El trabajo informal de las mujeres que maquilan ropa desde su casa en San Miguel el Alto, viola por lo menos una decena de derechos humanos y laborales contenidos en legislaciones locales y federales así como en tratados y convenios firmados por México ante diversos organismos internacionales. Esto se desprende de la investigación 33/2008, realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), a raíz del reportaje publicado en La gaceta en enero de este año.
En dicha investigación, coordinada por el tercer visitador, Alfonso Hernández Barrón, la CEDHJ constató las condiciones laborales precarias en las que están inmersas las mujeres que atienden unos 300 talleres textiles domésticos en ese poblado, y la pasividad del gobierno municipal ante la informalidad y desprotección en que éstas se encuentran por parte de los empresarios que las emplean.
En entrevista, Alfonso Hernández relata que en la visita realizada a San Miguel durante los primeros meses del año encontraron “una gran cantidad de talleres y fábricas relacionadas con la industria textil, que la presidencia municipal incluso ha impulsado como un atractivo turístico”.
El equipo de la comisión que se trasladó a dicho municipio en la región de los Altos de Jalisco, corroboró lo que La gaceta dio a conocer en su edición 513: que las mujeres que en estos talleres trabajan de manera formal o subcontratada lo ven como una oportunidad de trabajo y de desarrollo. “Incluso llegan a percibir salarios muy superiores a los que les ofrecen otras actividades en la región. La situación de pobreza, de falta de oportunidades y empleo favorecen a (los empresarios) quienes ponderando el beneficio económico trastocan derechos fundamentales de las personas”.
En el reporte de investigación, Hernández Barrón señala que dicha situación viola múltiples derechos contenidos principalmente en la Ley Federal del Trabajo, tales como: empleo estable, salario suficiente, condiciones satisfactorias de trabajo, libertad sindical, huelga, contratación colectiva, género y maternidad, protección del trabajo —particularmente de menores—, la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos y la justicia laboral.
Estos atribuciones, dice, son reconocidas también en los artículos 1°, 5°, 6°, 8°, 9°, 14°, 16° y 123 de la Constitución Mexicana; en el Artículo 4° de la Constitución local, los cuales son de observancia obligatoria por el estado mexicano. Están contenidos además en la Declaración universal de derechos humanos, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, la Convención interamericana de los derechos humanos, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pasando por múltiples convenios elaborados en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo.
“Todos estos derechos laborales quedan trastocados cuando las personas, por necesidad, aceptan condiciones de explotación en la industria textil, que ahora experimenta un proceso de dispersión y separación del proceso productivo. San Miguel el Alto es una de las aduanas o espacios donde se realiza parte de este ciclo”. “El salario mínimo para la región es de 355 pesos a la semana, en promedio. Los índices de empleo no son los mejores, así que cuando las personas encuentran la oportunidad de ganarse 600, 800 o hasta mil 200 pesos por maquilar en su casa, aceptan trabajar para estas empresas y se ven obligadas a aceptar tales condiciones de subcontratación”.
Mención aparte merece el tema de los niños y niñas que son involucrados en este trabajo, dice. Quizá lo ven como una forma de diversión, pero los va encaminando a un trabajo que les crea un modelo de desarrollo y una perspectiva de inclusión y evolución laboral.
Sergio Manuel González Rodríguez, académico del CUCEA que en 2002 publicó un estudio sobre la industria textil en los Altos, expresa “la costumbre que ellas tienen desde siempre de bordar, coser o tejer, y los empresarios las aprovechaban para tener mano de obra barata. No tenían que poner instalaciones porque ellas hacían los trabajos desde su casa y así no gastaban en seguro social ni aguinaldos”.
“Es un lugar estratégico con mano de obra que por tradición ya está capacitada. Lo ideal para las empresas”. La zona está enclavada en la carretera a ciudad de México y queda de paso para San Luis Potosí, Zacatecas y rumbo a la frontera con Estados Unidos.
Aprovechando tales ventajas y que el gobierno del estado les dio facilidades para invertir, empresas extranjeras comenzaron a instalarse en municipios de la región. “Incluso había programas de capacitación de mano de obra financiados por el gobierno estatal para que las mujeres pudieran trabajar con estas empresas”. Se integró una especie de ruta del vestido en Jalisco que partía de Zapotalenjo, y llegaba a los Altos: Tepatitlán, Lagos de Moreno, Degollado, Ayotlán, San Miguel, Villa Hidalgo y Teocaltiche.
Esta situación tiene su antecedente en los años ochenta, cuando los empresarios comenzaron a buscar mujeres para que les auxiliaran en la maquila de ropa para la temporada de diciembre y después las dejaban sin empleo.
“A veces el trabajo que se les pide no requiere de maquinaria de alta tecnología, de tal forma que no es necesaria una mano de obra calificada y hasta un niño puede deshebrar, deshilvanar, o realizar alguna otra etapa del proceso productivo. Aunque es dentro del hogar, la regulación de este trabajo compete a autoridades federales. En este sentido, el estado mexicano le queda a deber a estas mujeres y niños, pues no existe una legislación completa que evite la discriminación y la explotación en contra de este tipo de trabajo”, dice Hernández Barrón.
