Reformas van y vienen, pero ninguna disposición en materia electoral ha podido dar fin a la guerra sucia en internet. Desde “trolls” que insultan en redes sociales, correos electrónicos con calumnias y señalamientos de la vida privada, hasta videos íntimos de colaboradores de candidatos, forman parte del catálogo de artimañas en la contienda por el voto.
Ante los avances tecnológicos y la mayor accesibilidad al internet, no sólo en computadoras sino en dispositivos móviles, el ciberespacio y particularmente las redes sociales son terreno fértil para estas prácticas. Las autoridades electorales no han podido frenarlas, no sólo porque faltan leyes adecuadas, sino por la complejidad técnica y financiera que significaría asumir semejante desafío, apunta el especialista en derecho e instituciones electorales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Alejandro Arciniega Jaime.
“Desgraciadamente es algo que no ha sido contemplado en la legislación electoral. Sí se han regulado las campañas y se ha ido avanzando de una reforma a otra, pero ha quedado fuera el tema de internet, porque el uso de redes sociales es masivo. Hemos visto como ha crecido, tanto para hacer guerra sucia como proselitismo, y no tiene regulación ni por la ley ni por las autoridades. Es un gran pendiente que definitivamente deberá abordarse pasando este proceso. Es delicado y en otros países sí han buscado marcos jurídicos para esa actividad y aquí hay una gran resistencia a esto, pero algún día será inevitable”, dice el académico.
La Reforma Electoral del 2014 dejó en claro que la guerra sucia es causa suficiente para anular una elección. Sin embargo para ello debe de identificarse claramente al autor de los ataques o que hayan sido incluidos en la publicidad o spots.
El Artículo 260 del Código Electoral del Estado estipula que “En la propaganda política electoral deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las instituciones, a los propios partidos o a las personas”. Pero no habla de redes sociales o de internet. Ese hueco jurídico es suficiente para que se cuelen los ataques.
El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Guillermo Alcaraz Cross, admite que ellos no están facultados para investigar este tipo de conductas y aunque los candidatos pueden interponer denuncias, es imposible castigar si no hay un autor identificado, y ante el anonimato que brindan las redes sociales se complica actuar al respecto.
“No se encuentra prevista la regulación de estos medios. Sin embargo las conductas que pudieran darse a través de ellos y pudieran implicar una calumnia o una difamación pueden ser sujetas de una queja que tendríamos que procesar y darle su curso natural. Y hay que recordar que las calumnias y difamaciones inician a petición de parte, no podemos iniciar de oficio. La queja deberá enderezarse contra una persona identificada, si se presenta una queja que no identifique al posible hacedor de la conducta infractora difícilmente podríamos iniciar un proceso”, indica el funcionario electoral.
Alejandro Arciniega considera que crear un centro nacional para monitorear internet sería costoso y necesitaría profesionistas especializados. Recordó que apenas está robusteciéndose el sistema que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) para monitorear todas las estaciones de radio y canales de televisión en el país, que fue el tema principal de la reforma de 2008.
“El reto que implicaba en ese tiempo crear un sistema nacional que monitoreara las 24 horas, implicó una gran inversión y muchos problemas para la institución. Y apenas el sistema en 2012 estaba ya funcionando. Y generar algo así en redes también conlleva no sólo la regulación, sino más costo o un instituto aún más obeso y burocrático. Eso es lo que hay que valorar, invertir aún más en algo que ya nos cuesta muchísimo, que son las elecciones”, detalla.
Al cobijo anónimo que dan las redes sociales, se suman las páginas de internet hechas exprofeso pero desde servidores fuera del estado o incluso fuera del país, lo que hace imposible actuar, por estar fuera de jurisdicción.
“Más que la regulación y los procedimientos técnicos de la autoridad el fondo es qué tanto los actores políticos están dispuestos a cumplir con lo que pactan al hacer reformas. Porque parece ser que se sientan a la mesa, fijan las reglas del juego y en cuanto se levantan, buscan la manera de darle vuelta a esas reglas”, considera Arciniega.
Explica que mientras llegue la reforma para este tipo de temas, la autoridad podría fiscalizar desde ahora actos como el envío de mensajes de celular de una compañía de noticias que inserta siempre información favorable a un partido político; así como las inserciones pagadas en portales o las publicaciones pagadas en Facebook y Twitter, y que deberían entrar como gastos de campaña.
“Y otra cuestión es que la gente tiene que informarse, tiene que tomar las cosas con reserva, porque esta difusión de calumnias en internet la única manera de revertirla es corroborar la fuente, buscar otros medios para estar mejor informados y no dejarse llevar solamente por lo que se publica en Twitter.
Nuestra obligación es informarnos, ser críticos, buscar diferentes fuentes y formarnos una opinión informada para participar activamente en los procesos electorales”, concluye.
