Una voz suave repite cada 10 minutos por la radio: “En el Senado aprobamos la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para garantizar la libertad de expresión”, pero ¿hasta dónde es aplicable esta ley y cuáles son las garantías de los protegidos? Voces expertas y seguidoras del tema no creen que se pueda hacer mucho antes de que termine este sexenio.
Desde febrero de 2010, el tema fue planteado entre la sociedad, el gobierno y organismos internacionales, pero hasta el 22 de junio de este año el presidente firmó el decreto de ley y, el 10 de julio la Secretaría de Gobernación instaló la junta de gobierno del mecanismo para la Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
La legislación considera el resguardo de los involucrados y de sus familias, evacuación o reubicación temporal de los amenazados, otorgamiento de custodia a personas e inmuebles, entrega de vehículos blindados e instructivos y cursos de autoprotección.
Rogelio Hernández López, de la Casa de los Derechos de Periodistas y uno de los redactores de la ley contextualiza: “El panorama es entre nebuloso y gris en estos momentos. Los que se van, sin voluntad política demostrada y los que pudieran llegar, en una coyuntura difícil para el país. No hay mucho que esperar de lo que queda de este gobierno. Todavía está la sombra de la falta de legitimidad que vaya a quedar. Eso para nosotros puede o no ser la situación propicia para empujar de nuevo esta agenda y en el escenario de que fuese el PRI, tenemos un problema de antecedentes. No está en sus genes, no está en su ADN la defensa y la protección a los derechos humanos”.
Puntualiza además uno de los problemas de la ley: “El presupuesto que se tenía para protección de periodistas, porque para defensores no tenían presupuesto, era muy limitado –les habían asignado 24 millones de pesos–, pero en Gobernación usaron ese recurso para pagar costes de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de violación a derechos humanos. Esas fueron obligaciones que la Corte Interamericana le impuso al gobierno para resarcir daños de víctimas agraviadas, tanto de derechos humanos como de periodistas. Esos fondos los usaron y ahora tienen poco para operar el mecanismo. El presupuesto para defensores de derechos humanos para 2012, fue de alrededor de tres millones de pesos, que apenas les alcanza para cubrir salarios del personal, unas 14 personas, no para movimientos, viajes ni investigaciones”.
Con respecto a la reacción de los periodistas ante el tema, Hernández dice: “A los periodistas no les preocupa hasta que no empiezan a sentir fuego en los pies y algunos lo toman como una fuente informativa donde hacen su nota y al día siguiente se olvidaron. Donde sí tienen intereses muy claros, es en las zonas de alta violencia o alta polaridad política”.Â
Hernández comenta qué hacen en la Casa de los Derechos del Periodista: “Contamos con un protocolo de protección a personas físicas y vamos más allá que cosas de seguridad, porque lo que agregamos es que la protección no sólo sea reactiva ante el riesgo, sino correctiva, para eliminar al enemigo o la amenaza. En varios estados hay que hacer leyes y convenios. Hay que dar fondos para la fortaleza de la gente, de los agredidos”.
Balbina Flores Martínez, corresponsal en México de Reporteros sin fronteras, comenta con desilusión que no se ve el cómo de la ley: “No es tan fácil establecer en pocos meses directrices, lineamientos, protocolo, estructura. Pienso que tiene que ver con una cuestión un poco mediática. La operatividad es más complicada: requiere de claridad y de procedimientos ágiles. Ellos mismos han dicho que en el tiempo que lleva instalado el mecanismo, sólo han otorgado siete medidas cautelares, son pocas para la situación que viven los periodistas y la prensa en México. No son medidas eficientes”.
Flores recalca la falta de acercamiento de la ley como un instrumento de utilidad real para la prensa: “Es un mecanismo que tiene poca difusión en cuanto a la forma en que los periodistas se pueden contactar con él. Un mecanismo de protección tiene que ser claro y ágil, no puede diluirse en tantas dependencias. Habría que preguntar a los periodistas que andan en la calle si ellos han oído hablar de este mecanismo y si saben cómo opera. Cualquier periodista informado puede haber escuchado hablar sobre él, pero sobre cómo opera y cómo acercarse a él, creo que nadie lo conoce. Es importante que ese mecanismo se difunda ampliamente: quiénes lo integran, cómo funciona y a quiénes se pueden dirigir los periodistas”.
Hasta ahora los periodistas y defensores de derechos humanos sobreviven gracias a la colaboración que existe entre sí y a organismos creados por ellos mismos. Hernández se pregunta indignado: “¿Qué planeta es México, en donde tenemos que crear instrumentos sociales para hacerle la chamba al Estado para la protección de la gente?”
