Para lograr una mayor recaudación fiscal, el Gobierno mexicano deberá detectar a las empresas del crimen organizado y a aquellas que venden y compran facturas, afirmaron especialistas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), en la Conferencia “Efectos fiscales del paquete económico 2018”.
Ernesto Manzano García, académico del CUCEA y especialista en impuestos, calculó que en el país hay 64 mil empresas con indicativos de lavado de dinero, pero sólo se fiscaliza a 2 por ciento de éstas. También hay unas siete mil empresas con operaciones simuladas, identificadas por las “listas negras” del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Estos ilícitos son considerados por el Código Penal Federal como delincuencia organizada y serán perseguidos tanto quien vende como quien compra, una práctica que es común no sólo entre empresas, sino entre los gobiernos locales, quienes suelen crear empresas fantasmas para desviar recursos, como ha sucedido en Chihuahua y Veracruz, afirmó el también experto en derecho fiscal.
“Lo que es peor: el monto de lo que están facturando falsamente equivale a una tercera parte de los recursos de la Ley de Ingresos de la federación para 2018. Prácticamente, este país vende y compra facturas, no sólo los gobernadores, la mayoría de las empresas compran facturas”, sentenció Manzano García.
Este año el Gobierno mexicano optó por no crear nuevos impuestos pero sí fortalecer la presencia y vigilancia del SAT a los contribuyentes, con la intención de aumentar en 43 mil millones de pesos el presupuesto de ingresos y llegar a cinco billones 279 mil millones de pesos para subsidiar los gastos que implicarán las elecciones de julio, así como el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre del año pasado.
El SAT además buscará una mayor fiscalización de las empresas de subcontratación conocidas como outsourcing, lo que supone una reforma a la Ley Federal de Trabajo y una mejor protección para los trabajadores.
En cuanto a los efectos de la reforma fiscal de Estados Unidos, los especialistas consideraron que será “un fuerte golpe” para las empresas automotrices instaladas en suelo mexicano, ya que la medida del Presidente Donald Trump establece que los vehículos que sean vendidos en los tres países que conforman el Tratado de Libe Comercio de América del Norte tendrán que ser fabricados con autopartes de manufactura estadounidense.
Es poco probable, sin embargo, que las empresas automotrices abandonen sus inversiones en este país, debido a la diferencia de salarios entre ambas naciones: mientras que en Estados Unidos deben de pagar a un trabajador entre 45 y 50 dólares diarios, en México la remuneración apenas alcanza los cuatro dólares.
Afirmaron que, en contraparte, la reducción al Impuesto Sobre la Renta de la reforma fiscal estadounidense, mediante la cual la mayor parte de los ciudadanos pagaría menos impuestos, beneficiaría a México, pues los connacionales que trabajan allá tendrán más dinero y podrán enviar mayores remesas a sus familiares en este país, lo que ayudará a mantener los ingresos nacionales.
