Dos años sin poder embarazarse. No sería fácil, más aún con problemas ginecológicos. Quiso buscar ayuda médica. Sabía que los tratamientos eran caros y había que ahorrar para la llegada del bebé. El IMSS era la opción.
“No hay quién le haga un eco, así que tendrá que quedarse. Mañana la revisan”, le dijeron a Amelia Alcalá Becerra. La tarde del 4 de octubre de 2006 sintió un pequeño cólico y decidió acudir a ginecología, del Centro médico de Occidente. Ya había tenido ese dolor. Varias veces su médico particular le encontró quistes que desaparecían con tratamiento hormonal.
La primera cita para su tratamiento de fertilidad era el 9 de octubre, en ese hospital. El incidente adelantó su visita. Prefirió el IMSS y no al médico particular, “para que tuvieran antecedentes de los quistes y las adherencias que tenía”.
La mañana del 5 de octubre, el doctor Luis Enrique Nájar Fuentes, ginecólogo con matrícula 1942727, le diagnosticó un embarazo fuera de la matriz (ectópico), y le advirtió que realizaría una laparoscopia –cirugía de mínima invasión– para erradicarlo.
Apenas ocho días antes Amelia tuvo su menstruación. Así lo hizo saber al doctor. Su esposo llevó los resultados de un estudio en sangre, con fecha del 18 de septiembre, que descartaba un embarazo. El galeno no lo tomó en cuenta. Se empeñó en hacer la cirugía y ordenó estudios preoperatorios, entre estos un eco vaginal.
En la exploración ecosonográfica realizada a las 9:43 de la mañana, el doctor Ramírez, responsable del estudio, diagnosticó “remotamente embarazo ectópico”. El doctor Nájar Fuentes operó a Amelia al mediodía. Al parecer, sabía los resultados del eco. Ella le pidió de una vez que le quitara las adherencias en la matriz, para así lograr embarazarse.
En tres reportes del médico, luego de la operación, cuyas copias tiene esta reportera, concluyó que Amelia tenía síndrome adherencial y un quiste folicular derecho simple de dos centímetros. El embarazo ectópico, por supuesto, no existía. Reportó además que la laparoscopia tuvo “sangrado mínimo sin complicaciones ni accidentes”.
Desde que volvió de la anestesia, Amelia sentía mareo y dolor en los hombros. Todo el día las enfermeras notaron la palidez de la paciente y su “severa” baja de presión arterial, que llegó hasta 70/40, según la nota médica del anestesiólogo Jaime Salvador Vélez, que ordenó efedrina para regularizar la presión.
Varios piquetes en el brazo y la presión arterial de Amelia subía y bajaba en minutos. A las 22:05 horas la subieron a piso con “dolor intenso abdominal incluso hasta la región de la espalda que impide respirar adecuadamente”, dice la nota de reingreso firmada por el doctor ívila. El galeno recomendó “vigilancia y analgésicos”.
Las siguientes horas fueron un infierno. El malestar no cedía a los medicamentos. Toda la noche “suplicaba que me revisara un doctor”. Es normal, le decían las enfermeras.
A las 7:00 horas del seis de octubre el reporte de evolución apenas perceptible firmado por el doctor Altamirano refiere que por los síntomas nocturnos, la paciente debía estar “aún en observación”.
Una hora después, Amelia no creía lo que el doctor Nájar decía. “¿Cómo me daba de alta cuando me sentía tan mal?”, pensó. Su hermana pidió una segunda opinión. El médico se negó y les dio la hoja de alta a las 8:20. “Se encuentra en buenas condiciones generales aún con moderada distensión abdominal”, se lee en el documento.
Amelia se levantó de la cama para vestirse. Su débil cuerpo cayó al suelo. Un rato después, el ginecobstetra Luis Fernando Oseguera le hizo otro ecosonograma. “Clara evidencia de líquido libre”, consignó en su reporte. El líquido era sangre que se escapaba desde hacía casi 24 horas.
En minutos, Amelia estaba por segunda ocasión en el quirófano. Sabía que era cuestión de vida o muerte. Quizás por eso aguantó el dolor cuando le introdujeron un tubo por la garganta y sintió que el bisturí le abría la piel. “Estaba amarrada de los dos brazos. Sentía como si me estuvieran sacrificando”, cuenta.
Dos mil mililitros de sangre drenaron los doctores. Dos litros (de los cinco que tiene el cuerpo) mezclados entre intestinos y matriz. La hemorragia venía de los dos orificios hechos para realizar la laparoscopia.
La tos comenzó luego de cuatro días en terapia intensiva. Amelia pasó a piso, el nueve de octubre, con un estado de salud delicado. Antes, el jefe de Terapia intensiva, José Angulo Vázquez, ordenó una radiografía de pulmones. Ella esperó tres horas en un frío pasillo a que le tomaran la placa.
Neumonía, fue el diagnóstico. Su cuerpo fue blanco de una infección hospitalaria. Fiebre y vómito por varios días. Los medicamentos no daban resultado. De nuevo en terapia intensiva. La depresión y angustia eran evidentes. El doctor Angulo solicitó valoración en psiquiatría. Su estado era grave.
Sus familiares solicitaron a un neumólogo externo. Éste encontró coágulos en los pulmones (tromboembolia pulmonar) de Amelia, por el tiempo que permaneció inmóvil luego de la segunda operación.
Debieron administrarle un antitrombótico un día después de la operación, pero no lo hicieron. Tampoco supieron aplicarle el tratamiento para controlar los tiempos de coagulación en su sangre. Esto la obligó a permanecer dos semanas más.
De seguir ahí, contraería otro virus intrahospitalario. Sería fatal, advirtió el doctor Nájar. “Ginecológicamente estás bien”, le dijo, el único problema era controlar los coágulos. Se negó a darla de alta. En cambio, sugirió que firmara su alta voluntaria y continuara el tratamiento en casa. Sólo era “un procedimiento administrativo”, le aseguró una trabajadora social, aunque al hacerlo deslindara de responsabilidad a los médicos.
Sin poder caminar ni respirar bien, el 21 de octubre Amelia salió del hospital. El 23 acudió a cardiología para seguir el tratamiento, como acordó con los médicos.
Pagar errores ajenos
Una enfermera particular cuidaba a Amelia, conectada de manera permanente al suero y a un tanque de oxígeno. A cuatro días de salir del hospital, un dolor agudo en el vientre la obligó a acudir a un particular, donde estuvo varios días.
Su vientre albergaba un hematoma encapsulado de seis centímetros y dos semanas de formación, producto de las cirugías, le dijo el ginecólogo. Ella no resistiría otra operación.
Con múltiples estudios y el consejo del neumólogo, su ginecólogo decidió ponerla en observación con analgésicos dos meses, con la esperanza de que el hematoma no se rompiera o infectara. De nuevo su vida pendía de un hilo.
La lesión desapareció tres meses después. Las secuelas no terminaban ahí. Al drenar la hemorragia, los médicos manipularon sus intestinos, lo que provocó que se pegaran y le obstruyeran la digestión, causándole fuertes dolores. Además, tuvieron que ponerle un filtro en la vena cava, ya que la inflamación de la pelvis imposibilitó la circulación sanguínea y le reventó las válvulas de las piernas.
Por varios meses consultó neumólogos, hematólogos, gastroenterólogos, angiólogos y ginecólogos. Todos coincidían: su cuerpo no resistiría un embarazo. Incluso sugirieron a su esposo practicarse una vasectomía, pues las secuelas de la tromboembolia imposibilitaban a Amelia a tomar anticonceptivos.
“Lo que era mi mayor ilusión, se convirtió en mi mayor temor, pues si me embarazaba podría morirme. Por un error los médicos casi me matan y aparte me quitaron la posibilidad de embarazarme”.
A inicios de octubre de este año, Amelia tuvo otra cirugía, pues su matriz aún formaba quistes. Al no poder ingerir hormonas como antes, este creció siete centímetros. Además de eliminarlo, en la operación limpiaron y acomodaron sus intestinos y extrajeron su matriz para evitar nuevas complicaciones. La posibilidad de dar vida fue cancelada de manera definitiva.
Luchar contra la negligencia
A un año, Amelia no se recupera ni económica ni físicamente. Le cuesta trabajo respirar. La esperanza de recobrar algo de los más de 270 mil pesos gastados en médicos particulares es remota.
El 2 de febrero de 2007 presentó una queja administrativa ante la Comisión de arbitraje médico, en la que solicita indemnización por parte del IMSS por daño físico y moral. El 20 de abril, la Coordinación de atención y orientación al derechohabiente de la delegación Jalisco del IMSS, a la que fue remitido el trámite, le informó que su queja era improcedente.
El Consejo consultivo delegacional determinó que “no existe daño causa-efecto por las atenciones médicas otorgadas a nivel institucional” y que “la paciente conserva su fertilidad”.
En el documento, en poder de esta reportera, la dependencia argumenta que “las complicaciones presentadas son inherentes a la evolución de sus tratamientos médicos y quirúrgicos”, y que “fueron detectadas en tiempo y forma, siendo su manejo a tiempo y dentro de los protocolos establecidos por los médicos tratantes”. Asimismo, refiere que el alta voluntaria “deslinda de responsabilidad a los médicos al no aceptar el tratamiento indicado en cardiología”.
Amelia presentó un recurso de inconformidad, además de una demanda penal ante la procuraduría estatal para que ésta investigue y sancione a los responsables. Está en espera de una resolución en ambas instancias, pero el plazo para el recurso de inconformidad venció el 31 de octubre. La abogada del doctor Nájar le informó que éste no está dispuesto “ni a pagar ni a decir la verdad”.
Esta reportera solicitó una entrevista con la coordinadora de Atención y orientación al derechohabiente o los miembros del Consejo consultivo de la delegación estatal. Fue atendida vía telefónica por Juan José González, coordinador de Comunicación social. Enfatizó que si se declaró improcedente la queja, “es porque los elementos jurídicos, médicos, clínicos, son improcedentes. No escatimamos el derecho de nadie”.
El funcionario, que dijo conocer el caso, afirmó que “ella (Amelia) ha ido a otras instancias y no le han dado lo que ella quiere. Ha estado yendo a los medios de comunicación para presionar. Nosotros no podemos litigar mediante presiones, esto es por ley. Si le hubiera correspondido, ya estuviera finiquitado”.
Los médicos encargados de investigar si hubo negligencia o falta de atención médica son asesores externos, dijo, quienes ponen el caso a consideración del Consejo consultivo, conformado por representantes de instituciones como la CROC y la Canaco, “y si ellos determinan que hay que pagar, se paga. El IMSS no es juez y parte”.
Mediante el IFAI, esta reportera solicitó al IMSS el número de quejas e inconformidades, así como los recursos de inconformidad presentados por los derechohabientes en la delegación Jalisco, en 2006 y 2007, y en cuántas de ellas procedió la reparación del daño. Hasta el cierre de esta edición, la dependencia no había contestado la petición.
