A escasos días de que se cumpla un año de los hechos suscitados en el municipio de Iguala, Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos, según la versión oficial, por policías locales en colusión con integrantes del narcotráfico, presentaron el primer informe Ayotzinapa, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), convocado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
En el mismo se desmiente la ‘verdad histórica’, respaldada por el gobierno mexicano y plasmada en un informe que éste dio a conocer el pasado mes de enero por parte del entonces procurador de justicia, Jesús Murillo Karam, en el que entre otros puntos, sostiene que los estudiantes fueron incinerados a la orilla de un río, en Cocula, Guerrero.
Sobre esta investigación, Jorge Regalado Santillán, de la División de Estudios de Estado y Sociedad, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, argumenta que la llamada ‘verdad histórica’ sólo se articuló por parte del gobierno para intentar encubrir su responsabilidad en esa desaparición y en los asesinatos en Iguala: “Nadie en la sociedad de abajo había creído ese cuento de la verdad histórica, que en realidad era una mentira absoluta”.
El informe del GIEI, que supera las 500 páginas, hace un recuento de lo sucedido la noche del 26 y 27 de septiembre y repasa los antecedentes históricos de la normal rural, así como de los conflictos que han generado este tipo de escuelas para el Estado mexicano. También subraya el impulso dado a este modelo en la década de los veinte del siglo pasado, así como el cese del apoyo al sólo mantener 17 de las 36 normales rurales que existían en México.
Analiza la imposibilidad de desaparecer 43 cuerpos en una pira a la orilla del río de Cocula, como lo defienden las investigaciones efectuadas inicialmente por la PGR.
Francisco Aceves González, especialista de la UdeG en movimientos sociales y analista de la comunicación política en espacios públicos y de gobernabilidad, comenta que una de las cuestiones que se deben subrayar de la investigación del grupo de la CIDH es la contundencia de los elementos que el texto aporta, algo que el equipo llama primeras conclusiones, a diferencia de lo expuesto por el Estado mexicano, donde pareció que existiera un carpetazo del caso.
“Después de un trabajo laborioso —donde para empezar, en lo personal, no había tenido yo en claro todo el desarrollo de esa noche—, el GIEI lo reconstruye con las gráficas, croquis, planos, fuentes, referencias, declaraciones y hace la cronología. Antes de este informe de la CIDH había elementos dispersos por todos lados y es la primera vez que yo lo veo de una manera reconstruida, lo que quiere decir que vinieron a enseñarle a la PGR cómo se hace una reconstrucción de hechos”.
Agrega que “el gobierno no puede desacreditar el trabajo de la GIEI, primero, porque la OEA (Organización de Estados Americanos) lo está respaldando; segundo, porque la ONU también lo respaldó. Entonces, no le queda más que asimilarlo y declarar que van a adoptar las observaciones. Otro síntoma es que la CIDH pide una ampliación para la investigación y el gobierno se verá obligado nuevamente a dárselas”.
El espejo entre Guatemala y México
Sobre la renuncia y el juicio que lleva el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, sobre los casos de corrupción que se le achacan, Francisco Aceves González dice que en México ya se tienen “lo de tres Guatemalas”. Sin embargo, opina que la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto no es la salida, ya que no habría un cambio en las instituciones: simplemente se daría una sucesión. “No hay condiciones de recambio. El punto es que las instituciones no se transforman y ese es el problema”.
“Yo me sorprendo de la capacidad de recomposición que tiene el gobierno y el Estado mexicano, que ha sorteado una serie de crisis. Definitivamente uno de los movimientos sociales más grandes que hemos tenido es éste. Hay un gran hartazgo, que no se manifestó tan claramente en la cuestión electoral en las pasadas elecciones. Hay elementos para pensar que puede existir un estallido social importante: la economía, la justicia, la seguridad, la corrupción…, pero también vemos cómo el Estado tiene instrumentos para recomponerse y para garantizar su supervivencia, por una serie de controles hegemónicos”.
