Hoy el país enfrenta una de las crisis económicas más severas de su historia, no sólo porque nuestro producto interno bruto (PIB) ha decrecido en más de un 10 por ciento, sino porque este año siguieron cayendo los ingresos de los migrante en más de un 18 por ciento respecto al año anterior. Junto con estos problemas, ahora enfrentamos un desempleo de más del seis por ciento y una reducción del gasto en educación de más de siete mil millones de pesos, situación que pone en serios problemas el futuro de todos los mexicanos y, en particular, el de nuestra juventud.
Con preocupación seguimos viendo las consecuencias de la irresponsabilidad de quienes instrumentaron la aventura neoliberal; la aventura de abandonar el mercado interno para favorecer la apertura comercial indiscriminada en contra de nuestros productores; la aventura de liberalizar el sector financiero, de desincorporar y vender las empresas públicas y de hacernos creer que entraríamos por la puerta grande al primer mundo.
Para hacer creer a los mexicanos y al resto del mundo que ya estábamos preparados para jugar en las grandes ligas, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la OCDE capítulo México, presentó en 1992 un informe que decía que nuestro país había alcanzado un nivel de desarrollo próximo a la media de los países más industrializados.
México fue presentado ante la comunidad económica y financiera internacional como un país que había pasado de ser una economía predominantemente rural, a una importante nación comercial. Una economía en la que el ingreso per cápita era del mismo orden que el de los países de menor ingreso de la OCDE; en la que el PIB de la industria manufacturera era en promedio similar a la de los miembros de ese club e incluso con una productividad superior en México cercana a uno por ciento respecto a los 24 países ricos de ese organismo.
Dijeron también, que la razón deuda pública/PIB de México se encontraba por debajo del promedio de los países OCDE, que la participación del gasto del gobierno en proporción al PIB era inferior a la de cada uno de los países de ese organismo y que el crecimiento del país era desde 1989 comparable con el de los países miembros de mayor desarrollo.
Es verdad que el país había venido creciendo desde entonces a una tasa del tres por ciento, pero por debajo de la tasa del 6.1 por ciento que había crecido la economía en el largo periodo de 1934-1982, antes de los gobiernos neoliberales.
La realidad es que durante el salinismo, la economía, más que mejorar, había empeorado, pues durante el periodo 1989-1994, el PIB por habitante sólo fue de 0.8 por ciento y el magro crecimiento del PIB se logró a base del endeudamiento externo, pues para 1990 México había emitido el 95 por ciento del total de los bonos de deuda de toda la América Latina.
Seguramente muchos de mi generación recordarán que durante el sexenio salinista se difundió interna y externamente que el país había logrado un significativo crecimiento del PIB, el saneamiento de las finanzas públicas, el control de la inflación y la repatriación de capitales, etcétera.
El que México fuera presentado ante la opinión pública nacional e internacional como una nación que había alcanzado un nivel de desarrollo próximo a la media de los países industrializados, lo dejó fuera de cualquier exigencia de tener un trato preferencial a la hora de firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Los errores cometidos por el salinismo dejaron a nuestro país fuera de toda posibilidad de exigir un fondo de cohesión social, un fondo de compensación estructural o algo similar a lo que fue la PAC (Política Agraria Común) en Europa, para compensar nuestras enormes asimetrías.
Hoy, por los engaños, por la falta de cálculo, o por la perversidad del impulsor del TLC, somos los últimos en la lista de los países de la OCDE, no sólo en el desempeño económico, sino también en relación con los niveles educativos de los países de ese organismo, del cual aún formamos parte.
Para nadie es desconocido que, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, a partir de enero de 1994, el sector agropecuario mexicano se ha ido desmantelando, como consecuencia de la eliminación de aranceles y las enormes desventajas competitivas entre los agricultores mexicanos y los norteamericanos.
Es igualmente notorio el deterioro del tejido industrial, a causa de la enorme desviación de comercio a favor de Estados Unidos y del predominio del comercio intra-industrial entre ambos países, circunstancias que han afectado de manera significativa el crecimiento de otras ramas y sectores de la economía nacional.
A pesar del tratado, ha sido evidente la discriminación racial y el proteccionismo comercial que sigue prevaleciendo en contra de nuestros connacionales y los transportistas mexicanos.
Si queremos que el Tratado de Libre Comercio funcione, es necesaria una revisión a fondo de algunas de sus clausulas y contenidos fundamentales.
Se requiere una prórroga o renegociación de los plazos en el desmantelamiento arancelario, para que nuestro aparato productivo alcance un mayor grado de maduración y competitividad internacional.
Para lograr lo anterior, es indispensable un fondo de compensación estructural, como el aplicado en la Unión Europea para la reducción de brechas estructurales y alcanzar la especialización en ramas y sectores de la producción.
Es necesario demandar a nuestros socios comerciales la creación de un fondo de cohesión social que reduzca paulatinamente las enormes brechas que actualmente existen en los niveles de ingreso y bienestar entre los ciudadanos de los tres países.
Por eso, después de tres lustros de entrada en vigor del Tratado Trilateral de Libre Comercio, sin ningún resultado para México, urge transitar hacia la construcción de un mercado común similar a lo que fue en sus inicios la Comunidad Económica Europea. Un mercado en el que se establezca no sólo un arancel externo común o la libre circulación de bienes y servicios, sino también la libre circulación de los factores de la producción y la mano de obra. Un mercado común que, además, implemente la coordinación de políticas macroeconómicas, como son, tasas de interés, tipos de cambio, niveles inflacionarios y política fiscal.
Es el momento de exigir una renegociación del Tratado de Libre Comercio o el inicio del siguiente paso para la construcción de nuevas relaciones comerciales que nos permitan salir a los mexicanos no sólo de la crisis crónica y estructural que padecemos, sino salir de la pobreza que han generado las relaciones comerciales tan asimétricas que existen con nuestros vecinos del norte.
