México ha sido un país clave en la negociación y formalización de instrumentos del derecho internacional en temas humanitarios y ambientales, ejerciendo liderazgo en distintas comisiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En esto coincidieron especialistas que participaron en la mesa “México y el derecho internacional a los 70 años de las Naciones Unidas”, realizada en el paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, institución sede del XXII Taller de Derecho Internacional que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) organiza en conjunto con la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
“Luego de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático en Copenhague, de 2009, en la que se concluyó con muchos desacuerdos, México tuvo que ejercer su liderazgo y en la siguiente conferencia, con sede en Cancún, a nuestro país le tocó reanimar un proceso moribundo y buscar consensos. Lo logró, porque esta conferencia terminó con el aplauso generalizado”, dijo la embajadora Socorro Flores Liera, directora general para Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la SRE.
De este modo, para la próxima conferencia, que se realizará en París, se tiene la expectativa de concretar un acuerdo ambicioso en la materia: “Las cartas están en la mesa. Es tiempo que los estados no eludan su responsabilidad en este tema que requiere de la cooperación internacional para evitar la desaparición de la humanidad”.
México fue también protagonista en las discusiones para crear el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Aunque aún hace falta para que esto sea de aplicación efectiva en varios países –incluido México– los diplomáticos nacionales lograron que estos documentos tengan un espíritu de respeto a los derechos humanos y de no criminalización del migrante.
El embajador Joel Hernández García, presidente de la Comisión del Servicio Exterior Mexicano de la SRE, al respecto dijo que “México logró contribuir en que el foco fuera el combate al tráfico y no penalizar al migrante objeto de tráfico. En aquel tiempo nuestra legalización penalizaba al migrante y asumimos el compromiso de modificar esa norma”.
El embajador Alejandro Alday González, director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, puntualizó que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que reúne a 48 estados parte, infortunadamente no cuenta aún con el respaldo de todos los países, sobre todo de Europa, que no tienen intenciones de reconocer derechos a la población migrante.
En cuanto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, México desempeñó el rol principal: “En aquel tiempo se dio una tormenta perfecta para impulsar esta iniciativa mexicana que fue un hito en la historia de las Naciones Unidas, pues incluyó la participación de la sociedad civil”.
En la mesa, que fue moderada por el consultor jurídico de la SRE, Emilio Suárez Licona, también participó el embajador José Luis Vallarta, con el tema de “Derecho del mar”.
