Como consecuencia inmediata del derrame de aguas negras en El Bajío, en cualquier país normal ya habría renuncias, despidos y consignaciones. No en México, no en Jalisco, donde inundar a la población con inmundicias es cosa de todos los días (menos de 20 por ciento de las aguas negras en el estado recibe algún tipo de tratamiento). Aquí lo importante, tanto para los políticos responsables de la crisis como para los habitantes de la zona afectada, es no hacer olas.
El problema tiene al menos dos aristas: primero está la afectación de la zona en cuestión. En el caso de Jalisco es menester poner en tela de juicio la evaluación de las autoridades responsables de la crisis. Como ha sucedido en el pasado, está claro que por ser juez y parte, intentarán minimizar el problema (recordemos el caso del envenenamiento del niño Miguel íngel López en 2008 por beber aguas contaminadas con arsénico en el río Santiago). A esto apunta la declaración de las autoridades de Salud, las cuales se apresuraron a asegurar que no existe afectación alguna, antes de tener los resultados de los estudios correspondientes.
El riesgo de una desestimación oficial de un problema de tal magnitud es de proporciones monumentales: la infección por bacterias provenientes de materia fecal puede causar la muerte, como sucedió recientemente en la crisis de E-coli en los pepinos españoles. ¿Cómo confiar en los análisis de los mismos “especialistas” que instalaron una planta de tratamiento para tres mil personas, cuando sabían que la densidad de población sería de seis mil?
La solución al caso de El Bajío no puede ser otra que detener cualquier actividad u obra, darle solución técnica inmediata al problema para evitar más deterioro, realizar estudios confiables e independientes para determinar el grado de afectación y el riesgo a la población y castigar a los responsables, según dicta la ley.
Puesto que de las 16.4 hectáreas ocupadas por la Villa Panamericana, 3.4 están ubicadas en el área natural protegida federal, la normatividad aplicable es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. La LGEEPA establece penas tales como multas, clausura, arresto administrativo, decomisos y la suspensión y revocación de licencias a los infractores que violen lo establecido en el plan de manejo, el cual en el caso de La Primavera, prohíbe explícitamente “verter o descargar aguas residuales…” (capítulo 6, regla 60, inciso I. Resumen del programa de manejo de La Primavera DOF, 22 de mayo 2001).
En el caso de El Bajío la ley no se ha aplicado. Han prevalecido los intereses económicos de conocidos grupos de poder sobre los derechos de la sociedad de contar con un medio ambiente sano.
Lo anterior nos lleva al segundo aspecto a considerar: la crisis de los instrumentos de gestión ambiental. El derrame de aguas negras en la Villa Panamericana no es un caso aislado. La ocupación de los ecosistemas urbanos es un fenómeno masivo y sistémico, guiado por políticas de desarrollo urbano. La destrucción del medio ambiente trasciende la inundación de la zona de recarga del parque de los Colomos con materia fecal y se combina con los efectos de la ocupación ilegal de los bosques del Nixticuil, de la barranca de Huentitán y de la región de los rascacielos en plaza Andares, por mencionar algunos focos de atención.
El modelo es sencillo: a mayor destrucción ecológica, más negocios. La destrucción de la zona de recarga de El Bajío justifica la ampliación del acueducto para la extracción de agua del Lago de Chapala y la construcción de la presa de Temacapulín. Lo anterior demuestra en los hechos que el instrumental de gestión ambiental, lejos de servir como herramienta de protección de los recursos naturales, ha funcionado como el mecanismo que facilita su desaparición.
* Profesor investigador del CUCEA
