Elena y José tenían tres meses separados, con la intención de divorciarse. Un día, él reapareció para pedirle que lo perdonara. Pero para ella ya no había marcha atrás. Ante la negativa, él le disparó 33 veces, por la espalda. Luego en la cabeza. Y cuando ya estaba en el piso sin vida, continúo descargando el arma.
En los años previos, Elena —nombre ficticio— sufrió de forma constante el maltrato de su pareja. Acudió a las autoridades del municipio donde vivía, en busca de ayuda. Desesperada fue también al DIF de Tonalá y al de El Salto a denunciar las agresiones. Nadie hizo nada.
Desde 1997 a la fecha, mil 194 mujeres han sido asesinadas en Jalisco, pero sólo dos agresores fueron sentenciados. Una cifra mínima, según señala María Guadalupe Ramos Ponce, investigadora de la Universidad de Guadalajara y representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Celos, abuso sexual, resistencia al abandono o a la separación, y en varios casos la intolerancia al empoderamiento de la mujer son algunos móviles de estos crímenes, según el Estudio del Feminicidio en Jalisco, un trabajo de investigación y análisis georreferencial realizado por Ramos Ponce que retrata este fenómeno.
“Hay una violencia sistemática contra las mujeres y por lo tanto las medidas que se deben tomar tienen que ser estructurales. Es decir, debe haber cambios en la educación, en estos patrones que se refuerzan. Pero no veo políticas públicas para prevenir el feminicidio en Jalisco”, explica en entrevista.
El 43.8 por ciento de las mujeres asesinadas son menores de 40 años; el 10 por ciento son amas de casa y el 26 por ciento no terminó la primaria. Los tipos de feminicidio con mayor incidencia en los últimos once años, son el familiar íntimo con 135 casos, y el sexual sistémico desorganizado, con 134, que juntos suman el 28 por ciento del total de los casos.
En su libro, Ramos Ponce presenta casos paradigmáticos de feminicidio, que reflejan la situación de impunidad que vivieron muchas mujeres por la nula actuación de las autoridades, de los operadores de justicia y de quienes en su momento —dice— debieron atender los llamados de atención y prevención antes de que se cometieran los asesinatos.
En algunos casos también hubo silencio cómplice de familiares, vecinos o amigos, que eran testigos de los golpes y maltratos que la pareja —esposo o novio— propinaba con frecuencia a la víctima.
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Irma denunció en varias ocasiones los maltratos y golpes de su pareja, Manuel. La ofendía porque tenía mejor trabajo que él. Los celos eran insoportables. La espiaba y le molestaba que conviviera con sus compañeros. Empezó a quemar los juguetes de los niños y luego pasó a los golpes. Por esas agresiones, ella tuvo que acudir a la Cruz Verde, y también a quejarse ante la policía de Tonalá y a pedir ayuda al DIF Municipal.
Ante la falta de actuación de las autoridades, decidió irse a Colima con sus hijos para escapar de ese infierno. Cuando estaba haciendo la mudanza con la ayuda de su mamá, llegó el marido. Al darse cuenta que lo dejaba, sacó una pistola y la asesinó. También disparó a sus dos hijos, a la suegra y a su hija mayor que estaba embarazada. Luego se suicidó.
La violencia más grande se vive en el ámbito de pareja. Jalisco ocupa el primer lugar a escala nacional en violencia que viven las mujeres, que alcanza un porcentaje de 78.5 por ciento entre las que tienen 15 años o más, por encima del promedio nacional, que es del 67 por ciento. La más frecuente es la ejercida por el esposo o compañero, declarada por el 52.8 por ciento de ellas. Del grupo de mujeres entre 15 y 29 años de edad, el 20.6 por ciento son agredidas por familiares y ese porcentaje aumenta en el grupo de 30 a 44 años.
Ramos Ponce explica que el feminicidio familiar íntimo ocurre cuando el esposo, novio o pareja priva de la vida a la mujer. No se trata de un crimen pasional, sino de un crimen de poder. “Si no eres mía, no serás de nadie”, es la sentencia.
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La encontraron en un baldío por la avenida López Mateos. El homicida la violó. Sufrió de contusión en el abdomen y cráneo, con mordidas en los senos y en los pezones. Tenía 45 años, su agresor 22.
Casos como el anterior se denominan feminicidio sexual sistémico. Implica tortura, violación y mutilación. Todos los feminicidios son preocupantes, pero particularmente éste —especifica Ramos Ponce— constituye la forma más grave del ejercicio del poder machista sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres.
“En los casos del feminicidio sexual sistémico, la forma en que dejan los cuerpos abandonados de las mujeres asesinadas, así como las huellas de violación y tortura en su cuerpo, son el reflejo fiel de lo que significan en una sociedad patriarcal las mujeres: objetos de uso y desecho”, puntualiza.
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Doña Ramona tenía 70 años. Fue encontrada amordazada con un trapo, atada de pies y manos en una bolsa de plástico y con una cuerda alrededor del cuello, su cuerpo lleno de golpes. El homicida, de 25 años, entró a su casa para robar sus pertenencias. La mató para que no se lo impidiera, y lo hizo con saña.
De acuerdo a la investigación de Ramos Ponce, el feminicidio por robo en Jalisco tiene una correlación directa con la longevidad. Las adultas mayores están en situación de vulnerabilidad, pues el promedio de edad de las víctimas es de 58.9. Incluso una tenía 92 años.
“Esta vulnerabilidad tiene que ver con la situación de las mujeres en edad adulta a partir de 50 años. La esperanza de vida de las mujeres es, en promedio, cinco años mayor que los hombres, por lo que se encuentran solas, sin protección social ni estatal hacia su persona y condiciones de vida. Esto las coloca en situación de riesgo, al ser susceptibles de ser atacadas para despojarlas de su patrimonio y sus bienes. En los casos encontrados en esta investigación, los asesinos dispusieron no sólo de su patrimonio, sino también de sus cuerpos y sus vidas. En muchos casos fueron encontradas con evidentes muestras de violencia física extrema, amordazadas y golpeadas”, detalla en su libro.
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En los últimos cinco años el crecimiento de los feminicidios ha sido exponencial. De 2004 a 2008, el tope fue de 58 casos. Pero en 2010 saltó a 81 y en 2012 a 152. En 2013 y 2014, hubo 133 y 130, respectivamente. En 2015 ya van 30. Están consignadas 54 personas por este delito.
Para Guadalupe Ramos Ponce, las cifras hablan por sí solas. Considera que es urgente emitir una alerta de violencia de género en Jalisco, y a quien le correspondería activarla es al gobierno, tal y como se establece en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Jalisco.
“La tipificación del feminicidio en Jalisco es un gran avance para el estado. Pero no hay medida que sirva si no hay política pública. Hablan de aumentar penalidades, de transformar en términos de norma y código, pero mientras no existan políticas públicas integrales, sobre todo en educación, y se eliminen estereotipos, de poco sirven los intentos”, concluye.
