El crecimiento desordenado de las ciudades ha provocado que la sociedad popular tenga que vivir segregada en espacios en los que carecen de servicios básicos como escuelas, hospitales o áreas de recreación. Es así que desde el año 2000 a la fecha, la Zona Metropolitana de Guadalajara está constituida por guetos, se convierte cada vez en una ciudad más dividida y con una desigual distribución de la riqueza y de oportunidades.
Esta es una forma de violencia social que se ha incrementado en los últimos años y representa uno de los focos rojos que se encontraron mediante el “Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales, para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia”, estudio en el que participaron 15 investigadores de la UdeG, del Colegio de Jalisco, del ITESO, y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS Occidente).
“Hay una distribución de los espacios para la vivienda que va de acuerdo a las grandes desigualdades socioeconómicas que existen. Del 2000 en adelante hay un agudizamiento del acelerado crecimiento hacia las afueras, como Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá. Se acentúa la segregación espacial, se dificulta el traslado y la comunicación y contribuye a una ciudad más impersonal”, explicó la coordinadora local del estudio e investigadora del CIESAS, la doctora María Guadalupe Rodríguez Gómez.
“Debemos hacer un llamado a la necesidad de un desarrollo urbano con el fin de disminuir los riesgos y la situación que cada vez se precariza más del hábitat rural, crear áreas en distintos espacios de la metrópoli más completos, integrales y amables”, indicó la especialista.
Aumenta la violencia y se diversifican sus formas
El diagnóstico partió de tres supuestos: existe una violencia estructural que se manifiesta en desigualdad, pobreza, exclusión, discriminación e injusticia; hay una ausencia del Estado de Derecho; y hay muy poco peso de la responsabilidad social.
Además de la “segregación” de Guadalajara, el estudio arroja distintas formas de violencia social, indicó la doctora Laura Carrera Lugo, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
“La violencia, en sus distintas formas, está impidiendo el desarrollo pleno de las capacidades físicas, emocionales e intelectuales de las personas. La violencia social no sólo representa una amenaza directa a la seguridad humana, constituye simultáneamente un impedimento igual o más importante al desarrollo socioeconómico”.
El diagnóstico demostró que en los últimos 20 años ha habido una acentuación de la intensidad y una diversificación de formas de violencia social en la ZMG. Además, la agudeza de la desigualdad social y la falta de empleo son “caldo de cultivo para el crimen organizado”, siendo los jóvenes los más propicios para incorporarse a las actividades delictivas, ya que el 50 por ciento de la población de Jalisco vive en la ZMG. De éstos, dos millones 200 mil jóvenes, entre el 30 y 40 por ciento, están desempleados entre los 15 y 25 años.
“De los 80 para acá, la violencia social es igual o más importante que la violencia del crimen organizado, a pesar de que tanto el Estado y los medios se esfuercen por negarla”, explicó Rodríguez Gómez.
Añadió que otra de las expresiones de las diferentes formas de violencia es la precarización del empleo y de los salarios, la violación de los derechos laborales y el deterioro de las condiciones de trabajo. “Si esto lo vinculamos con la educación, tenemos que cada vez hay más jóvenes escolarizados, pero menos oportunidades de empleo para ellos. Estas son formas de violencia y son detonadores de problemas muy serios para la ZMG”.
La investigación se realizó por iniciativa del organismo Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social) y por solicitud de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación.
El objetivo principal es diseñar las políticas públicas y programas sociales pertinentes. “Los ejes que deben seguir las acciones a llevar a cabo tienen que ser el respeto a la dignidad, a los derechos humanos, a la libertad, la lucha contra la pobreza, el hambre y la enfermedad, la promoción del desarrollo económico, de la inclusión social y de la educación”, puntualizó Rodríguez Gómez.
