Las “áreas de papel”

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NEVADO DE COLIMA

El 28 de enero de 1988, todavía bajo el régimen del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se publicó en el Diario oficial de la federación, la Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. De ello mismo se hizo eco en el estado de Jalisco, en el mandato del entonces gobernador, Guillermo Cosío Vidaurri, creando una similar ley de buenas y ecológicas intenciones para nuestro ambiente local.
En el título segundo, capítulo primero de esa ley general, se concede gran importancia a las íreas naturales protegidas (ANP): “las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas”.
De acuerdo a los datos de la Comisión nacional de áreas naturales protegidas (CONANP), en México, existen 164 áreas naturales con protección federal. Asimismo, la Secretaría de medio ambiente y desarrollo sustentable (SEMADES), da cuenta de 16 áreas de esas características en Jalisco (ver recuadro).
Cabe destacar que el área que tiene la fecha más antigua de decreto de protección es la que corresponde al Nevado de Colima, emitido en 1940, y la más reciente es la del Bosque del Nixticuil, en el 2008.
La poca conciencia ha llevado a que no se asuma de manera temprana toda la importancia de estas áreas, y la responsabilidad de su cuidado, pues a veces se ha llegado a considerarlas meros ornamentos paisajísticos.
Para el maestro Víctor Bedoy Velázquez, profesor investigador del departamento de ciencias ambientales del Centro universitario de ciencias biológicas y agropecuarias, las ANP “es una estrategia de conservación, un instrumento que se utiliza para poder proteger, de manera formal, los recursos naturales importantes para la sobrevivencia humana y la dinámica del planeta”.
Ello implica que al recibir categoría de ANP a nivel federal, se destinan mayores recursos económicos, los cuales, sin embargo, no dan abasto a las necesidades, y aunque las legislaciones estatales y federales están obligadas a hacer las gestiones que aumenten esos recursos, lo cierto es que se requiere algo más que el dinero, es decir, la voluntad. Asimismo, si bien podría el dinero sacar de algunas preocupaciones inmediatas, quienes están directamente a cargo de las ANP trabajan en condiciones que no les permiten mayor eficiencia en los resultados de los programas.
“Un ejemplo, para vigilancia en un área protegida puede existir sólo una persona. En Manantlán, con ciento treinta y tantas mil hectáreas, sólo hay dos o tres personas a cargo del área”.
La doctora Raquel Gutiérrez Nájera, investigadora del departamento de derecho social, del Centro universitario de ciencias sociales y humanidades, señala que para que un área sea realmente protegida, se necesita no sólo del decreto de protección sino otra serie de elementos como son programas de manejo, dirección ejecutiva, presupuesto, y la  participación social muy efectiva de las comunidades que están dentro del área y colindando con ella. Sin todo eso, simplemente queda “en ANP de papel”.
Desafortunadamente, dice, del 100 por ciento de las áreas protegidas de Jalisco, cuando mucho un 30 por ciento cuentan con los atributos necesarios para su conservación.
Para Gutiérrez Nájera las ANP “son el patito feo, porque a pesar de que el discurso es que estamos llevando a nivel internacional, una política definida de protección de bosques en todo el programa de cambio climático, no hay correspondencia con los recursos que estamos asignando”.
Bedoy Velazquez apunta que el hecho de que la Organización de las naciones unidas (ONU) hubiese nombrado a través del Programa de las naciones unidas para el medio ambiente (PNUMA), en este año —el pasado 5 de junio— a México como sede del día mundial del medio ambiente, y el de que la United nations educational, scientific and cultural organization (UNESCO) haya declarado que de 2005 a 2014 es el decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS, 2005-2014) son compromisos internacionales “no cumplidos”, por la poca difusión que se hizo y el desaprovechamiento de lo que podría generarse, “nadie lo sabe ni trabaja en ello, ni los profesores, ni la Secretaría de educación”.
Lamentablemente, pese a todas las necesidades en cuestiones ambientales que hay en nuestro país, el próximo año no parece ser muy alentador, pues de por sí tradicionalmente no ha sido una de las prioridades de los gobiernos, y ahora frente a los enormes problemas económicos y los ya muy cantados recortes presupuestales, podría ser uno de los aspectos administrativos más desprotegidos.

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