Establecer claramente la diferencia entre penalizar y legalizar las drogas es para el doctor Octavio Campollo Rivas, director del Centro de Estudios de Alcoholismo y Adicciones (CEAA) de la Universidad de Guadalajara, el punto más delicado para que la población entienda la propuesta presidencial sobre la portación de cierta cantidad de droga ilegal de consumo personal y quién puede ser considerado narcotraficante. De prevalecer la confusión de términos, podría fracasar la iniciativa, como sucedió en el sexenio pasado, indicó el también reconocido investigador universitario por su aportación científica al Instituto Nacional de Drogas de Estados Unidos (NIDA).
El gobierno federal, a través del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora Icaza, indicó que la iniciativa del primer mandatario nacional, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia despenaliza la posesión de drogas, ni aún por cantidades pequeñas, según Boletín 801-a en el tema de narcomenudeo. Lo que busca es diferenciar entre el traficante y el adicto a las drogas.
La iniciativa que reforma la Ley General de Salud y los Códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, que fue presentada por el presidente Felipe Calderón, fue turnada a comisiones del Senado para su dictamen.
Según cifras preliminares que reporta la Quinta encuesta nacional de adicciones 2008, capítulo de drogas ilegales, el número de personas adictas a alguna sustancia aumentó en 50 por ciento de 2002 a 2008, de 158 mil a 307 mil personas. La encuesta además menciona que en el país casi cinco millones de personas han consumido alguna droga.
Entre otros datos menciona que la marihuana y la cocaína son los estupefacientes con mayor incidencia de consumo y, además, que los jóvenes entre 12 y 25 años, son la población más expuesta a este tipo de adicciones.
El gobierno federal busca implementar una medida más preventiva que coercitiva, y es que una reforma que castigue a los adictos no resuelve el problema del narcotráfico, únicamente aminora la criminalidad, como lo expresa el médico psiquiatra de la Universidad de Guadalajara, quien pertenece al Consejo de la Judicatura Federal III Circuito, Vicente Molina Ojeda.
Cárcel o rehabilitación
Según la propuesta presidencial se establecen 15 años de prisión a quienes proporcionen drogas a menores de edad o ejerzan el tráfico. De tres a seis años de prisión al que posea algún narcótico señalado en la tabla que rebase lo permitido “en una cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil”, para “suministrarlos, aún gratuitamente”. Y de cuatro a ocho años de cárcel tendrá quien “sin autorización comercie o suministre, aun de manera gratuita, narcóticos”.
Para Francisco Jiménez Reynoso, coordinador de la carrera de derecho semiescolarizado, de la UdeG, la iniciativa del presidente es una propuesta parcialmente buena, porque está enfocada en el punto de vista de la salud, pero está incompleta porque se necesita verdaderamente a especialistas que propongan y la complementen desde el punto de vista de abogados y psicólogos, entre otros”.
El especialista aseveró que el problema del consumo de drogas se agudiza por la falta de empleo y de estudio, sobre todo para las nuevas generaciones, quienes ven en la droga un cambio de vida o de rutina. Además, con su consumo se inician desde casa una serie de delitos y violencia intrafamiliar en la mayoría de los casos. “Es una cadena ya que el adicto en su desesperación puede hacer de todo con tal de conseguir el dinero para comprar la droga y es así como comienzan con los robos, a la par de la violencia intrafamiliar”.
Para Molina Ojeda, investigador del Departamento de psicología aplicada, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud el problema fundamental de las personas adictas es que no tienen la conciencia de que están enfermos, por lo tanto, difícilmente se les puede obligar a asistir a una rehabilitación. Más se preocupan sus familiares porque él no asume su problemática; asiente que consume, pero argumenta que ni molesta ni le hace daño a otras personas.
Por su parte, Campollo Rivas indica que hay una clara diferencia entre el farmacodependiente y el narcomenudista, pues se trata de procesos y tratamientos diferentes. No sólo en el campo penal sino en materia de rehabilitación. “Un adicto no debería vivir todo el proceso legal ni privarlo de su libertad, sino más bien ser orientado a una rehabilitación. Es un enfermo y se le debe tratar como tal. Cuando el consumidor toma la misma dosis de droga produce un efecto más atenuado denominado la tolerancia, pero el farmacodependiente busca sentir el beso de Dios, ese vuelo que sintió y por ende comienza a querer más, de esta manera se convierte en adicto”.
Baja avión
“El presidente de la República ya se dio cuenta de que no solamente con armas y con la inclusión del ejército es como se puede combatir, sino también realizando cambios, iniciativas a las leyes. Su propuesta está incompleta porque el gobierno debe invertir en hacer un diagnóstico del problema, crear centros de rehabilitación y hacer una campaña de concientización”, expresó el investigador Francisco Jiménez Reynoso.
Posibles respuestas al problema por parte del Ejecutivo es que con parte de los 205 millones de dólares incautados en 2007 al empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, el gobierno federal decidió construir 300 centros de rehabilitación. A Jalisco le corresponderán 31 millones para edificar Centros de Atención Primaria de Adicciones (Capas), que se sumarán a las 278 Unidades de Especialidades Médicas (Uneme) distribuidas en el país de la siguiente manera: 114 en el norte, 79 en el centro y 85 instauradas al sur de México.
El modelo de atención de estas clínicas está basado en la prevención y promoción, tratamiento, identificación temprana, conserjería e intervención oportuna, rehabilitación desde el tratamiento ambulatorio residencial y el tratamiento continuo de reinserción y reducción del daño.
Pero tales centros no son novedad, así lo indica el doctor Octavio Campollo, quien hace referencia al éxito por más de 40 años de los Centros de Integración Juvenil, A. C. incorporados al Sector Salud y cuyo objetivo es atender el consumo de drogas entre los jóvenes, que en aquel entonces era apenas un incipiente problema de salud pública. Su organización y la experiencia de sus profesionales son un ejemplo a tomar en cuenta en esta iniciativa presidencial.
Jiménez Reynoso comenta que debe haber más inspectores para mejorar los trabajos de la Secretaría de la Salud y la institución sanitaria se ha visto rebasada por los centros de rehabilitación patito.
Por su parte, al doctor Campollo Rivas le queda una duda: de dónde sacará el gobierno a los inspectores capacitados que orienten al farmacodepediente a una rehabilitación o que puedan diferenciar al adicto del narcomenudista, cuando hay ausencia de inspectores para controlar a los consumidores de alcohol y tabaco.
Profesionales idóneos, infraestructura adecuada y recursos financieros constantes, serán cruciales para llevar a buen termino la reforma. Y es que el tema económico preocupa al psiquiatra Vicente Molina, quien cree que con la actual crisis financiera será difícil llevar a cabo las metas que se ha propuesto el gobierno federal para  impulsar los centros de rehabilitación. Por lo que asegura que esta reforma será “como aspirinas para el cáncer: quitará el dolor pero allí seguirá la enfermedad”.
Cuántos gramos
En 2005, Vicente Fox envío al Congreso una reforma que despenalizaba el consumo personal de drogas. El Senado aprobó la propuesta de Fox, pero nunca entró en vigor debido a que el mandatario la frenó luego de que del gobierno estadounidense advirtiese que esa iniciativa podría fomentar el viaje de estadounidenses a México para consumir narcóticos. En ese momento, el vocero de la presidencia, Rubén Aguilar, declaró que el rechazo se debió a las observaciones de autoridades estadounidenses, de algunos actores de la vida social y política de Estados Unidos, las posiciones de grupos de la sociedad mexicana, de médicos, de padres de familia, y de la sociedad civil.
Tanto el psiquiatra Vicente Molina como el doctor Octavio Campollo coinciden que debe tratarse de una estrategia integral, con mejoras de las condiciones sociales y a la calidad de vida del individuo. Sostiene el especialista en psiquiatría Molina Ojeda que el enfoque debe ir hacia la salud, a lo legal, preventivo y la rehabilitación, a través de estrategias efectivas. Es en definitiva una decisión chata, pues no es el consumidor habitual el problema sino quien le surte la droga y quien hace el negocio con ello. Si se meten a la cárcel, se les hace presa fácil de los grupos que manejan esos lugares.
Campollo Rivas ironiza cuando señala que en “este México de planes y promesas, aún no veo el primer centro, ni los perfiles de los profesionales ni quién les va a pagar. Y es que los legisladores aún no han dicho cuál será el mecanismo para aplicar esta reforma”.
La reforma se debate entonces entre la resolución para un problema de salud pública o la respuesta al problema de seguridad nacional. Dependerá de cuántos gramos de conciencia dispongamos para nuestro consumo personal.
