En días pasados el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel íngel Inzunsa, manifestó su preocupación por los 38 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan en América Latina y que representan la cuarta parte de jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad, pues actualmente hay 150 millones de jóvenes en ese rango de edad en la región.
El concepto de nini, en su sentido más amplio, se refiere a aquellos que viven bien y no necesitan de su esfuerzo, en tanto hay otras personas, principalmente padres, que garantizan su bienestar y su futuro con su trabajo; no tienen ingresos ni se preparan para ello, pero sí generan gastos (manutención, comida, transporte, entretenimiento, vestido etcétera.) Sin embargo, en los países de economías emergentes, como México, tenemos un ingrediente adicional, que es la pobreza, así como políticas públicas que no atienden como una prioridad a este segmento poblacional.
Durante el Foro sobre juventud y seguridad, en la sede de la OEA, en Washington, Insulza señaló: “Estos jóvenes no van a la escuela, ni tienen trabajos estables”, al tiempo que advirtió que esta situación los pone en grave riesgo de ser afectados por el crimen, ya sea perpetrándolo o como víctimas, pues los jóvenes latinoamericanos son 30 veces más propensos a encontrar la muerte como víctimas de un homicidio, en comparación con los jóvenes europeos.
Ante la claridad de estos datos, no hay duda que los jóvenes en nuestro país son una población vulnerable, en riesgo y en algunos casos hasta infractores, producto de la pobreza y falta de oportunidades, principalmente educativas y laborales. Debo señalar que efectivamente uno de los principales factores de riesgo de los menores que desarrollan carrera delictiva es el abandono escolar, o la falta de oportunidades educativas.
De acuerdo a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es uno de los países que menos invierte en educación, es decir, menos del 1 por ciento del PIB; además, la mayor parte de esa inversión se va en los sueldos de profesores, y dicho sea de paso, los profesores de México son los peor pagados, de acuerdo a los datos de la propia OCDE.
México necesita un Estado que favorezca y propicie la igualdad, a través de servicios como la educación, la seguridad y la sanidad, de manera universal. Por supuesto que a la par hay un costo y ello tiene que ser asumido por toda la población, de una manera equitativa, en donde se promocione y desarrolle la cultura del esfuerzo, frente a aquella que propicia la pillería y/o el aprovecharse del esfuerzo del otro, en donde la corrupción de los funcionarios de gobierno sea castigada de forma ejemplar.
A nivel familiar, la alternativa para prevenir esta situación es la educación centrada y motivada hacia propiciar un futuro a la persona que la recibe, es decir, a los hijos, que dé como resultado conocimientos, destrezas y estrategias, así como actitudes suficientes para dar respuestas significativas en ambientes significativos.
