Mediante un vertiginoso episodio de sólo 8 días que incluyó el lanzamiento de una convocatoria, registro de aspirantes, deliberación, votación, nombramiento y toma de protesta, el actual presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús ílvarez Cibrián fue reelegido en el cargo para desempeñarlo hasta el 2017.
El proceso, según declaraciones del representante, ahora ratificado en el puesto que desempeñará en total diez años, tuvo el respaldo de 10 universidades y la presentación de 224 testimonios a su favor, a las que se agregaron las de 50 sindicatos, así como colegios, federaciones y comunidades indígenas.
Pero también cosechó adversidades, como la decisiva reacción de organismos independientes de la defensa de los derechos humanos. Es el caso de la Coordinadora 28 de mayo. Su representante, Arcadia Lara, dijo: “Defenderemos junto con los ciudadanos y la sociedad civil nuestro derecho a impugnar la decisión tomada alrededor de la designación y toma de protesta de Felipe de Jesús ílvarez Cibrián, que violó la ley al no realizar una consulta ciudadana en torno al proceso-situación, que desde luego puede ser atribuida la responsabilidad de los legisladores, pero que creemos que fue confabulada entre los diputados y el ombudsman como todo el madruguete con que se realizó el proceso”.
La coordinadora encabezará junto con otras organizaciones una controversia legal “hasta sus últimas consecuencias, para echar abajo la reelección, que estuvo carente de transparencia y no se respetaron los tiempos”, argumentó.
Entretanto, Rodrigo Lara, dirigente de CODISE (Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad) expresó su inconformidad con base en experiencias de quejas diversas presentadas ante la CEDHJ.
“Definitivamente estamos descontentos con la forma en que se llevó a cabo el proceso de reelección, por todas las graves omisiones que se han apuntado” y por el balance de la actuación de ílvarez Cibrián, “que en nuestra lucha y denuncias demostró pobreza, desinterés y hasta una actuación defectuosa, pero ya que va a estar otro periodo; lo único que podríamos esperar es que haya aprendido y que en los próximos años su actuación sea más acorde, enérgica y legal a favor de los ciudadanos”.
Recomendaciones calificadas como “tibias, sin seguimiento o simplemente inexistentes en temas como Chapala, Temacapulín, Río Santiago, Tenacatita y Mezcala”, llevaron a Alfredo Menchaca y otros activistas del Colectivo Ecologista a expresar también su oposición.
“Aunque es muy lógico que estamos en contra de cómo se han presentado los hechos que llevaron nuevamente al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a reelegirse en el cargo, lo que es muy concreto es la forma en que la institución ha actuado en el tema de los conflictos ambientales, el del derecho al agua y otros problemas ecológicos que no se han resuelto”.
De acuerdo al periodo que ahora transcurre, Felipe de Jesús ílvarez Cibrían concluirá su primera etapa en agosto próximo y defendió su labor “porque ha dado resultados en temas como destitución de funcionarios públicos, un gran número de reparaciones de daños, indemnizaciones, disculpas públicas y cambios de prácticas administrativas y un histórico número de recomendaciones emitidas y aceptadas”, afirmó.
Al terminar la toma de protesta, ílvarez Cibrián prometió dar seguimiento a temas pendientes como, salud, seguridad y medio ambiente.
“Uno de los grandes rezagos es la regionalización, el llevar la presencia permanente a todas la regiones del estado, para que no haya una sola persona que desconozca sus derechos humanos”, dijo.
Desde la academia
La doctora Raquel Gutiérrez Nájera, quien como aspirante a la presidencia de la CEDH -lo que le concede la cualidad de haber presenciado el proceso desde primera fila- y como  investigadora del área de Legislación ambiental, en el Departamento de Derecho Social, de la División de Estudios Jurídicos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, opina al respecto.
“El proceso del nombramiento del ombudsman estuvo inmerso de irregularidades desde su propia convocatoria, porque ésta no previó dos escenarios durante el procedimiento: uno marcado por la propia reelección, en el que de manera genérica podrían acudir ciudadanos. Desde ese punto de vista y por los hechos que se suscitaron en el proceso no hubo igualdad”.
La otra vertiente, indica, fue la violación constitucional de la esencia de la última reforma realizada a la Ley de los derechos humanos en la entidad, que fue precisamente definir la participación decisiva de los ciudadanos en el proceso. Situación que no se llevó a cabo “por la característica sumaria del proceso” y que no dio tiempo a que los aspirantes fueran escuchados por los ciudadanos, lo que se considerara incluso una plataforma de preselección emanada de los propios ciudadanos.
De acuerdo a la doctora Gutiérrez Nájera los solicitantes tendrían que haber tenido la oportunidad de presentar ante los medios de comunicación, diputados y sociedad en general sus planes de acción, sus proyectos y algo muy importante, “la solvencia moral” que los habilitaba para estar al frente de una responsabilidad de esa magnitud.
