El pasado 21 de agosto entraron en vigor en el estado de Jalisco una serie de reformas constitucionales que darán competencia a las autoridades y policías locales para perseguir y sancionar el narcomenudeo, lo que en opinión de especialistas de la Universidad de Guadalajara, no es el camino para resolver la violencia y asesinatos que a diario ocurren en el país.
Con el objetivo de coordinar los tres niveles de gobierno en el combate al narcomenudeo y definir las cantidades de consumo sin criminalizar a los consumidores, el 28 de abril de 2009, el Senado de la República aprobó un paquete de reformas (conocidas coloquialmente como “Ley contra el narcomenudeo”), en las que permite que cualquier persona mayor de edad pueda portar para su consumo cierta cantidad de drogas ilegales. Estas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del mismo año y se estableció que entraran en vigor tres años después. La fecha ya se cumplió.
Desde el punto de vista del investigador de la División de Estudios Jurídicos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Fernando Espinoza de los Monteros: “No podemos resolver un problema social con una ley especial”, porque el narcomenudeo es una acción delictiva reiterada, que tiene como trasfondo un problema social generado en la pobreza del pueblo mexicano y por la ineficiencia de los gobiernos de todos los niveles.
“El narcomenudeo es una actividad delictiva que se debe atacar desde sus causas y no desde los efectos que ocasiona, por lo que más allá de que el Estado persiga al delincuente y le imponga una sanción, es necesario tener un gobierno honesto, un reparto justo del ingreso, que abata la pobreza, dándole oportunidades a las personas”.
Reiteró que el narcomenudeo no es la razón principal de las decenas de asesinatos que ocurren todos los días. Por ello, esta ley penal que pretende ser más dura para castigar, está dirigida para victimizar a la gente pobre, desamparada y marginada.
“Es cierto que se matan por el control de tiendas, por actividades de delincuentes que deben dinero de drogas o de nuevos grupos que quieren imponer sus drogas, pero la causa principal de las muertes es el camino de la droga y el regreso del dinero de la misma. Por eso la violencia está más extendida en los estados del norte o en los centros de introducción, como los puertos Lázaro Cárdenas, Manzanillo, poblaciones de Michoacán, Tampico, Veracruz, entre otros lugares. Con una ley no se puede resolver este problema”.
Espinoza de los Monteros reiteró que los sistemas de administración de justicia estatales, son más corruptos que los federales. De ahí que resolver el problema del narcomenudeo por medio de tribunales y policías estatales, como lo determinan las reformas que entraron en vigor, “en lugar de resolverlo, lo vamos a agrandar, porque estamos dando más facultades al Estado para que los policías –tan descalificados– puedan perseguir, a sus anchas este tipo de delitos”.
Estas reformas no avalan que en México se hayan legalizado las drogas o su venta. El suministro gratuito o la venta de drogas en cualquier entidad, continúa penalizada en México, como lo indican artículos como el 478, 479 y 482 de la Ley General de Salud.
Desde la opinión del especialista, el control debería seguir en manos de la Federación, la que “a veces es menos corrupta en cuanto a la administración de justicia que los sistemas estatales”, además de mejorar el sistema de salud e implementar un sistema de educación más adecuado. En otras palabras, no tratar de resolver el problema desde los efectos del narcomenudeo, sino desde sus causas, que se engloban en la pobreza y la desi-gualdad social.
