La impunidad en actos de corrupción

En un país donde no hay sanciones y donde la mayoría piensa que denunciar es inútil, reconstruir una sociedad con valores para establecer mecanismos transparentes en las instituciones, a partir de la honestidad de los ciudadanos, es una tarea que nos involucra todos

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La corrupción es un fenómeno social que impacta en la vida de todos los ciudadanos, ya sea como víctimas o por el costo económico que asumimos al desviarse los recursos que deberían destinarse a atender los servicios esenciales de urgente atención, tales como la salud, la pobreza, desigualdad y la educación, entre otros.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE, 2020) del INEGI, se estima que los costos que pagaron las empresas a nivel nacional durante 2020, derivados de incurrir en actos de corrupción, fueron de 887 millones de pesos; aunque ha disminuido en comparación con el año 2016, esto es un síntoma de la persistencia de una situación que prevalece en los organismos públicos.

El nivel de preocupación que representa este hecho es evidente, ya que está considerado como el segundo problema más importante en las entidades federativas, superado solamente por la inseguridad y la delincuencia.

A nivel mundial estamos en la posición 124 de 180 países que participan en Transparencia Internacional con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), con 31 puntos, donde 100 sería la puntuación máxima en que la corrupción es inexistente.

A esto se suma el resultado obtenido en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción elaborado por el Americas Society/Council of the Americas y la consultora Control Risks, el cual evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción; de 15 países analizados y encuestados, México aparece en el lugar 11, lo que denota un retroceso, ya que en 2020 aparecía en el octavo lugar.

Dichas organizaciones atribuyen el descenso a casos destacados de corrupción que siguen sin resolverse en el país, como el del exdirector general de Petróleos Mexicanos, así como  a las acusaciones de corrupción que involucran a políticos, incluidos miembros del partido al que pertenece el Presidente de la República, y la retórica del mismo Mandatario sobre el combate a la corrupción, al señalar que en México ya no hay corrupción, lo que tampoco ayuda a aplicar estrategias que disminuyan el problema.

A manera de ejemplo podemos citar la opacidad de la información de las instituciones gubernamentales respecto a temas tan sensibles como el de la salud, la cual ha detonado en costos relacionados con la corrupción.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó las compras de emergencia para atender la pandemia de distintas dependencias de salud del gobierno federal realizadas entre el 1 de enero de 2020 y el 28 de febrero de 2021, y encontró que más de 4 mil millones de pesos gastados no tienen ningún documento publicado; el 45% de las compras para atender el Covid-19 se publicaron entre uno y 327 días después de la fecha de inicio del contrato (bastante tardío); la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) compró medicamentos para atender la pandemia a una empresa dedicada a la venta de muebles y observaron un posible caso de sobreprecio realizado por esta institución, al pagar 2.3 veces más por el mismo medicamento en contratos con un mes de diferencia.

Estos son es solamente unos casos de los muchos que se pueden documentar a partir de estadísticas o investigación periodística, pero ¿cómo combatir la corrupción en un entorno en el cual se tolera el acto como tal, porque no hay sanciones, ni incentivos a la denuncia? La impunidad de los actos de corrupción es evidente en un país donde el 67% de la población percibe que la denuncia es inútil, y porque del 7.5% que sí denunció, solamente el 21.7% tuvo alguna consecuencia.

En este contexto, es urgente reconstruir una sociedad con valores para establecer mecanismos transparentes en las instituciones a partir de la honestidad de los ciudadanos, y es una tarea que nos involucra todos, para remontar la descomposición social en que nos encontramos, sin perder de vista la enorme responsabilidad que tienen las instituciones gubernamentales de generar estrategias eficaces para combatir un problema añejo, creciente y evidente en todas las esferas públicas del país.