Gestión ambiental en el primer año de gobierno

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080207 CIUDAD Y REGION COSTA SUR DE JALISCO EN LA MANZANILLA, MUNICIPIO DE LA HUERTA DISTINTOS PROBLEMAS: ESPECULACION DE TERRENOS EN PLAYA, ESTEROS, CONSTRUCCION DE FINCAS, HISTORIAS DE LA REGIION AQUI AVES EN EL MANGLES FOTO MARCO AURELIO VARGAS

A un año de gobierno en Jalisco, lo más sobresaliente en la agenda ambiental es el acelerado deterioro de los ecosistemas del estado y el surgimiento de nuevas amenazas. Sobresale la ofensiva de la senadora jalisciense Eva Contreras contra los manglares del estado, a favor de los negocios hoteleros (como los de su marido), la deforestación urbana, la destrucción de las zonas de recarga de acuíferos y manglares y las crisis de calidad del aire en la ZMG, pero sobre todo, la gran tragedia de la muerte del río Santiago, con sus consecuencias funestas para la salud de los habitantes de El Salto.
¿Por qué ha empeorado la situación?, ¿por qué las declaraciones sobre desarrollo sustentable no se convierten en acciones efectivas? Sucede que, desde la llegada al poder del panismo empresarial, que según el expresidente Fox, “administra la economía nacional como se administra a una empresa”, la sobreexplotación de la naturaleza y la contaminación descontrolada se han convertido en un producto inevitable del “progreso”.
Esta visión perversa de la economía ha llevado a que tanto a escala federal como local, las instituciones encargadas de la protección del medio ambiente funcionen como oficinas de fomento de las inversiones y no como agencias de protección de la vida.
No es sorpresa, entonces, que en Jalisco la cartera del medio ambiente haya sido tradicionalmente un premio político para los grupos en el poder. La Secretaría del Medio Ambiente es un elefante blanco sin atribuciones eficaces de protección ambiental, cuya función básica consiste en apoyar proyectos de “desarrollo”. El papel de las instituciones ambientales como aval de los negocios y no como instancias protectoras de la naturaleza, se confirma con el hecho de que ante los desastres ambientales los funcionarios han demostrado recurrentemente su ineptitud e irresponsabilidad, como sucedió con la aprobación de la inundación de la barranca de Oblatos para construir la presa de Arcediano, con la destrucción de los bosques de Mascota por la construcción de una malograda carretera, la contaminación de la presa de las Pintas (y la muerte masiva de peces en 2001) y la destrucción permanente del parque de los Colomos, en la ZMG, por sólo mencionar algunas joyas de la política estatal de protección a la naturaleza.
En el nuevo gobierno las cosas no han sido diferentes. No por nada el propio gobernador ha reconocido en su primer informe que la política ambiental no funciona. La abogada Martha del Toro continúa siendo más conocida por sus escándalos cuando estuvo al frente del Registro Público de la Propiedad en Jalisco, que por sus “éxitos” ambientales. Sobre su desempeño como defensora del medio ambiente cuando fungió como delegada de la Profepa, existen serios cuestionamientos: ¿por qué no detuvo o al menos denunció el deterioro? Ya como secretaria de la Semades, la política de medio ambiente se ha dedicado a distraer la atención en la promoción mediática de programas y seminarios de bajo impacto, mientras se mantiene pasiva en la solución de los verdaderos problemas relacionados con la protección del medio y la salud de los ciudadanos, como la destrucción de los manglares y la proliferación de los desarrollos urbanos irregulares, entre otros asuntos.
En lo que concierne a la administración del agua, es claro que la administración de César Coll ha fortalecido la posición del grupo que controla el sector hidráulico desde hace décadas. Coll, quien fuera subdirector general de administración en la Comisión Nacional del Agua, en el gobierno de Vicente Fox (a su vez exempleado de Coca Cola-agua Ciel), representa un apuntalamiento de la estrategia hidráulica nacional, que ha obtenido malos resultados: el ecoespasmo de la mayoría de las cuencas del país, la crisis de abasto y calidad de agua y el posicionamiento de las compañías transnacionales de agua embotellada, con un valor de mercado del orden de los 32 mil millones de pesos.
César Coll sigue la línea impuesta por su predecesor, Enrique Dau (presidente municipal tapatío durante las explosiones del drenaje, el 22 de abril de 1992). Ignorando las advertencias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el sentido del riesgo que constituye construir la presa en la localidad de Arcediano (la zona más contaminada de la cuenca más contaminada del país), el funcionario pasa por alto aspectos fundamentales de la gestión ambiental, condicionantes planteadas por instituciones como la mismísima ONU.
Tal es el caso del principio precautorio, el cual consiste en priorizar obras hidráulicas de menor riesgo, sobre las de mayor. Cualquier gobierno sensible y preocupado por la salud de sus ciudadanos agotaría todas las instancias de seguridad antes de tomar una decisión tan peligrosa. En Jalisco, en cambio, las voces disidentes de especialistas e instituciones serias, nacionales e internacionales, han sido sistemáticamente ignoradas.
Como resultado, construyen la presa de Arcediano antes de tener el proyecto ejecutivo, sin contar con el estudio independiente y serio del impacto a la salud humana al beber agua tratada proveniente por décadas de las cañerías de Guadalajara, de los desechos industriales del Valle del Cilicio tapatío y de otras fuentes difusas de contaminación.
La presa avanza por encima de amparos federales, con atropellos y manejos turbios, a pesar de las denuncias de grupos ambientalistas de Juanacatlán-El Salto. El proyecto de abasto de agua a la ZMG continúa con todo y las enfermedades y muertes que se sospecha han causado la exposición de las aguas envenenadas del río Santiago.
La complicidad de las autoridades de diversos niveles se confirma con las declaraciones del director regional de la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, de la CNA, ingeniero Raúl Iglesias, en las que básicamente exonera a las empresas de la contaminación industrial en el río Santiago (La Jornada Jalisco, 2 de febrero 2008), días antes de que un niño de la comunidad de El Salto se envenenara por beber agua contaminada con metales pesados del río. Al fin y al cabo, parafraseando al secretario de gobierno de la administración pasada, el asunto aquí tratado es un “detallito secundario”, comparado con los más de $7,000 millones de pesos que costará el proyecto a los ciudadanos (Mural, 16 de septiembre de 2004).

Miembro de la Red de comunicación y divulgación de la ciencia
Unidad de Vinculación y Difusión

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