Las industrias extractivas del sector petrolero, del gas y de la minería, como ExxonMobil, BHP Billiton, Anglo American y la Royal Dutch Shell Group, representan una fuerza política y económica global. En 2005, las 20 principales empresas registraron utilidades mayores a los 211 trillones de dólares. Si comparamos esta cifra con el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en 2005, que fue de 11 trillones de dólares, podemos darnos una idea del tamaño de este sector.
A finales de 2013 fue modificada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para posibilitar la denominada reforma energética, la que representa un cambio estructural en la exclusividad del Estado mexicano para explotar los hidrocarburos del subsuelo nacional, ya que permite la inversión nacional y extranjera en la industria petrolera y del gas en México, a través de modelos de contratación en actividades de refinamiento del petróleo crudo, en el procesamiento y purificación del gas natural, así como en transportación, distribución y procesamiento de gas y refinamiento de petróleo.
Dicha reforma termina con el monopolio de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), en el uso exclusivo de los derechos de explotación de hidrocarburos. Por ello es conveniente reflexionar sobre la rendición de cuentas de las empresas en el sector, ya que podría verse afectado por los problemas que enfrenta nuestro país, que posee un débil sistema judicial.
De acuerdo con el índice de percepción de corrupción por país, de la organización Transparencia Internacional, México tiene un índice de 103/175 y se ubica en el rango de 35, es decir, muy corrupto. Nigeria presenta un índice de 136/175, con un rango de 27, es decir muy corrupto.
Ambos países son similares en el grado de percepción de corrupción global. ¿Por qué traer a colación a Nigeria en este contexto?: porque es el octavo país en el mundo con la mayor exportación de petróleo, pero a través de actos de corrupción de los políticos, de autoridades gubernamentales y de sus colaboradores internacionales, ha sufrido pérdidas de hasta 600 millones de dólares en lavado de dinero anualmente, por un estimado de 25 billones solamente entre 2001 y 2004.
En el ámbito internacional existe un organismo encargado de emitir las normas de información financiera para la industria extractiva, creado en 1998, cuando el IASC (Internternational Accounting Standards Committee) señaló la existencia de prácticas contables divergentes usadas por las empresas del sector energético.
Fue en 2004 cuando el IASB (International Accounting Standards Board) emitió la norma NIIF-6 (Norma Internacional de Información Financiera-6) para la exploración y evaluación de recursos minerales, pero que hizo poco para regular la práctica contable tan divergente. Lo que es más, en 2006, año en que la niif-6 comenzó a tener efecto, la fundación del IASC recibió contribuciones por un monto superior a los 16 millones de dólares de 283 compañías, asociaciones y otras instituciones, incluidas algunas de las empresas líderes multinacionales.
Por lo anterior vemos que es cuestionable hasta dónde los acuerdos del IASB sobre su financiamiento resultan en una reglamentación democrática, justa e imparcial de la emisión de los estándares, puesto que el regulador es financiado por aquellos a quienes intenta regular y potencialmente ha sido influenciado por grupos de interés poderosos.
En México, las NIIF fueron adoptadas en 2012, por mandato de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y para otras instituciones financieras y de seguros, con efectos para los reportes anuales de los periodos, que comienza a partir del 1º de enero de ese año.
No obstante, en México, la falta de reglamentación y supervisión contable para las empresas de ese sector puede causar nuevas formas de dependencia económica y hacer que no sean obtenidos los beneficios esperados.
De igual forma se debe poner especial atención a los problemas medioambientales que tal sector genera. Un ejemplo es el caso del desastre ambiental provocado por British Petroleum (BP), en 2010, en el Golfo de México, cuando un estallido de la plataforma Deepwater Horizon ocasionó un derrame estimado en cinco millones de barriles de crudo en el mar y la muerte de 11 trabajadores.
Éste es el mayor vertido de petróleo en aguas marinas, de acuerdo con los cálculos de flujo anunciados el 2 de agosto por un panel federal de los científicos, llamado Flow Rate Technical Group. Este panel afirmó que han salido del pozo alrededor de 4.9 millones de barriles de petróleo.
Los científicos descubrieron columnas de petróleo de hasta 35 kilómetros, ubicadas a mil 066 kilómetros debajo de la superficie del mar.
Resulta lógica una cadena impredecible de fenómenos que afectarán seriamente los sistemas termo-reguladores del clima del conjunto del planeta, y los impactos se podrán sentir en lugares alejados del sitio del suceso.
Los datos vía satélite de la zona del derrame en tiempo real, de mayo-junio de 2010, mostraron por primera vez una ruptura rápida de la Loop Current, una corriente oceánica cálida, que es parte crucial de la corriente del golfo.
De lo anterior se puede concluir que con una débil reglamentación y sobre todo supervisión de la rendición de cuentas de las empresas del sector energético, México se encuentra en una encrucijada entre el beneficio económico esperado y los desastres medio-ambientales y sociales que en otros países son generados por las empresas de la industria del petróleo y del gas.
Es momento de que los legisladores mexicanos analicen las implicaciones que la industria petrolera y del gas en su nueva vertiente traerá al país, y legislen sobre la forma de tributar de este sector, así como la manera de supervisar la rendición de cuentas y cómo prevenir desastres medioambientales y sociales, sobre todo en las comunidades aledañas donde se realizarán las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas.
