Antes de firmar una ley internacional contra la piratería, el gobierno federal debería preocuparse porque se cumplan las leyes vigentes que protegen los derechos de autor y la propiedad intelectual, afirmó la maestra Carmen Rodríguez Armenta, titular de la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional, de la Universidad de Guadalajara.
La firma de la denominada Ley ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) por parte del gobierno federal, el pasado 11 de julio, ha provocado reacciones de especialistas como el de la maestra Carmen Armenta, miembro de la Asociación Mexicana de Informática, quien califica este hecho como una irresponsabilidad.
“Nosotros tenemos ya en México 17 leyes que regulan los derechos de autor, entonces el hacer valer cualquiera de estas leyes era suficiente para protegerlos, incluyendo los medios electrónicos. Una ley internacional nueva, significa que tenemos que cambiar las leyes que ya tenemos para someternos a ella”.
Por medio de un cable de Wikileaks fue que se dio a conocer que desde 2008 el gobierno mexicano estaba considerando firmar dicho acuerdo, a lo que la Cámara del Senado de la República quien tiene la responsabilidad de avalar cualquier acuerdo internacional, respondió con un exhorto para que no se firmara el documento.
Haber firmado ese acuerdo a pesar de que el Senado en su momento se manifestó en contra, por considerar —entre otras cuestiones— que atentaba contra la privacidad de los usuarios de Internet, es para la especialista ignorar lo que la ciudadanía en realidad quiere.
“Cuando tú sabes que toda la ciudadanía está en contra de algo y aún así lo haces por el hecho de privilegiar a unos pocos, es algo irresponsable, pues en los actos de gobierno tiene que haber equilibrio social”.
El acuerdo no solamente se refiere a la regulación del uso del Internet, sino que tiene también que ver con áreas del comercio como la ropa, la música, el cine, entre otras, sin embargo Rodríguez Armenta asegura que de aprobarse, el ámbito de la comunicación por medio de la tecnología sería el de los más afectados.
“Limita la comunicación y la participación entre los propios ciudadanos, en lugar de que se incentive el uso de las tecnologías, lo que va a provocar es que la gente ya no quiera usarlas por temor a perder su privacidad y ser espiados”.
Para ser aplicada en México, la ley ACTA tendrá que ser revisada y avalada por los senadores, algo que por la situación política del país tendrá que ser hasta el mes de septiembre cuando tomen posesión los senadores recientemente electos.
“Tiene que haber una aprobación y una revisión de todas las leyes que ya existen para analizar en que se tendrían que modificar debido a la firma de este acuerdo, estamos en ese proceso, es algo que le tocará a la próxima legislatura, tienen un reto muy importante que afecta al país, su futuro inmediato y a largo plazo”.
