Medidas a medias

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La semana pasada, Enrique Peña Nieto nombró al ex consejero electoral Virgilio Andrade como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Durante el anuncio afirmó que este funcionario investigará si hubo o no conflictos de interés en la adjudicación directa de contratos de obra pública a empresas con las que adquirieron inmuebles el mandatario, su esposa y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

“Andrade tiene un currículo impresionante, pero tiene una relación muy cercana con Videgaray. Uno estudiaba Economía cuando el otro estaba estudiando Derecho en el ITAM. Andrade era el presidente del consejo de alumnos. Tienen una amistad de por lo menos 25 o 30 años. Lo sensato hubiera sido que el propio Virgilio dijera: yo no puedo aceptar el cargo, porque tengo conflicto de interés. ¡Es el primero que debía hacerse a un lado!”, afirma Harold Dutton Treviño, profesor adscrito al Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, de la UdeG.

La SFP fue desaparecida por el Congreso de la Unión en noviembre de 2012 y debía ser reemplazada por un organismo autónomo. Desde entonces funcionó con un encargado del despacho, pero ahora se dio marcha atrás y se le revivió como secretaría.

El nombramiento del “fiscal de hierro” fue acompañado de ocho acciones ejecutivas para combatir la corrupción: la obligación de presentar, en mayo, una declaración de posibles conflictos de interés; la creación de la unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés; la emisión de un catálogo de reglas de integridad para el ejercicio de la función pública federal; el establecimiento de protocolos de contacto entre particulares y funcionarios responsables de contrataciones públicas. En complemento a la anterior, la administración pública federal tendrá hasta abril para clasificar el nivel de responsabilidad de estos servidores; acelerar la operación de la ventanilla única nacional para los trámites y servicios del gobierno; detallar la lista pública de proveedores sancionados y ampliar mecanismos de colaboración con el sector privado.

“Cualquier medida que abone a combatir conflictos de intereses y corrupción, debe ser bienvenida. Sin embargo, creo que esas medidas quedan a medias. Hablan de publicar la lista de sanciones. Si no lo hacían, se trata de un incumplimiento a la Ley de Transparencia. Eso desde 2000 está previsto. Ya debería estar el padrón de empresas y funcionarios sancionados, y que sea de fácil acceso. Es una medida tardía. Ya existe un código de conducta para funcionarios federales, desde Fox, cuando medianamente intentó reforzar la secretaría. No es ninguna novedad”, explica Dutton Treviño.
Dice que actualmente la declaración patrimonial es información reservada y si a la declaración de conflictos de intereses le van a dar el mismo trato, “la ciudadanía se quedará en las mismas”.

Durante el anuncio de las acciones para combatir la corrupción, Peña Nieto fue enfático respecto a los escándalos de las casas adquiridas a empresas beneficiadas con obra pública: “El presidente no otorga contratos, no adjudica obras, no participa en ningún comité de servicio”, argumentó.

De acuerdo con la ley, Peña Nieto efectivamente no adjudica obras, ni tampoco como gobernador lo hacía, admite Dutton Treviño. Sin embargo, cree que es absurdo pensar que un mandatario no tenga incidencia alguna en ello.

Puso como ejemplo que al retirar la concesión del tren México-Querétaro, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) reveló que no existe documento alguno en el que conste la motivación y fundamento de la cancelación.

“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes respondió al IFAI que la propuesta se llevó de forma presencial entre el titular de la dependencia y el ejecutivo federal. No hay nada escrito, ni sustento alguno. Sólo el susurro del secretario, y bastó ese susurro para que el presidente decidiera que todo está bien. Eso, para un país como México, que se jacta de ser parte de la OCDE, es sumamente preocupante.

No podemos pensar que el presidente tome así las decisiones. Con eso se derrumba la resurrección de la Secretaría de la Función Pública. Nos están dando claros indicios de que toman las decisiones en petit comité y no documentan”, concluye el investigador.

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