Gobierno relega la educación

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La educación debe dejar de ser un estribillo político y convertirse en una política de Estado para favorecer el desarrollo social. Debe ser una herramienta que le apueste a la construcción de las sociedades de conocimiento como una verdadera génesis de la multiplicación de divisas y de empleos, afirmó el licenciado José Trinidad Padilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara y diputado federal, quien presentó su segundo informe de actividades como presidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, el pasado 23 de septiembre.
Padilla López dijo que la propuesta presupuestaria del Ejecutivo federal para el 2012 no contempla un aumento significativo para la educación. Al rubro de ciencia y tecnología es del 0.2 por ciento, mientras que para las actividades de la Secretaría de Gobernación el aumento es del 20 por ciento y para la Procuraduría General de la República (PGR) del 40 por ciento.
Explicó que el sector del conocimiento es un apartado el que se puede invertir “para que de una vez lo entiendan los tecnócratas que no quieren entender y que han alentado una administración centralista, desigual y focalizada a una mayor capacidad de fuego contra los criminales, en vez de privilegiar la inteligencia y el ataque quirúrgico contra ellos”.
Es imprescindible que los gobiernos actuales y futuros se esfuercen en retomar a la educación como un eje fundamental para restablecer la seguridad, la competitividad y  la recuperación económica  y vislumbrar mandatos mas incluyentes  transparentes y eficientes”, agregó el ex rector.
Entre otros indicadores, el diputado federal recordó que el año pasado el Ejecutivo federal propuso una disminución del poco más del 2 por ciento, con respecto al presupuesto 2010, en el rubro educativo. Con las gestiones encabezadas por Padilla López se logró incrementar en 8 mil 576 millones de pesos estos recursos para canalizarlos proporcionadamente a los apartados de educación básica, educación media superior y superior de nuestro país.
El diputado jalisciense impulsó fuertemente una iniciativa para modificar la Ley general de educación encaminada a prohibir y sancionar los condicionamientos a la prestación de servicios educativos, es decir, desahuciar así el pago de cuotas y de donativos, práctica muy recurrente en las escuelas públicas de educación básica.

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