Las modificaciones que la Secretaría de Movilidad del estado planea para los taxis de la Zona Metropolitana de Guadalajara y de Puerto Vallarta, pretende oficialmente poner control en el servicio, sin embargo, según argumentan algunos conductores y dueños de permiso de taxi, la información no está transparentada en su totalidad y aún hay interrogantes de cuál es el motivo de los cambios.
“Estamos en ascuas —argumenta Óscar Ramírez, permisionario—; primero nos dijeron que habría que comprar puros carros Toyota, que teníamos que hacer el trámite con Movilidad y que ellos te servirían de aval, pero ahora ya nos dijeron que no, que puede ser cualquier vehículo, que lo que no quieren son los tsurus, que casi todo taxista usa. La bronca aquí es que otro tipo de vehículo impacta en el consumo de gasolina o en las refacciones, pues cuesta más dinero, también tenemos que acudir a un curso que Movilidad impartirá, pero en general no nos han indicado fechas, qué papeles o registro tenemos que hacer”.
Entre los cambios que se prevén resalta el color, que será para Guadalajara plateado y amarillo; además los taxistas tienen que anotarse en el Registro estatal de movilidad, como cualquier otro transportista, de acuerdo a palabras del propio secretario de Vialidad Mauricio Gudiño, siendo ésta una alternativa para “combatir los taxis piratas”, pues los vehículos contarán con un registro QR que permitirá a la dependencia validar los taxis sin permiso. La intención de cambiar los vehículos radica también en la seguridad, pues ahora es obligación contar con bolsas de aire.
Al respecto, el profesor y experto en Políticas públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Harold Dutton, declara que el cambio de color es una medida “absurda y caprichosa”, pues el gobierno del estado ha permitido que el gremio taxista se convierta en un “negocio particular” y no ha trabajado en una política pública clara que permita un control adecuado de cuántos vehículos de taxi deben circular por la ciudad, y cuántos permisos y con qué lineamientos se entregan.
“Eso no tiene nada que ver con política pública de movilidad, creo que eso es un signo de mala planeación gubernamental en este tema. Se requiere mucha más transparencia por parte del gobierno del estado, donde haya una política pública real y que no se haya hecho como a la fecha”.
Añade que el problema de los taxis radica en la manera en que se otorgan permisos, ya que hay personas que cuentan con muchos y esto impide una claridad y una transparencia, incluso, comenta, puede provocar cierto tipo de inseguridad, pues no hay un registro que sea claro de cómo se maneja el gremio y quiénes son los que están desempeñándose en prestar este servicio.
Sobre las alternativas de movilidad en servicios como UBER, Dutton argumenta que “este tipo de sistemas se pueden insertar en un modelo libre de mercado”, pues el consumidor elige quién le brinda el servicio, debido a que la propia aplicación de UBER solicita una serie de datos que cuando la persona solicitará el taxi, ya se sabe quién es quien hará el viaje.
“Allí hay una ventaja, de que los taxistas se pueden registrar en Uber, pues si tú quieres brindar el servicio, te registras y como usuario hay mayor seguridad, porque sabes quién te va a recoger”, aunque, concluyó, el propio gobierno no ha sabido aprovechar la incursión de las nuevas tecnologías y por ende, no ha podido sacar ventaja de las bondades de estas herramientas.
