“Evita fotomultas, aquí tenemos micas para tus placas”, dice un letrero afuera de una refaccionaria ubicada en avenida de los Maestros en Guadalajara. En dicho establecimiento, en tan sólo 20 minutos colocan una especie de plástico que supuestamente reduce la visibilidad de las letras y números a la hora de ser tomada la fotografía.
Para la Secretaría de Movilidad alterar la visibilidad de las placas es motivo de infracción y sostiene la tecnología de las cámaras fotorradares es capaz de determinar la numeración del vehículo aunque esté contraecho.
Pero, paradojicamente, las mismas fotoinfracciones son ilegales. A cuatro años de implementada como una estrategia para reducir la cantidad de accidentes por exceso de velocidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y luego de cientos de millones de pesos recaudados por el Gobierno de Jalisco en este concepto, la medida sigue estando fuera de la ley, asegura Marco Antonio González Mora, coordinador de los Bufetes Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.
A decir de González Mora, ésta va en contra del Artículo 16 de la Constitución, donde se establece que nadie puede ser multado sin que haya en el momento puño y letra de una autoridad competente, en este caso de un agente vial. “Ni siquiera sabemos si esas fotoinfracciones están siendo monitoreadas por la Secretaría de Movilidad”.
El coordinador consideró que esta estrategia debió haber sido precedida por iniciativas ante el Congreso para hacer las adecuaciones correspondientes y así evitar contravenir la ley.
Al no haberlo hecho de esta manera, explicó, los ciudadanos acreedores a estas infracciones están siendo afectados por una medida ilegal, por lo que pueden solicitar un juicio de nulidad de acto administrativo.
Informó que este proceso se lleva a cabo en los Tribunales Administrativos del Estado de Jalisco, y aunque puede llevar de tres a seis meses, es seguro que el ciudadano lo gane.
Tan sólo los Bufetes Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, comentó Marco Antonio González, han llevado a cabo 123 juicios de este tipo, de los cuales el 100 por ciento han sido favorables para el solicitante.
Aclaró que ésta no es una forma de incitar a la población a violar los límites de velocidad, sino un llamado a las autoridades para que antes de implementar una medida administrativa, prevean las modificaciones necesarias en las normas.
“No estamos en contra de la disminución de accidentes y muertes, estamos en contra de que esta medida no está dentro del marco de la ley”, y que “el ciudadano debe asumir su responsabilidad y conducir siempre dentro de los límites permitidos, y no buscar excusas, para evitar posibles accidentes”.
En 2014 se emitieron más de 850 mil folios por fotoinfracción desde los 32 puntos en donde están ubicados los fotoradares. De acuerdo al secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, el Gobierno del Estado recauda por concepto de fotoinfracciones 200 millones de pesos anuales. Actualmente el costo de una fotoinfracción es de 685 pesos.
