El terrorismo avanza gradualmente en todos los países. Es una más de las consecuencias del crimen organizado. El terrorismo está ligado directamente con el narcotráfico y con otras prácticas delictivas, que requerirán un esfuerzo de las naciones desde el punto de vista económico, jurídico y tecnológico para erradicarlo.
Estos esfuerzos, no obstante, no podrán tener resultados si la sociedad civil no se compromete con el seguimiento y la regulación de la violencia social y de la violencia política. De esta realidad no escapan tampoco los medios de comunicación, cuya tarea se encuentra a contracorriente de una esfera ética que se percibe al borde del colapso. Así lo señalaron los humanistas en la FIL. Lo más granado y especializado que sobre el tema existe en Iberoamérica estuvo aquí.
Europa se ensucia
Este continente es el nuevo destino de los capitales provenientes del crimen organizado, a raíz de que en Estados Unidos (EU) se implantó la Ley Patriota debido a los atentados del 11 de septiembre, afirmó la especialista Loretta Napoleoni, economista y periodista, experta en terrorismo y mundo árabe, y que participa en el Encuentro de humanistas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). “La Ley Patriota generó un flujo de salida del área de inversión de dólares a euros; esto causó que se movieran los negocios de EU, donde antes se lavaba el dinero, y pasaron a Europa, que se convirtió en el mayor centro de lavado de dinero del mundo”.
Este ajuste económico que se produjo cuando los bancos se resistieron a ser auditados en Estados Unidos y recomendaron a sus clientes buscar otras conexiones, también tuvo repercusiones en países como Colombia, donde el crimen organizado se topó con que ya no podía lavar su dinero tan fácilmente en EU, señaló la especialista. “Entonces lo que pasó es que la cocaína empezó a moverse de Latinoamérica a Europa, vía Italia, y el dinero de la venta del producto empezó a lavarse en negocios y bienes raíces de Europa, y así lavaron las utilidades sucias y luego regresaron las utilidades a Colombia”.
Las consecuencias de la aplicación de la Ley Patriota son: la caída del dólar estadunidense y la transformación de Europa en el nuevo centro de lavado de dinero del mundo, explicó la especialista, quien previno que el precio del petróleo seguirá aumentando no debido a la situación de Irak, sino a redes de consorcios que especulan y apoyan a organizaciones terroristas. La globalización de la economía criminal, señaló, comenzó cuando se desreguló el mercado financiero internacional a principios de los años noventa y en sus mejores momentos ha llegado a manejar 1.5 billones de dólares, lo que representa el cinco por ciento del producto interno bruto del mundo.
De estos capitales, al menos la tercera parte son constituidos por dinero que pasa de un país a otro de manera ilegal, y otros 500 mil millones de dólares “son de dinero generado por organizaciones armadas y criminales, lo que se define como economía del terrorismo”.
Convenciones antiterroristas sin consensos
El prestigiado jurista, Carlos Castresana, afirmó en su intervención, que la violencia política es un “disolvente de las sociedades” y una de sus expresiones. El terrorismo es un delito de tratamiento complejo, en el cual se registra muy poco avance en su consenso, y así, aunque hay 12 convenciones –a lo más que se ha podido llegar– sobre su concepción, hace falta más esfuerzo para definirlo entre las naciones. “Tenemos convenciones para aeropuertos, para plataformas de petróleo, para personas protegidas. Vamos poniendo la venda allí donde encontramos la herida, pero no hemos sido capaces de consensuar una respuesta unánime”.
Castresana explica que los acontecimientos de 2001 en adelante, muestran “descarnadamente” cómo la comunidad internacional no ha sido capaz de consensuar las respuestas legislativas, sino principalmente la aplicación de medidas para superar el terrorismo. Los fenómenos delictivos se retroalimentan.
El problema de las criminalidades organizadas transnacionales es uno de los más preocupantes, junto con el terrorismo, naturalmente, y desde luego, en muchos países hispanoamericanos el problema del crimen organizado tiene unas dimensiones importantes, porque el crimen organizado se combina con el narcotráfico y con la corrupción.
Son tres conceptos o tres fenómenos que se autoalimentan mutuamente, aseguró el jefe de la Audiencia española, Javier Alberto Zaragoza. “Creo que en el fondo el problema del narcotráfico está un poco en el origen de todo esto. Son las naciones que más han sufrido el narcotráfico aquellas que han vivido con mucha más intensidad el fenómeno de la corrupción. Narcotráfico es equivalente a crimen organizado y naturalmente se deja sentir más en algunas naciones hispanoamericanas, precisamente por ese motivo”.
Medios banales y protagónicos
La cobertura informativa del terrorismo y de las expresiones de la delincuencia organizada es hoy una tarea inacabada para el periodismo, aseguró en su intervención Ernesto Villanueva, especialista en derecho de la información. “La inmediatez de la noticia y el sentido de la primicia y de la oportunidad han privado a la mayor parte de los medios del uso de la ética, principalmente después del 11 de septiembre de 2001”, señaló el mexicano.
La espectacularización de la noticia y sus efectos colaterales, lo que ha logrado es desnaturalizar el derecho a la información, creando estereotipos de enemigos –sin información confirmada– “y la transformación de medios y periodistas en actores protagonistas y no en observadores imparciales”.
Esta apreciación de la información, explicó, provoca un proceso de ansiedad y estrés creciente en importantes sectores de la sociedad, y que se traduce en un impacto negativo en la calidad de vida y en actitudes proactivas de racismo y xenofobia que minan el sentido de civilidad y avance democrático.
El turno de la sociedad civil
Para empezar a revertir la propagación de la delincuencia organizada es necesario insistir en la preparación de la policía, “que la sociedad civil dialogue con las fuerzas policiales para contribuir a la gobernabilidad en los países y en las ciudades”, recomendó la académica y especialista sobre seguridad, terrorismo, narcotráfico y delincuencia organizada, Margarita Daly Hayes.
La académica abundó en que la sociedad debe llegar a un estado de “conducción civil, donde debe capacitar a la policía para poder exigir obligaciones que la misma sociedad diseñe”.
Es un proceso de diálogo de responsabilidad de una y otra parte, y la sociedad civil tiene que definir la visión de los mecanismos de control de las corporaciones policiacas, pero bajo la condición de que las fuerzas de la policía, sus instituciones, se subordinen voluntariamente a la conducción de la sociedad civil.
