Los miembros de la comunidad huichola de Santa Catarina Cuexcomatitán, municipio de Mezquitic, no permitirán que el gobierno de Jalisco construya la carretera Amatitán-Huejuquilla, que atraviesa por lo menos 19 kilómetros de sus territorios y que afectaría sus centros ceremoniales y lugares sagrados.
Los indígenas acusan también a autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y a los presidentes municipales de Mezquitic, Huejuquilla y Bolaños, de falsificar un acta de asamblea en la que hacen creer que la comunidad otorgó su anuencia para la construcción del tramo carretero.
En una carta dirigida al presidente de la república, Felipe Calderón, al comisionado para los pueblos indígenas, Luis H. ílvarez y al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, las autoridades tradicionales y los comuneros de Santa Catarina denuncian estas irregularidades, exigen la cancelación de la carretera y la reparación de los daños que haya ocasionado la obra.
Piden que sea investigada la falsificación del acta, que destituyan de sus puestos y les hagan juicio político a Tirso Navarrete, director de la CDI en Mezquitic; Guadalupe Flores, delegado de la CDI en Jalisco y Colima; Francisco López, director de la Comisión estatal indígena, y los presidentes municipales Ernesto de la Torre, de Mezquitic; Miguel íngel Medina, de Huejuquilla y Luis Alberto Mora, de Bolaños.
Ante medios de comunicación locales, el comisariado de bienes comunales de Santa Catarina Cuexcomatitán, Juan ívila, detalló que el 14 de septiembre de 2007, funcionarios de las dependencias antes mencionadas, acompañados por policías, interrumpieron una asamblea comunitaria para llevarse a sus autoridades tradicionales y bajo presiones obligarlos a firmar el acta falseada.
“Inventaron un acta de asamblea con todo y una supuesta segunda convocatoria, e inventaron número de asistentes, votación y la unanimidad de la asamblea fantasma para aceptar las obras de la carretera, incluida la expropiación […] hasta se atrevieron a juntar más de 400 firmas supuestamente dadas por nosotros, que algún funcionario debió sustraerlas de alguno de los listados que firmamos para programas como Procampo”.
El contenido del acta falsificada fue desconocido por los comuneros en una asamblea realizada del 8 al 12 de noviembre de 2007. El 10 de febrero pasado decidieron parar la construcción de la carretera con un plantón que ahora agrupa a 896 miembros de la comunidad de Santa Catarina.
Los indígenas aseguran que buscaron el diálogo con las autoridades estatales y no obtuvieron buena respuesta. Por el contrario, éstas los han amenazado y hostigado el plantón que mantienen en el paraje Ciénega de los caballos, mediante la presencia policiaca y hasta militar.
El gobernador tradicional, Víctor Minjares, advirtió que sus centros ceremoniales han sido perturbados. “Los huicholes tenemos nuestra propia trayectoria y cuando son afectados estos centros, están afectando también nuestra vida, porque ahí pedimos por la salud del pueblo wixárika y que los espíritus de nuestros ancestros sigan vigentes en nuestra memoria”.
“El discurso oficial es que las comunidades indígenas no podemos salir adelante si no tenemos progreso ni carreteras. Nosotros consideramos que no es así. Sólo queremos que nos dejen ser, cuidar nuestra cultura y la simbología que existe en nuestra comunidad. No sólo están destruyendo el medio ambiente, sino nuestra memoria colectiva, que hemos cuidado y le hemos dado vida a través de las fiestas tradicionales”, enfatizó Ubaldo Valdés, de la comunidad de San Sebastián.
César Díaz, jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, de la UdeG, que asesora a los afectados, subrayó que el gobierno estatal quebranta así la autonomía y libre determinación de los indígenas y viola tratados internacionales vigentes con la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de los derechos indígenas, de la ONU y la OEA.
“El gobierno estatal no siguió los procesos de consulta. Es un ejemplo de por qué el gobierno [federal] quiso definir a los indígenas sólo como personas sujetos a derechos en la ley de derechos y cultura indígenas: para quitarles su capacidad de tomar las decisiones que más les convengan”.
Los indígenas anunciaron que no negociarán con el gobierno del Estado y que buscarán alianzas con otras comunidades tradicionales en Jalisco y el país, así como con organizaciones civiles mediante el Congreso nacional indígena, que realizarán en Santa Catarina el 8 y 9 próximos.
