La política de seguridad nacional implantada por el gobierno federal desde 2003 a la fecha, es un regreso a las prácticas autoritarias y de represión presentes en la década de los sesenta y setenta. Durante buena parte de los más de 70 años en el poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la política de seguridad estaba enfocada en la persecución de los disidentes políticos y de quienes se manifestaban en contra del sistema presidencial. Con el Partido Acción Nacional en la presidencia dicha práctica persiste, a pesar de los esfuerzos por realizar una transición democrática en el año 2000.
El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Abelardo Rodríguez Sumano, explica que al inicio de la administración de Vicente Fox y con la efervescencia del cambio democrático, fue diseñado un proyecto que redefinía la doctrina de seguridad de estado que prevalecía desde los años cuarenta en el país y concebía a los adversarios políticos como una amenaza para la nación.
Tal proyecto, planteado durante el periodo de transición por Adolfo Aguilar Zinser –quien después sería consejero de seguridad nacional del gobierno foxista–, definía como elementos vitales para la seguridad de los mexicanos los recursos naturales, el combate al narcotráfico, la delincuencia organizada, la corrupción y las amenazas del terrorismo trasnacional.
Según expuso el investigador, el plan pretendía constituir un consejo de seguridad nacional conformado por los aparatos dedicados a garantizar el bienestar de los ciudadanos, pero que también incluyera a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de redirigir la relación con el exterior y en particular con Estados Unidos, país con el que México había intensificado sus relaciones en la última década del siglo XX, luego del Tratado de Libre Comercio.
Dichos elementos estarían garantizados por una ley, concebida como un primer esfuerzo para una nueva constitución que fuese compatible con la transición democrática, el respeto a los derechos humanos y la preservación y protección del medio ambiente. Tal legislación planteaba lineamientos para la prevención y previsión de riesgos, de manera que el estado estaría en condiciones no sólo de identificar posibles crisis, sino de resolverlas estratégicamente.
Rodríguez Sumano, quien estuvo en la Universidad de Guadalajara para presentar un libro sobre el tema y participar en el ciclo de conferencias del tercer homenaje a Aguilar Zinser, señala que esas iniciativas además de ser congeladas en el Congreso, tanto Fox como Felipe Calderón las dejaron en el olvido a partir del 2003, con tal de garantizar la continuidad del PAN en el poder.
Desde el mencionado año, cuando las encuestas decían que Andrés Manuel López Obrador estaba por encima de todos los posibles candidatos a la presidencia, hubo un cambio en la visión de seguridad del gobierno foxista, en la que la atención se volvió a centrar en los opositores políticos. Incluso la misma estrategia se pasó por la revisión del CISEN.
Este espionaje político, junto con la iniciativa de la nueva ley de seguridad nacional, presentada e impulsada por el ex secretario de gobernación Santiago Creel a finales de 2003, marca el comienzo de un gobierno neo autoritario que desencadenó asuntos como el de Atenco, Oaxaca, el intento de desafuero y la movilización de los simpatizantes de López Obrador, indica el investigador.
“En estos movimientos civiles hubo una represión clara como en los años 60 y 70, una represión autoritaria al estilo del antiguo PRI, pero esta vez fue frente a las cámaras. Ese regreso del autoritarismo a finales del sexenio del Fox no tuvo nada qué ver con la transición democrática que planteó con su llegada al poder”.
Dicho contexto es manifiesto en la campaña presidencial de Felipe Calderón, quien incluso como candidato apoyó la represión de los campesinos en Atenco y de los maestros en Oaxaca para allanar el camino y obtener la estafeta presidencial.
“Parte de la estrategia de seguridad adoptada por Calderón es continuación de esa transición autoritaria y de la dinámica para garantizar la continuidad de un grupo político y sus intereses, que ha dado como resultado una confrontación política y polarización social que podría decantar en crisis sociales más amplias que no permitirán las condiciones para garantizar la seguridad del estado nación mexicano”.
Soberanía en riesgo
La implementación de la iniciativa Mérida es un paso para que el país pierda su soberanía, pues representa la posible injerencia de Estados Unidos en asuntos internos del país, indica el investigador del Centro de Estudios Europeos de la UNAM.
Con la idea de lograr legitimidad y credibilidad para su gobierno, el presidente Felipe Calderón definió como uno de sus ejes del proyecto de seguridad el despliegue de las fuerzas armadas para el combate al narcotráfico, que ha situado como principal amenaza a la seguridad nacional. Para ello buscó la ayuda y asesoría del gobierno norteamericano.
Aunque el régimen calderonista argumenta que dicho vínculo es únicamente de cooperación, en la práctica sí existe una coordinación militar entra ambos países, que podría significar una subordinación de México ante los intereses estadounidenses a mediano plazo, afirma Rodríguez Sumano.
“El último bastión de la soberanía de un país son sus fuerzas armadas y la política exterior. En el discurso oficial esto no ha sucedido, pero con lo que hemos visto hasta ahora podría ocurrir que México se subordinara a un presupuesto, la tecnología y el adoctrinamiento del extranjero”.
