Motiva la cita el hecho de que la comunidad universitaria del Sistema de Educación Media Superior se encuentra indignada y preocupada por la muerte de la alumna de la Escuela Preparatoria 10, Itzel Adeline Rodríguez García, que fue “levantada” por desconocidos en su trayecto a dicho plantel educativo, donde cursaba el octavo grado de la carrera de técnico profesional en informática.
La cruenta muerte de jóvenes en la entidad se mantiene en la impunidad, no sólo en el caso de Itzel o de los alumnos de la Preparatoria 8, sino de tantos de los que ni siquiera sabemos, porque no se denuncia su desaparición, ya sea por miedo o por la casi certeza de que, de todos modos, no pasará nada ni se procederá contra quienes nos arrebatan la tranquilidad y la alegría de vivir.
El incremento de la violencia que se ha suscitado en el último lustro en nuestro país es repudiable. Cierto es que ni el ejecutivo federal o el estatal son culpables de hechos particulares, pues ningún gobierno puede garantizar que, sin excepción, todos los ciudadanos cumplan la ley, pero en cambio sí es su obligación proteger el interés colectivo y la demanda social de seguridad para la población. En su esfera de responsabilidad recae tomar decisiones para avanzar en el cumplimiento de la ley de sus gobernados y coordinar los esfuerzos de los cuerpos policiacos en los distintos niveles de gobierno para resguardar la seguridad de la población.
El caso de la violencia contra las mujeres tiene características adicionales. Desde 2006, especialistas internacionales en derechos humanos emitieron recomendaciones para que en México se trabajara en materia penal sobre el tema.
Si bien es cierto que el concepto y el potencial alcance de la figura de feminicidio es complejo, porque engloba una serie de fenómenos que van desde la violencia sistémica y la impunidad, hasta el “homicidio de mujeres por el simple hecho de ser mujeres”, los expertos propusieron adoptar disposiciones legales que garantizaran sus derechos y libertades. En este caso, el derecho a una vida libre de violencia.
Los estados también tienen la obligación de adoptar otro tipo de medidas apropiadas al caso, en todos los espacios relacionados, sean agentes estatales o privados, organizaciones, comunidades, empresas o individuos. Esta obligación incluye la debida diligencia para impedir la violación de los derechos de las mujeres y para investigar y castigar efectiva y adecuadamente los actos de violencia en su contra.
Se agradece al Senado de la LXI Legislatura por la propuesta elaborada el pasado abril, que consiste en tipificar como delito el feminicidio, con el cual se castigaría con 40 años o más de cárcel a los que priven de la vida a una mujer, por razones de género o bajo circunstancias en donde se manifieste relaciones de poder, misoginia, discriminación y odio.
Indignan y llenan de ira las cifras que reportan los diversos medios de comunicación, los que reconocen que “son asesinadas de cuatro a cinco mujeres en el país todos los días”.
En las 32 entidades federativas se cometieron 4 mil 379 feminicidios, de 2007 a 2009, según los registros oficiales de defunción. La cifra supera los crímenes contra el género femenino ocurridos durante los tres primeros años de los gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox; además, contrasta con los 4 mil 419 registrados en 17 entidades, de 2007 a 2012, que contabilizó la Comisión Especial de la Cámara de Diputados.
La ONU Mujeres está preocupada y lo expresa diciendo: “En México, la violencia histórica contra las mujeres y la violencia asociada a las redes del crimen organizado están impactando en la seguridad, la vida y la salud” de las mexicanas1.
¿Cómo conmemoraron el día de las madres las miles de mexicanas que han visto truncadas las vidas de sus hijos e hijas o que esperan desconsoladas encontrarlos vivos todavía? Ante la casi total impunidad solo encuentran impotencia y desesperanza frente a hechos innombrables. Como dijera el poeta Miguel Hernández: “Cortar este dolor, ¿con qué tijeras?”
Aun así, ¿alguien puede coincidir con que las protestas ciudadanas o institucionales son bandera política de campañas, como asegurara un alto funcionario del Estado?
