Inclusión digital para el ejercicio de la ciudadanía

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México ha entrado tardíamente a la oportunidad de innovación y crecimiento de la economía que propician las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), y el acceso universal de banda ancha. De acuerdo con el Índice de avance hacia la sociedad del conocimiento, nuestro país apenas alcanza el 5.07 por ciento de ese indicador, en tanto que Chile registra el 7.21 y Uruguay el 6.39 por ciento. La república mexicana está por debajo del 5.15 promedio de la región latinoamericana.

A escala global, el escenario es más desalentador, pues de 34 países miembros que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se coloca en el penúltimo lugar en el ranking de indicadores de penetración de la banda ancha, sólo por encima de Turquía.

Países como Holanda, Suiza, Dinamarca y Corea, encabezan la lista con una penetración de 36 a 38.5 por ciento, frente a los 10.1 puntos porcentuales en que se coloca México, por debajo del promedio de 25.1.

Pese a ello, la Asociación Mexicana de Internet (Ampici) estima que de 2006 a 2012 los usuarios de internet en México pasaron de 20.2 a 45.1 millones, conforme cifras calculadas por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), y otras bases de datos de la propia asociación.

Los análisis en torno a la implementación de la banda ancha como principal conexión a internet en el mundo, han arrojado resultados positivos con relación al crecimiento económico y al aumento en la productividad de las naciones.

“Por cada 10 por ciento de crecimiento en el uso de internet de banda ancha, de acuerdo con la OCDE, es posible crecer en uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Esa es la relevancia que tiene un derecho de esta naturaleza, además de que logramos dar a la población un acceso al conocimiento universal que hasta ahora, lamentablemente, ha tenido muy restringido”, reconoció Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno de la república.

Seis de cada 10 mexicanos no tienen acceso a internet. A partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y otras bases de datos públicos, la Coordinación de la Sociedad de la Información y Conocimiento (CSIC), de la SCT, estima que en las mil localidades urbanas más pobladas del país, donde existe un mayor número de proveedores del servicio, sólo 29 por ciento de las viviendas cuenta con una conexión a internet, mientras que en las más de 190 mil localidades rurales, apenas el dos por ciento de las casas-habitación tiene acceso a esta herramienta. En esas zonas, además, son pocas las empresas que ofrecen el servicio, lo que merma el derecho de la ciudadanía al acceso a las TIC’s, incluido el de la banda ancha e internet, que establece la Constitución en beneficio de los mexicanos.

Para cerrar la brecha digital, democratizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, y garantizar el acceso a internet de banda ancha en todos los edificios públicos del país, mediante la reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia económica, el Estado mexicano se obliga a desarrollar la construcción de una red troncal de telecomunicaciones; a favorecer la instalación de una red compartida de servicios móviles al mayoreo y conectar los sitios donde se presten servicios públicos en el país.

En esta última tarea participará la Universidad de Guadalajara, que asistirá a la CSIC, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la coordinación nacional del Proyecto México Conectado, del gobierno federal.

“La máxima Casa de Estudio de Jalisco diseñará y desarrollará el sistema de registro y validación de sitios e infraestructura; integrará y entregará los estudios de factibilidad de las redes de telecomunicaciones que se utilizarán en las entidades federativas para la provisión de servicios de banda ancha e integrará a las instituciones académicas que en cada entidad federativa se sumarán a este proyecto”, dijo la maestra Mónica Aspe Bernal, coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, de la SCT, durante el acto de formalización de trabajos de colaboración entre la UdeG y la dependencia del gobierno federal, el pasado 11 de noviembre en la Ciudad de México.

La especialista precisó que por su liderazgo en estudios, uso y aprovechamiento de las TIC’s, la Universidad de Guadalajara coordinará los estudios de factibilidad y mercado, para favorecer la conectividad de banda ancha y operación de puntos geo-referenciados, luego de documentar, verificar y actualizar un censo de infraestructura tecnológica y sitios de conexión disponibles en el país, para identificar las necesidades de ancho de banda requeridas para cada localidad en el territorio nacional.

A su vez, la UdeG participará en la instalación de comités de uso y aprovechamiento de la red, lo que implica la conformación y operación de mesas de trabajo en cada estado, para determinar el tipo de aplicaciones para educación, telemedicina, meteorología, gobierno electrónico, actividad ciudadana; además de impulsar el desarrollo de aplicaciones del conocimiento que se traduzcan en el acceso a la información y permitan  mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

El maestro Itzcoátl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de la UdeG, añadió que mediante la infraestructura de telecomunicaciones se favorecerá el tránsito de información entre las instituciones, aumentarán las opciones educativas para la población, se ampliará la cobertura de los servicios de salud, la rendición de cuentas y, entre otros aspectos, se potenciará la agenda científica, tecnológica y de innovación, a través de proyectos de colaboración nacional e internacional.

“El inicio de los trabajos del Proyecto México Conectado es pertinente, necesario y estratégico, pues al incrementar los sitios donde la población puede conectarse a internet, se generan más oportunidades para incrementar la productividad del país y, además, se mejoran las condiciones de vida de millones de mexicanos que actualmente no tienen acceso a los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento. Para las instituciones públicas de educación superior y, particularmente para la Universidad de Guadalajara, es de gran valía la oportunidad de aportar su capital intelectual para transitar hacia la inclusión digital, lo cual asumimos como un deber, y con ello contribuimos en la construcción del México que requiere la sociedad de la información y el conocimiento”, aseveró Bravo Padilla ante el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

La maestra Carmen Enedina Rodríguez Armenta, profesora investigadora de la UdeG y líder de la instancia coordinadora nacional del Proyecto México Conectado, del gobierno de la república, dijo que para alcanzar el potencial que ofrece la digitalización es preciso que la infraestructura relacionada con las TIC’s sea asequible económicamente, accesible en la cobertura de redes y confiable respecto a la capacidad y velocidad de acceso.

La experta en tecnologías aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje y programas de inclusión social, reconoció que cada estado de la república presenta asimetrías en los avances en infraestructura instalada, lo que representa un desafío y una oportunidad para compartir conocimiento y buenas prácticas de trabajo con homólogos de las instituciones de educación superior en el país y otras dependencias, entidades y organismos participantes.

“El proyecto México Conectado se realizará en diversas etapas, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, los gobiernos de las entidades federativas, instituciones académicas y sociedad civil”, acotó la maestra Rodríguez Armenta.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, la meta a 2018 es garantizar que el 70 por ciento de los hogares mexicanos y el 85 por ciento de las pequeñas y medianas industrias tengan acceso a internet de banda ancha, además de la conexión de los sitios públicos del país, lo que permitirá reducir la enorme brecha digital en la que hoy se encuentra México y garantizar el derecho a la información y la comunicación para el mejor ejercicio de la ciudadanía, permitiendo a nuestro país una mejor posición e inclusión en la economía del conocimiento.

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