El juez de la Audiencia nacional de España, Baltasar Garzón, se mostró tranquilo y dispuesto a que la segunda Sala penal del Tribunal Supremo de ese país abra un juicio en su contra, por lo cual ejercerá su derecho de defensa, pues la ley es igual para todos y debe ser aplicada sin distinciones, dijo.
Al magistrado se le abrió una investigación en la que es acusado de recibir remuneraciones de más de un millón y medio de dólares como profesor invitado en la Universidad de Nueva York, pues su nombramiento como parte del poder judicial español le impide recibir cualquier tipo de pago. Dichas imputaciones fueron presentadas luego de que mostrara su interés por investigar los crímenes durante la dictadura franquista en España.
En rueda de prensa previa al curso y conferencia titulado “Justicia universal”, que dictó este jueves como parte de la cátedra latinoamericana Julio Cortázar, Garzón rechazó sentirse perseguido por el poder judicial español, pero desea que las imputaciones en su contra sean aclaradas lo más pronto posible.
“No me siento perseguido. Siempre he dicho que me merece el mayor respeto el Tribunal Supremo y la sala segunda. Hay que defender la independencia del poder judicial y cuando un procedimiento se abre, hay que asumir esa posición. Yo estoy muy acostumbrado, llevo 30 años imputando a personas. La ley es igual para todos. El Tribunal Supremo está haciendo su trabajo y lo único que yo digo es que espero y deseo cuanto antes quede esclarecida la situación”.
El ejército, último reducto
La injerencia del ejército mexicano en labores de investigación y penalización a personas vinculadas al crimen organizado, implica un riesgo elevado para la estabilidad social y la gobernabilidad no sólo en México sino en cualquier país, consideró Garzón.
Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre este tema, el jurista dijo que para cualquier fuerza del orden es difícil lograr un triunfo ante organizaciones criminales como el narcotráfico. “Con la participación del ejército en temas de investigación criminal se asume un riesgo elevado, por que si no se ha podido hacer frente o se trasmite la sensación de que para combatir el crimen organizado y el narcotráfico no son suficientes los cuerpos policiales y se usa a las fuerzas armadas como último reducto, y además no logran el triunfo, el ciudadano queda con la sensación de que nada podrá combatirlo”.
Garzón señaló también que los delitos cometidos por militares deben ser juzgados como cualquier otro delito en tribunales civiles, pues la ley es igual para todos. “Si se está desarrollando labores policiales aunque sean parte del ejército y hay pruebas de que se han cometido hechos delictivos, para eso están los tribunales y la capacidad de denunciar los hechos e investigar a los posibles culpables. No creo que deba haber alguna diferencia en ese caso. Las normas y los límites deben de ser respetados por todos”.
Garzón es licenciado en derecho por la Universidad de Sevilla, España, En 1988 fue nombrado magistrado del juzgado centra de instrucción numero 5 de la Audiencia Nacional de ese país. En 1993 fue elegido diputado por Madrid por el Partido Socialista. Es profesor en la Universidad Complutense de Madrid.
Ha juzgado a activistas nacionalistas vascos vinculados con ETA, además de haber juzgado al ex dictador Augusto Pinochet por delitos contra la humanidad. La UdeG le entregó el doctorado honoris causa en 2003 por su contribución a la historia del derecho internacional.
Caso litigado y en litigio
Baltasar Garzón Real (octubre 1955, Torres, Jaén, España) se convirtió en una celebridad internacional, después de promover una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, y por crímenes contra la humanidad, basándose en el informe de la Comisión chilena de la verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la muerte, instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia.
Desde septiembre de 2008, Garzón recaba información del gobierno español, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos, con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir de la sublevación militar del 18 de julio de 1936, que dio origen a la Guerra civil española. Entre las fosas comunes se supone está enterrado el poeta Federico García Lorca.
