Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado están ante la oportunidad histórica de dictar una sentencia que no sólo repare el daño a familiares de víctimas de crímenes, sino que siente un precedente de reparación integral del daño a familiares y garantías de no repetición que proteja a todas las mujeres en Jalisco.
Así lo señaló Alejandra Cartagena López, vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), acerca del caso de Imelda Josefina Virgen Rodríguez, académica de la Universidad de Guadalajara, asesinada en 2012, en el que funge de abogada coadyuvante.
En abril de este año, un juzgado penal dictó sentencia de 50 años a tres personas acusadas del parricidio y la violación de Imelda Virgen y 28 a una cómplice; sin embargo, los acusados impugnaron para reducir la pena y los familiares de la víctima hicieron lo propio para pedir una resolución de mayor alcance.
El pasado miércoles 27 de septiembre se desahogó la audiencia de vista en las instalaciones de la Décima Sala especializada en Derecho Penal del Supremo Tribunal de Justicia, en la que ambas partes externaron sus agravios: la defensa de los sentenciados, el agente del Ministerio Público y la abogada de los familiares de la víctima.
La décima sala está presidida por el magistrado Antonio Fierros Ramírez e integrada por Sabás Ugarte Parra y Federico Hernández Corona, quienes analizarán los argumentos y decidirán en las próximas semanas. El proceso se lleva bajo el anterior sistema penal tradicional.
“Sería la primera sentencia de reparación del daño integral. Que se repare el daño no sólo a la familia, porque la lucha de los familiares ha sido para que no sólo haya justicia para ella, sino para todas las mujeres. Se tendría que sentenciar al Estado a que realice política pública de prevención de violencia de las mujeres y que ninguna mujer vuelva a vivir una situación de violencia feminicida, ni de violación, y si eso sucede, puedan tener acceso a la justicia y no pase lo que le ha sucedido a la familia en estos cinco años, donde ha habido desgaste físico, psicológico y económico”, detalló Cartagena López.
Aseguró que en su escrito piden que se confirme la sentencia de 50 años contra los asesinos materiales: David Calzada Ceja y Sergio Fabián Sánchez Belmont, y a Fabián Gilberto Enrique Vázquez Cortés, viudo de la víctima acusado de la autoría intelectual. Solicitan también que se aumente de 28 a 42 años la pena a la presunta cómplice, Joselyn Juviana Calzada Ceja.
Sofía Virgen Rodríguez, hermana de la víctima, lamentó que este caso fuera procesado como parricidio, porque no se dieron los protocolos como marca la ley; sin embargo, sostiene que todos los elementos confirman que es un feminicidio.
“Pedimos que estudien a fondo nuestros argumentos, se confirmen las sentencias y se haga un estudio claro conforme a los estándares señalados en sentencias en las que el Estado mexicano ha sido condenado por tribunales internacionales para que realice la reparación integral del daño y garantías de no repetición”, afirmó Cartagena López.
Especificó que las familias tienen muchos obstáculos para acceder a la justicia: “El trato que tuvimos en el juzgado penal fue indolente, insensible. Tenemos quejas contra el juez, porque nos llegó a cerrar el período de instrucción sin que se desahogaran nuestras pruebas, luego se alargó un año y medio sin desahogar pruebas, no se sancionó a los abogados por no acudir a audiencias y hasta nos llevaron a personal armado en una ocasión para rodear a la familia, a pesar de que tienen derecho de acudir a las audiencias públicas. Ha sido de un sabor amargo”, añadió.
Calculó que en Jalisco hay más de 100 casos de muertes violentas de mujeres en los que la Fiscalía no ha dado con los responsables. Explicó que falta recurso económico y humano y capacitación, pues priva la insensibilidad. Dijo que de diez juicios que ella encabeza, en cinco los acusados están prófugos. Y criticó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está de ornato.
