No podemos exigirle a los policías lo que no le damos, y en este país tenemos una deuda histórica hacia ellos”, agregó.

Falta de profesionalización
El 75 por ciento del personal operativo, que representa el 92 por ciento de los efectivos de la ZMG, tiene menos de seis años de antigí¼edad en su institución policial municipal. De estos, el 68 por ciento tiene el grado de policía en línea y el 7 por ciento de chofer, y en promedio se han mantenido en su actual mando 8.1 años.
Por esto, “hay que transparentar y adecuar los procedimientos para aquellos que abrazan la profesión policial como proyecto de vida, y promover su carrera en base al mérito”, afirmó Haro Reyes. Asimismo, en la presentación de los resultados del estudio, se destaca que “lo anterior habla de la necesidad de revisar los mecanismos de ascensos establecidos por la Ley, para la promoción de la carrera policial, particularmente, porque se sabe que tradicionalmente se ha practicado la discrecionalidad normativa para otorgar los ascensos”.
En cuanto al desempeño de sus funciones, es relevante señalar que un porcentaje consistente de los agentes, el 31 por ciento, considera que “en ciertas ocasiones” la policía necesita actuar al margen de la ley, e inclusive un 4 por ciento admite permitirse infringir las normas regularmente. En el estudio, al respecto se especifica que “se cree que violentando la ley y los derechos humanos de las personas se logran el mantenimiento del orden público”, que para el 38 por ciento sigue siendo la principal función de la policía. Esto “termina justo en violaciones a los derechos humanos que engrosan las estadísticas de la CEDHJ respecto a la actuación de la policía”.

Corrupción: “mordida” compartida
“Cuando la gente me dice que los policías son todos corruptos, le digo no, que éste es un lugar común”, expresó Suárez de Garay. Por otra parte, el 49 por ciento de los efectivos acepta la existencia de elevados niveles de corrupción en la institución policial en la que está adscrito, y el 68 por ciento está convencido que esta práctica se acentúa entre los altos mandos. Para el 45 por ciento el delito en el que está más involucrado personal policial es el tráfico de drogas, seguido por accidentes de tráfico (25 por ciento), secuestro (10 por ciento), y el robo de automóviles (7 por ciento).
Al respecto, la investigadora del CUCSH comentó que “hay que entender que esto es parte de la cultura mexicana, entonces nuestra relación con la ley es profundamente ambigua, y los policías son parte de esta cultura”. Agregó que “también es un signo de que faltan controles internos y externos de la policía, que nunca han existido, por esto tenemos que impulsar un escrutinio público de estas instituciones, para erradicar la corrupción”.
A raíz de lo anterior, Suárez Garay afirmó que se necesita un cambio de mentalidad y la instalación de una cultura de la legalidad, “pero no solamente al interior de las instituciones policiales, también en la sociedad, porque es una relación entre uno y otro”. De hecho, el 51 por ciento de los mismos policías responsabiliza a los ciudadanos de fomentar la corrupción, mientras que el 44 por ciento considera que es una responsabilidad compartida. Sin embargo, la investigadora comentó que “la corrupción es un argumento que impide entrar a la discusión de fondo, que es la necesidad de un cambio profundo en el paradigma y en el modelo de seguridad pública”.
Modernizar la policía: de la intervención a la prevención
La cuestión de fondo, que emerge del estudio, es la de promover un modelo de policía cercana a la comunidad para prevenir el crimen. “Tenemos que transitar del paradigma de seguridad pública, que está fundamentado en el mantenimiento del orden y la persecución del delincuente, hacia un paradigma de seguridad ciudadana”, explicó Suárez de Garay.
Destacó que lo relevante de esta encuesta es que evidencia que “los policías, derivado quizás de una presión, de un proceso histórico y de democratización del país, han captado la necesidad de una mayor participación de la comunidad y de la implementación de programas preventivos”. Sin embargo, “no hemos capacitado a nuestros policías para que sean sujetos preventivos, y nada al interior de nuestras instituciones ha logrado adaptarse a estos cambios, ni la cultura policial ni la estructura administrativa ni su proyección pública”.
Las recomendaciones que surgen de este estudio, entonces, van dirigidas principalmente a los representantes de las administraciones entrantes de la ZMG, en particular en el rumbo de la modernización de las instituciones policiales, de la capacitación y formación de policías realmente preventivos, y de la integración efectiva de una policía metropolitana, en que colaboren los diferentes municipios, en pro de racionalizar los recursos y lograr mayor eficiencia y eficacia, en particular en la lucha contra el crimen.
Si bien es cierto, y como se especifica en la investigación, se necesita colaboración interinstitucional y con la ciudadanía, ya que es impensable que la policía por sí sola pueda atacar los comportamientos peligrosos que en una sociedad derivan del delito, se le puede por lo menos exigir que cumpla con honestidad y respeto su tarea. Valores que, como indicaron los propios policías, en este momento son los menos presentes al interior de las instituciones de seguridad pública de la ZMG.

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