En diciembre de 2015 —y por decreto presidencial—, se creó la Secretaría de Cultura y con ello, al menos en teoría, la cultura dejó de ser un subsector para ascender en la estructura organizacional y presupuestaria.
Para empezar, el Presupuesto de Egresos de la Federación dio origen al Ramo 48, destinado específicamente a la Cultura. Este cambio supondría un reconocimiento histórico a la actividad cultural en áreas como la promoción y difusión de las artes, el apoyo y financiamiento a la producción cinematográfica, el estímulo a los creadores y el fomento al libro y a la lectura, entre otros; sin embargo, con dos años cumplidos, la Secretaría no termina de ordenar su operación administrativa; y, si bien tenemos claro que valerse de la cultura como un medio para la transformación, inclusión social, y prevención de la violencia son retos de muy largo aliento —y que muy pocos funcionarios de la misma Secretaría son capaces de comprender—, esperaríamos que al menos se tuviese certeza de lo más inmediato: la aplicación y destino de los recursos públicos.
Como era de esperarse, luego de los pasados sismos de septiembre, el Sector Cultural se verá impactado de manera importante. Hace unos días se dio a conocer que habría cambios en los llamados “etiquetados” del ejercicio de recursos que asignan desde la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados; no obstante, no es claro cómo se están decidiendo estas reasignaciones económicas.
Con anuncios a medias, las preocupaciones son muchas. La necesaria reconstrucción del patrimonio y la infraestructura cultural que fue afectada en septiembre, no puede ser usada para mantener la práctica discrecional con la que nuestros legisladores entregan recursos a ciertas asociaciones sin procedimientos transparentes ni públicos. Este ha sido el destino de los mil 200 millones de pesos que se sumaron como Ampliación al Ramo 48 y que fueron otorgados a diversas agrupaciones sin la legitimidad que brinda una convocatoria abierta, ya que sólo 300 millones estaban destinados a programas específicos como orquestas, programas expositivos, festivales y ferias de libros, entre otros.
A partir del decreto presidencial, la Secretaría de Cultura se convirtió en la institución rectora de las políticas públicas en materia cultural y artística, sin embargo aún está muy lejos de orientar las acciones de los organismos e instituciones del sector. El sentido de esta entidad es cumplir con seis objetivos plasmados en el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018: promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México; impulsar la educación y la investigación artística y cultural; dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos; preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural y, finalmente, posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de la tecnología digital.
De nueva cuenta, como en el resto de las reglamentaciones y normatividades del Estado, el paso de la ley a la aplicación de la misma es absolutamente accidentado e impide que la palabra escrita se cumpla.
Un dato ejemplar que revela la gravedad de la crisis que en este 2018 vivirá la cultura es la reducción de apoyos al rubro de los festivales, ya que mientras en 2017 fueron apoyados más de cien, con alrededor de 330 millones de pesos, en este año apenas se contempla el subsidio a treinta festivales con apenas 100 millones de pesos.
El seguimiento crítico a las decisiones de las Comisiones legislativas dedicadas a la cultura puede ser el único recurso ciudadano para reorientar el camino de los recursos públicos y el desarrollo artístico en el país.
