Medios más democráticos

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Las universidades públicas del país, así como los ciudadanos, no deben permanecer apáticos ante las modificaciones a la ley electoral, a través de la cual habrá una regulación en los medios de comunicación, afirmaron el periodista Roberto Zamarripa y el exsenador por el Partido Acción Nacional, Javier Corral.
“Creemos que es posible la legislación de medios y luchamos por ello. Esperemos que este debate lo hagan suyo, porque este tema les pertenece esencialmente, como el derecho al agua, a la salud, a la vivienda, a la seguridad pública. El derecho a la información es un derecho esencial”, expresó Corral, uno de entre los más de 40 exsenadores que se opusieron rotundamente a la llamada Ley Televisa, y hoy presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).
Zamarripa refirió que la ley de medios necesita atender de manera directa “la libertad de competir”, para solucionar las necesidades de la sociedad. “Insisto, no son las necesidades de los políticos, ni de los concesionarios”.
El exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, expresó que espera que en un futuro cercano se otorgue a esta casa de estudios un canal cultural de televisión.“Estamos al tanto de los obstáculos que los medios culturales educativos deben sortear para producir programas de calidad y extender sus audiencias. Por ello resulta indispensable igualar los derechos de comercialización de los permisionarios a los que tienen los concesionarios, o al menos darles mejores herramientas, con el fin de que el espectro de la programación, tan necesario para el desarrollo del país, cuente con los recursos económicos suficientes que permitan a los canales culturales cumplir con sus objetivos”.
Javier Corral comentó que el problema radica en la minoría de empresarios propietarios de la mayoría de los medios de comunicación privados, con un claro desequilibrio con los medios públicos, comunitarios, libres e indígenas, etcétera.
El país necesita un verdadero equilibrio entre el modelo comercial y el público, sin repetir el esquema de medios de comunicación de carácter gubernamental. Se trata de hacer un sistema de medios públicos.
En México, el 82 por ciento de las frecuencias de uso comercial televisiva está en manos de dos familias, el 79 por ciento de las frecuencias de radio en poder de 13 grupos y casi un 80 por ciento del espectro de la televisión es para explotación comercial y lo mismo acontece en la radio.
La periodista Carmen Aristegui comentó que es indispensable no “tener memoria flaca” para comprender lo que ocurre en la actualidad. Para ello es importante el contexto de 2006, en que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucional la Ley Televisa.
Sin embargo, se preguntó, ¿cuál SCJN va liberar la ley de medios? ¿La “que sorprendió gratamente” con la inconstitucionalidad de la Ley Televisa o la que resolvió a favor del gobernador de Puebla, Mario Marín y del empresario Kamel Nacif, y en contra de la periodista Lidya Cacho, quien denunciara una red de pederastas? “Es impresionante ese altísimo contraste en decisiones de tan alto nivel como las que la corte ha tomado”.
En la reforma electoral fue aprobada la prohibición de los spots electorales pagados, situación que ocasionó hace unos meses la molestia de los concesionarios de los medios de comunicación, quienes hicieron una campaña publicitaria en contra de ésta, a través de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. También aprobaron la prohibición de la imagen de los gobernantes por medio de promocionales y el recorte de tiempo de las campañas electorales.
En debate está la segunda fase de las reformas constitucionales aprobadas en septiembre pasado; la discordia está centrada en el anteproyecto de la nueva ley electoral en torno a la supuesta “censura” en la que incurriría el Instituto Federal Electoral (IFE), ya que podría sugerir los contenidos en los noticiarios, las sanciones a los medios electrónicos que desacaten la instrucción. Irían desde la suspensión de transmisiones por un tiempo de una hora o 10 días como máximo.
Se ampara el CCE
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó la semana pasada un recurso de amparo contra la reforma electoral, por considerar que algunas modificaciones violan las libertades constitucionales.
El presidente del organismo, Armando Paredes, afirmó en conferencia de prensa que al CCE le preocupa que la reforma “atente contra las garantías de libertad de expresión y asociación” y se quejó porque, en su opinión, inhibe la participación social en los procesos electorales.
El CCE promovió el voto con espacios publicitarios en medios electrónicos en la campaña de 2006. La izquierda afirmó que favorecieron de manera irregular al ahora presidente Felipe Calderón. El Tribunal Federal Electoral consideró que el CCE violó la ley al difundir esta propaganda, pero señaló que esa irregularidad no fue “determinante” para afectar el resultado de la elección.
Calderón, favorecido por la campaña “sucia” de 2006, justificó públicamente el 23 de noviembre pasado la regulación de que serán objeto los medios de comunicación, “porque utilizan bienes públicos para su difusión”, pero al mismo tiempo refrendó el compromiso de su gobierno de garantizar y promover la libertad de todas las formas de expresión.