Los retos de Jalisco en educación

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Una de las tareas más apremiantes que deberá emprender el próximo gobernador de Jalisco es la atención a la educación en todos sus niveles y modalidades, ya que para lograr el progreso que requiere nuestra entidad, es necesario que haya oportunidades educativas, sin importar la región, municipio o localidad, para que todos los jaliscienses puedan desarrollar sus capacidades y tener una mejor calidad de vida.
Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en Jalisco hay 223 mil 751 habitantes de 15 o más años que son analfabetas, a los que se suman 925 mil 868 que se reportan sin escolaridad o con estudios incompletos de primaria, así como aquellos que habiendo concluido la primaria, carecen de estudios secundarios o cursaron parcialmente este nivel educativo, lo que hace urgente la implementación de un programa estratégico e integral que permita a la población terminar sus estudios y capacitarse para una labor productiva.
A lo anterior se agrega el rápido cambio en la pirámide demográfica, lo que implica tomar medidas emergentes para atender a un número creciente de jaliscienses que demandarán programas educativos de todos los niveles. Basta señalar que los grupos de edad de mayor crecimiento están en dos rangos: el de 6 a 11 años, con un universo de 877 mil 596 niños que buscarán ingresar a secundaria y al nivel medio superior en el ya próximo sexenio, y el de 18 a 24 años, con una población de 952 mil 623 habitantes, de los cuales menos de un 30 por ciento tienen acceso a la educación superior. Jalisco se encuentra en el lugar 26 en cobertura en educación secundaria, debajo del indicador promedio nacional, que es de 95.9 o en el triste lugar 31 en cuanto a la absorción en el nivel medio superior, por debajo del promedio nacional, que es de 96.7.
Si en la Zona Metropolitana de Guadalajara presenta problemas para dar atención a la demanda, en las distintas regiones del estado se vive una realidad más lacerante. Basta citar a la región Norte, donde el 13.9 por ciento de la población es analfabeta y el 14.52 por ciento reporta no tener escolaridad, situación que se agrava sobre todo en los municipios de Mezquitic (primer lugar estatal), Bolaños, Chimaltitán y Villa Guerrero; o la región sureste, que mantiene 11.51 por ciento de analfabetas y 12.59 por ciento que nunca ha asistido a la escuela.
Semejante panorama exige desarrollar estrategias innovadoras de utilización de espacios escolares y la aplicación de las distintas modalidades educativas disponibles. Tal sería el caso de un nuevo modelo de escuela, donde igual que se ingresa a estudiar el bachillerato general por competencias, se pueda cursar un bachillerato tecnológico, una carrera terminal como profesional medio, o los primeros semestres de una licenciatura para recibir un título de profesional asociado y luego continuar con estudios en cualquier centro universitario o institución de educación superior; igualmente sería posible ingresar a tomar cursos y diplomados de actualización o de formación para el trabajo.
Sin embargo, la condición para el aprovechamiento de la infraestructura educativa disponible es la estrecha colaboración entre las instituciones de educación superior con la Secretaría de Educación Jalisco, en un marco de apertura, para garantizar que se cuente con planta docente preparada y las condiciones de libre tránsito entre escuelas, subsistemas e instituciones educativas, lo que representa un reto de grandes dimensiones.
Es imposible no traer a colación los principios básicos de la administración pública, que se enmarca en una identidad y estilo de gobernar acorde a las diversas formas y personalidades de los gobernantes, pero también esto no puede ser al margen de las necesidades de los usuarios, del consumidor, del oferente, del proveedor, del empresario, del servidor público; en síntesis, del ciudadano en todas sus manifestaciones.
En este ámbito confluyen múltiples intereses y requerimientos por atender, que deben ser analizados por cada uno de los tomadores de decisiones y con la ciudadanía como eje, lo que exige planear e implementar las mejores políticas y programas públicos, que en el marco de la legalidad y legitimidad, busquen el bien colectivo, bajo la tutela del Estado, con la interacción ciudadana.

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